Los pendientes del Poder Legislativo antes del cierre del año

El tiempo alcanzó al Poder Legislativo. A cinco semanas de que acabe el 2017 y, en el preámbulo de un proceso electoral presidencial, los nombramientos faltantes al interior de la Administración Pública Federal, que van desde los sectores económicos, pasando por lo electoral, hasta el combate a la corrupción, se mantienen como un pendiente latente, en especial, en la Cámara Alta.

Los cargos a ocupar pasan por los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), especializados en corrupción y que permanecen pendientes de ratificación desde abril pasado en el Senado. 

A ellos se suman los titulares de dos de las Fiscalías de la Procuraduría General de la República (PGR), además de su propio titular, puesto que ocupa actualmente, de forma interina, Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Elías Beltran removió a Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), sumando un nombramiento más a la lista de pendientes del Congreso. 

Dicha destitución, junto a la renuncia del ahora exprocurador, Raúl Cervantes Andrade, atrajo diferentes confrontaciones entre legisladores de ambas cámaras, desencadenando en acciones como el aletargamiento en la instauración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.   

Sobre el caso de la Fepade, el Senado dio señales de avanzar en el desahogo del nombramiento al emitir la convocatoria para ocupar la titularidad de la Fiscalía, no obstante, la convocatoria se modificó quitando los candados que permanecían para que ningún postulante al cargo fuera exdirigente de algún partido o un candidato.

Por otra parte, el nombramiento con mayor rezago es el fiscal anticorrupción, el cual está pendiente desde el 2014, desde que se publicaron las reformas anticorrupción, hace ya casi cuatro años.

Sobre este tema, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y candidato a dicha Fiscalía, José Fernández de Cevallos explica que lo primero que se tendría que hacer, es reformar nuevamente la Constitución.

“Si nombraran al fiscal anticorrupción quedarían escasos año y días. En ese año, y te lo digo como abogado, no puede integrarse adecuadamente un expediente, teniendo además el rezago que existe, sería otra pifia más del sistema”, opina.   

Cevallos puntualiza que el espíritu de la reforma era que el fiscal anticorrupción estuviera en funciones más de cuatro años para echar a andar la nueva Fiscalía, sin embargo, con el actual plazo y “con asuntos tan complejos y los escándalos de corrupción que salen día a día a la luz pública es imposible echar andar una Fiscalía con esas condiciones”. 

Por otra lado, en el sector económico se encuentra el nombramiento del gobernador del Banco de México (Banxico). 

Agustín Guillermo Carstens Carstens deja Banxico para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza. La salida del banquero estaba prevista para junio, sin embargo, Carstens decidió postergar su salida hasta este mes. 

Sobre la suplencia del banquero central de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tendrá que enviar la propuesta de nombramiento al Senado, para que la Cámara lo ratifique o lo rechace. 

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) renovará también a su titular, en manos actualmente de Juan Manuel Portal, quien podría ser ratificado en el puesto por la Cámara Baja si se postula y cuenta con dicho respaldo.

La Cámara de Diputados ya emitió la convocatoria respectiva.

Los tiempos electorales llegaron

El analista político por la UNAM Salvador Mora, opina que los nombramientos en las Cámaras se encuentran atorados por la dinámica electoral del siguiente año, que ha capturado la atención de los legisladores. 

“Yo creo que les ganaron los tiempos… Desde que el poder Legislativo tiene corresponsabilidad con el poder Ejecutivo de compartir nombramientos, la necesidad de la negociación se convierte en un pilar”, indica. 

Mora añade que la falta de acuerdos para los nombramientos se debe a los múltiples intereses políticos que persisten en las Cámaras, así como la debilidad de las propias instituciones, por lo que, opina, la atención pública se debe centrar en aplicar y aprobar las reformas institucionales que la sociedad civil organizada ha pedido, como la de la PGR y el artículo 102 constitucional. 

A su vez, para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cesar Astudillo, los consensos en las Cámaras están lejos de completarse.

“Hay suficientes espacios por designar para que hagan una distribución y lleguen a un acuerdo, lo cual sería lamentable porque justamente ese esquema de las cuotas es lo que hoy ya está prendiendo las luces”, precisa.  

Nombramientos vía amparo 

Astudillo subraya que la falta de celeridad en los nombramientos se debe a que explícitamente, sobre el tema, no hay ninguna obligación del Congreso a legislar, no obstante, se podría intentar interponer amparos para obligar a que se den los procesos, aunque esta posibilidad, indica, es acotada.

“La omisión legislativa siempre procede cuando la Constitución por ejemplo dice, el legislador deberá de promulgar esta ley 30 días posteriores a que se aprueba esta reforma, en ese sentido se advierte que la Constitución está dando un mandato que se debe cumplir en un plazo determinado”, indica.   

Lo difícil, señala el investigador de la UNAM, es que en muchos de los nombramientos faltantes no se señala un plazo como tal para que se designe a los titulares, sin embargo, “sí hay una omisión”.

“La figura es la de la omisión en el ámbito de la administración y en ese sentido algunos nombramientos sí podrían digamos intentar la figura del juicio de amparo… (el cual) podría ser una vía a través de la cual la Corte podría conocer el tema, pero eso para ciertos cargos; los que son electorales irían por el lado del Tribunal (Electoral)”, enfatiza.

Sobre este último rubro, añade Astudillo, que afectaría directamente al cargo de la Fepade, algún partido político podría interponer un amparo ante el Tribunal Electoral para que éste gire algún tipo de ordenamiento sobre el tema, esto debido a que el órgano electoral colegiado no podría seguir el tema de oficio.

En este tenor, Fernández de Cevallos precisa que en los nombramientos no existe una obligación explicita del Congreso.

“De hecho esa es la justificación que dio el Senado cuando dijo que no hacían un nombramiento de un fiscal anticorrupción porque aunque ellos hubieran señalado un plazo para nombrarlo, en las dos convocatorias que lanzaron, a ellos no les obligaban esos términos, entonces yo creo que el amparo se puede intentar y debería ser conveniente como un medio de presión”, opina.    

hector.molina@eleconomista.mx