Lectura 3:00 min
Alertan infiltración de crimen en espacios normalistas
El llamado “falso normalista” operaría mediante la infiltración de espacios estudiantiles y la utilización de las movilizaciones como un mecanismo de protección frente a las autoridades.
Durante la presentación del informe, se estimó que las pérdidas acumuladas superan los 70 millones de pesos por los actos.
Una investigación identificó 1,061 actos delictivos cometidos presuntamente por personas identificadas como normalistas durante los últimos cinco años, entre ellos saqueos, robos, bloqueos carreteros y privaciones ilegales de la libertad, hechos que, de acuerdo con Óscar Balderas, plantean la necesidad de revisar la posible infiltración del crimen organizado en algunos movimientos estudiantiles.
Mediante la investigación “Estado en retirada”, realizada durante aproximadamente ocho meses mediante técnicas de investigación periodística y académica, identificó siete grandes casos y documentó, según sus autores, 1,061 eventos ocurridos entre enero de 2021 y abril de 2026 en los que personas identificadas como normalistas habrían participado en actos delictivos, entre ellos robos, saqueos, bloqueos carreteros, toma de casetas y casos de privación ilegal de la libertad de conductores.
Balderas señaló que estos hechos equivaldrían a un evento aproximadamente cada 44 horas durante el periodo analizado. Casi 60% de los casos, agregó, se concentraron en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla.
El periodista explicó que el llamado “falso normalista” operaría mediante la infiltración de espacios estudiantiles y la utilización de las movilizaciones como un mecanismo de protección frente a las autoridades. Según el estudio, los productos obtenidos mediante saqueos podrían ser revendidos en mercados informales o distribuidos entre sectores de las comunidades para construir una base social.
“Hay que extraer al crimen organizado de estas demandas, quitarle la agenda al crimen organizado y devolvérsela a los estudiantes”, planteó Balderas, quien insistió en que las protestas y las demandas legítimas del normalismo deben diferenciarse de los actos delictivos.
Costo a consumidores
El estudio también calculó el impacto económico de estas acciones. Según los datos presentados, cada evento generó pérdidas promedio de 66,600 pesos, relacionadas con daños a vehículos, interrupciones de actividades comerciales, afectaciones a trabajadores y otros costos.
Con los 1,061 eventos contabilizados, el cálculo representó más de 70 millones de pesos en pérdidas directas acumuladas. Balderas sostuvo, además, que las afectaciones no terminan en las empresas o transportistas, pues gastos como seguros, sistemas GPS, reparaciones y paros en las cadenas de suministro pueden trasladarse posteriormente a los consumidores.
Además, se habló de una impunidad cercana a 99% en los casos estudiados y de una cifra de hasta 99.9% cuando se consideran las distintas etapas del proceso penal.
Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común, planteó que el fenómeno debe analizarse también desde la función social que históricamente han cumplido las normales rurales. Señaló que para jóvenes de comunidades rurales estas instituciones representan una vía de movilidad social y acceso a la educación.
“Aplicar la ley no depende de las capacidades institucionales, sino de la voluntad política”, citó Canjura como una de las premisas del estudio, al señalar que la presencia física de policías o fuerzas de seguridad no necesariamente se traduce en intervención cuando existen actos ilícitos.
Según se explicó, si continúa la falta de intervención, planteó que en un periodo de cinco a diez años determinados actores podrían adquirir mayor peso en la gobernabilidad local, mientras que en un horizonte de diez a 15 años podría producirse una normalización de la presencia criminal en espacios educativos.