Estados, obligados a prevenir tráfico de armas: CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó las obligaciones de los Estados para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego y sus impactos en los derechos humanos, al notificar la Opinión Consultiva 30/2025, emitida el 3 de diciembre de 2025, en respuesta a una consulta presentada por México en noviembre de 2022.

El tribunal regional señaló que el tráfico ilegal de armas alimenta la violencia y la criminalidad, lo que repercute directamente en el goce de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

Mediante su opinión consultiva, el tribunal estableció que los Estados tienen un deber de debida diligencia para prevenir actividades que puedan derivar en el tráfico ilícito de armas.

Este deber se traduce en cuatro obligaciones principales: Regular y adoptar disposiciones en el derecho interno; fiscalizar y supervisar las actividades empresariales relacionadas con armas; garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas al tráfico de armas, y fortalecer la cooperación internacional.

Se detalló que los Estados deben implementar sistemas de marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, además de conservar información sobre su fabricación, localización, transferencias, decomisos y confiscaciones.

También, se deberán realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar importaciones o exportaciones de armas, a fin de prever si estas operaciones pueden socavar la paz, facilitar la violencia o contribuir a violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.

Protección de poblaciones

El tribunal subrayó que estas evaluaciones deben considerar especialmente el impacto que el tráfico de armas puede tener sobre poblaciones vulnerables, como mujeres, niñas, niños y adolescentes. En caso de identificar riesgos significativos, los Estados deberán negar las exportaciones.

Además, los gobiernos deberán fortalecer las medidas de seguridad en arsenales estatales y en el manejo de armas decomisadas, con el objetivo de evitar su desvío hacia redes ilícitas.

Supervisión de empresas

La Corte indicó que los Estados tienen la obligación de garantizar que las compañías vinculadas al sector armamentista cumplan con la regulación aplicable y con estándares de debida diligencia en derechos humanos, conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Se enfatizó que los países deben cooperar de buena fe entre sí para prevenir el tráfico ilícito de armas y reducir su impacto en el aumento de los niveles de violencia.