Alertan que desplazamiento forzado interno se agudiza en al menos seis estados de México

El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y organizaciones acompañantes advirtieron sobre el agravamiento del desplazamiento forzado interno en diversas regiones del país, en un contexto marcado por el incremento de la violencia armada y la presencia de grupos criminales con alta capacidad de fuego.

Mediante un pronunciamiento público, el Colectivo señaló que la situación se ha agudizado en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, donde comunidades enteras han tenido que abandonar sus territorios ante amenazas, enfrentamientos y riesgos directos a su integridad.

Más de 200 familias desplazadas en la sierra de Chihuahua

Las organizaciones detallaron que uno de los casos más recientes ocurrió el 24 y 25 de febrero en la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona serrana que colinda con Durango y Sinaloa. En menos de 24 horas, más de 200 familias —encabezadas en su mayoría por mujeres, niñas y niños— salieron de sus comunidades y se dirigieron a Hidalgo del Parral.

Según se explicó, el número de personas desplazadas continuó con aumento hasta el cierre de febrero. Además, se documentó que, desde noviembre de 2025, se registró un "éxodo silencioso" en la entidad, con la llegada diaria de una o dos familias a centros urbanos, muchas de ellas con lo puesto y sin acceso inmediato a apoyo institucional suficiente.

Debido a esto, se acusó que la atención de autoridades municipales y estatales ha sido muy limitada, y en algunos casos, se ha minimizado la gravedad de la emergencia de la situación.

Casos en Michoacán y Guerrero

También, se narró que en Apatzingán, Michoacán, pese a la existencia de un reglamento municipal especializado en atención a víctimas de desplazamiento —publicado en octubre de 2024—, éste no ha sido aplicado por el gobierno local, a pesar de que la demarcación concentra uno de los mayores números de eventos documentados.

Mientras que, en el municipio de Tecoanapa, en la región de Costa Chica de Guerrero, también se reportó el desplazamiento de una comunidad entera tras enfrentamientos entre grupos criminales, incluso con presencia de la Guardia Nacional y fuerzas militares. Según el Colectivo, no existe un registro oficial de las personas desplazadas, lo que ha impedido su acceso a atención humanitaria y planes de reasentamiento temporal.

Incertidumbre jurídica y falta de políticas integrales

Las organizaciones advirtieron que las familias desplazadas enfrentan incertidumbre jurídica y ausencia de mecanismos claros de protección. Aunque en años recientes se han creado instrumentos para evaluar riesgos y necesidades, subrayaron que México carece de una ley federal específica en materia de desplazamiento forzado interno y de políticas públicas integrales que garanticen protección, investigación efectiva de los hechos violentos y condiciones adecuadas para la atención humanitaria inmediata.

"El reconocimiento del problema y la construcción de estrategias de prevención y soluciones duraderas es urgente", se enfatizó, al advertir que la falta de acción estructural podría profundizar la crisis humanitaria en distintas regiones del país.