El verdadero reto de la banca de desarrollo mexicana

La banca de desarrollo mexicana enfrenta hoy un desafío distinto al de hace apenas unos años. Durante mucho tiempo, el debate se concentró en ampliar el crédito para impulsar la inversión, la infraestructura y las exportaciones. Hoy la pregunta es otra: ¿cómo mantener ese papel estratégico sin comprometer la solidez financiera de las propias instituciones?

Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y de la CNBV muestran que entre 2023 y 2025 la cartera de crédito de la banca de desarrollo aumentó de 1.36 a 1.61 billones de pesos, mientras sus activos crecieron de 2.76 a 3.10 billones. La expansión fue significativa y confirma que estas instituciones continúan siendo un instrumento importante de política económica. Sin embargo, detrás de esas cifras aparece una realidad más compleja.

Mientras algunas instituciones lograron combinar crecimiento con resultados financieros positivos, otras ampliaron su cartera al mismo tiempo que registraban pérdidas recurrentes. NAFIN y Bancomext incrementaron de forma importante su actividad crediticia, pero mantuvieron rendimientos negativos. Banobras, por el contrario, obtuvo utilidades, fortaleció su capitalización y conservó una cartera relativamente sana. 

Banjército, por tratarse de un banco de nicho con un mandato muy específico, volvió a destacar por sus sólidos indicadores financieros. En contraste, la Sociedad Hipotecaria Federal continúa enfrentando riesgos derivados del deterioro en la calidad de su cartera. Una primera conclusión es que prestar más no significa necesariamente un mejor desempeño institucional.

La banca de desarrollo no fue creada para maximizar utilidades como un banco comercial. Su función consiste en financiar proyectos que implican horizontes largos, mayores riesgos o beneficios sociales que difícilmente serían atendidos por el mercado. Por ello, evaluar el desempeño del sector únicamente por la rentabilidad o por el volumen de crédito colocado no es suficiente. 

El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre tres objetivos. El primero es preservar la fortaleza financiera de las instituciones. Un banco de desarrollo con pérdidas permanentes reduce su capacidad para seguir financiando proyectos y, eventualmente, puede requerir aportaciones adicionales del gobierno para mantener su operación.

El segundo es asegurar que los recursos públicos generen un impacto económico que no habría ocurrido sin la intervención de la banca de desarrollo. La justificación económica de estas instituciones descansa en la llamada adicionalidad: financiar proyectos, empresas o sectores que difícilmente obtendrían recursos en condiciones similares a través de la banca privada. Cuando esa condición se cumple, el costo financiero de asumir mayores riesgos puede estar plenamente justificado.

Sin embargo, existe un tercer elemento que es fundamental: el costo fiscal. En un contexto de finanzas públicas cada vez más presionadas, las pérdidas recurrentes dejan de ser un asunto exclusivamente contable. Si una institución requiere recapitalizaciones, esos recursos compiten con otras prioridades presupuestales como infraestructura, salud, educación o seguridad. La pregunta deja de ser cuánto cuesta sostener una banca de desarrollo y pasa a ser si los beneficios económicos y sociales que genera compensan ese costo para los contribuyentes. 

La siguiente etapa de la banca de desarrollo mexicana debe abandonar la lógica de medir únicamente cuánto presta y comenzar a evaluar qué transforma. Eso implica que NAFIN demuestre cuántas empresas acceden por primera vez al crédito formal y si mejora su productividad; que Bancomext incorpore nuevos exportadores y contribuya a diversificar las ventas externas; que Banobras impulse proyectos que eleven la competitividad y la conectividad regional; que la SHF amplíe el acceso efectivo a la vivienda, y que Banco del Bienestar aproveche su condición de banco de primer piso para evolucionar de un dispersor de programas sociales hacia una institución que impulse el ahorro, el crédito y la inclusión financiera en las regiones donde la banca comercial tiene menor presencia. La diversidad de objetivos exige métricas igualmente diferenciadas.

La política pública debe incorporar estas métricas al mismo nivel que los indicadores tradicionales de rentabilidad, capitalización y calidad de cartera. Evaluar a la banca de desarrollo exige combinar desempeño financiero, sostenibilidad financiera y adicionalidad. Solo así será posible saber si los recursos públicos no solo expanden el crédito, sino que elevan la productividad, fortalecen la competitividad y hacen posibles inversiones que el mercado, por sí solo, nunca habría financiado.