La trampa económica del capital ilícito

Puede ser la influencia de Hollywood o la narrativa desde el gobierno la que nos hace fijar la atención en esos personajes como la encarnación de todo el poder del crimen, como los únicos protagonistas de las peores historias del narcotráfico. Los capos son el centro de atención de los medios y de la opinión pública, como si fueran principio y fin de toda actividad criminal.

Pero más allá de las narcoseries, o de las coberturas especiales para los “juicios del siglo”; más allá del Chapo o del Mayo, hay estructuras criminales muy complejas con sofisticadas redes financieras y con evidentes vínculos institucionales que explican por qué, así sea de manera simbólica, pueden decomisarle a un criminal 15,000 millones de dólares.

El verdadero activo fijo de una organización criminal no reside únicamente en sus liderazgos ni en su capacidad de fuego, sino en la red de protección política y financiera que le permite procesar capitales y ser inmune ante la ley.

Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto del dinero ilícito no es un fenómeno marginal que solo se note en el arco de bienvenida que un capo manda construir a la entrada de su pueblo; es un lastre profundo para la productividad del país.

De acuerdo con estimaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de diferentes organismos internacionales, el volumen de lavado de dinero en México ronda entre 2.0 y 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica una inyección anual de recursos ilícitos de entre 30,000 y 65,000 millones de dólares.

Pero ese no es todo el impacto económico; el Índice de Paz México calcula que el costo socioeconómico total de la violencia y la delincuencia consume entre 18 y 20% del PIB, al contabilizar las pérdidas directas en inversión privada, más los gastos en seguridad personal y empresarial.

Por eso, cuando desde Estados Unidos Donald Trump, la DEA, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro –a través de la OFAC y la FinCEN–, el Departamento de Defensa –a través del Comando Norte–, la CIA o el Congreso señalan y documentan los vínculos del crimen organizado con el poder político, la respuesta gira hacia el “Masiosare”, hacia el intervencionismo, no a la negación de ese monstruo criminal que ha engullido una parte importante de las estructuras del poder institucional mexicano.

El verdadero riesgo para la relación con el vecino del norte tiene mucho que ver con la parte comercial y no solamente con el condicionamiento a los temas de seguridad para mantener los vínculos preferentes con Estados Unidos.

Es un hecho documentado que las redes criminales han logrado capturar la infraestructura física y operativa clave para el comercio exterior. Cuando los corredores logísticos –carreteras, por ejemplo–, los puertos marítimos, los cruces fronterizos y los centros de abastecimiento agroindustrial caen bajo el control del crimen, poco importa la letra de lo que se logra renegociar en el T-MEC.

Sí, el Chapo y el Mayo, en la cárcel; el Mencho, abatido… y “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” (Augusto Monterroso). Por eso, desarticular las redes de complicidad oficial e inhabilitar las tuberías financieras del crimen no es una concesión retórica a Washington; es el fondo mismo de la viabilidad futura de este país.

De acuerdo con estimaciones de la UIF y de diferentes organismos internacionales, el volumen de lavado de dinero en México ronda entre 2.0 y 5.0% del PIB, lo que implica una inyección anual de recursos ilícitos entre 30,000 y 65,000 mdd.