Condena ONU posible fuerza militar de EU

Las amenazas del gobierno de Estados Unidos de utilizar la fuerza contra grupos del crimen organizado en México podrían contravenir el derecho internacional si se realizan sin el consentimiento del Estado mexicano, advirtió Ben Saul, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

En una nota de análisis cuestionó la creciente militarización de la lucha contra el narcotráfico en América y sostuvo que la clasificación de organizaciones criminales como “terroristas” no otorga por sí misma una autorización jurídica para emplear fuerza militar contra ellas fuera del territorio estadounidense.

Para el caso mexicano, Saul refirió además reportes no confirmados sobre posibles operaciones encubiertas de actores extranjeros contra dirigentes de grupos delictivos y sobrevuelos de vigilancia con drones en territorio nacional. El relator aclara que, de comprobarse, este tipo de actividades podrían vulnerar la soberanía mexicana si se realizan sin consentimiento.

Saul ubicó a la República mexicana entre los países de la región que no han permitido operaciones cinéticas de fuerzas extranjeras, en contraste con otros gobiernos latinoamericanos que durante 2026 han aceptado algún tipo de apoyo militar estadounidense para combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Además, el relator sostuvo que la cooperación internacional en materia de seguridad no es, por sí misma, incompatible con el derecho internacional. Sin embargo, advirtió que los Estados no pueden prestar asistencia cuando saben que ésta contribuirá a la comisión de una violación internacional.

El planteamiento también alcanzó el intercambio de inteligencia, el acceso a bases militares, el suministro de armamento o municiones y otro tipo de apoyo operativo. Saul indicó que los Estados deben evitar contribuir deliberadamente a acciones que puedan vulnerar derechos humanos.

Uno de los principales argumentos del relator es que designar a un grupo criminal como organización terrorista no transforma automáticamente sus actividades en un conflicto armado.

Saul cuestionó que el narcotráfico pueda ser considerado un “ataque armado” que permita invocar la legítima defensa conforme al derecho internacional. En su análisis, las muertes relacionadas con el consumo de drogas no pueden equipararse jurídicamente a un ataque militar, debido a la cadena de acontecimientos que existe entre el tráfico, la distribución, la venta y el eventual consumo de las sustancias.