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Opinión

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Sostenibilidad o simulación: el costo real del greenwashing en México

Claudia Ivett Romero-Delgado | Columna invitada

En los últimos años, la sostenibilidad dejó de ser una aspiración reputacional para convertirse en un eje estratégico dentro del discurso corporativo. Empresas de todos los sectores han adoptado narrativas alineadas con criterios ESG (Environmental, Social and Governance), integrando términos como “neutralidad de carbono”, “economía circular” o “impacto social positivo” en sus comunicaciones institucionales. Sin embargo, detrás de este giro discursivo emerge una pregunta incómoda: ¿cuánto de esta sostenibilidad es real y cuánto es simplemente simulación?

El fenómeno conocido como greenwashing —la práctica de comunicar compromisos ambientales sin un respaldo operativo consistente— no es nuevo, pero sí ha adquirido una dimensión económica mucho más relevante. En un entorno donde inversionistas, consumidores y reguladores prestan más atención a los indicadores de sostenibilidad, la brecha entre lo que las empresas dicen y lo que efectivamente hacen se ha convertido en un riesgo tangible.

Durante años, el greenwashing fue percibido como un problema ético o reputacional. Hoy, en cambio, representa un riesgo financiero. Las empresas que sobredimensionan sus credenciales ambientales no solo enfrentan posibles sanciones regulatorias, sino también la pérdida de confianza de inversionistas institucionales, quienes cada vez más integran criterios ESG en sus decisiones. Fondos de inversión, bancos multilaterales y organismos internacionales han comenzado a exigir evidencia verificable, métricas claras y reportes auditables. En este contexto, la sostenibilidad dejó de ser narrativa: es ahora un lenguaje cuantificable.

México no es ajeno a esta tendencia. En sectores como el energético, el retail o la manufactura, múltiples empresas han intensificado sus estrategias de comunicación sostenible. No obstante, la regulación en torno a la veracidad de estos mensajes aún presenta vacíos significativos. A diferencia de mercados como la Unión Europea, donde ya existen lineamientos más estrictos sobre declaraciones ambientales, en México persiste un margen amplio para la ambigüedad discursiva.

Esta falta de estandarización genera un problema estructural: permite que empresas con compromisos genuinos compitan en desventaja frente a aquellas que simplemente comunican mejor. En otras palabras, el greenwashing distorsiona el mercado. Cuando la sostenibilidad se convierte en un recurso retórico sin consecuencias, se debilita el incentivo para implementar cambios reales en los modelos de negocio.

Pero el costo más profundo del greenwashing no es inmediato. Es acumulativo. Cada promesa incumplida erosiona la credibilidad no solo de una empresa, sino del ecosistema corporativo en su conjunto. En un entorno de sobreexposición informativa, donde las audiencias tienen acceso a múltiples fuentes y herramientas de verificación, la incongruencia se detecta cada vez más rápido. Y cuando se detecta, la sanción no siempre proviene de la regulación, sino del mercado mismo.

Las redes sociales han acelerado este proceso. Lo que antes podía permanecer como una inconsistencia marginal hoy puede escalar rápidamente a una crisis reputacional. Activistas, consumidores informados y analistas especializados funcionan como mecanismos de vigilancia distribuida, cuestionando discursos corporativos y exponiendo contradicciones. En este nuevo entorno, la transparencia ya no es opcional: es una condición de supervivencia.

Frente a este panorama, el reto para las empresas no es comunicar más sostenibilidad, sino comunicar mejor lo que realmente hacen. Esto implica un cambio de lógica: pasar de campañas aspiracionales a reportes verificables; de slogans a indicadores; de storytelling a rendición de cuentas. La sostenibilidad efectiva no se construye en el departamento de comunicación, sino en la operación misma de la empresa.

Asimismo, es necesario avanzar hacia marcos regulatorios más robustos que reduzcan la ambigüedad. La estandarización de métricas, la obligación de auditorías independientes y la claridad en las definiciones pueden contribuir a cerrar la brecha entre discurso y práctica. Sin estos mecanismos, el mercado seguirá premiando la narrativa sobre la acción.

El greenwashing no es solo un problema de comunicación corporativa. Es un síntoma de una transición incompleta hacia modelos económicos más sostenibles. Mientras las empresas puedan capitalizar reputación sin transformar su operación, la sostenibilidad seguirá siendo, en muchos casos, una simulación rentable.

La pregunta, entonces, no es si las empresas deben ser sostenibles, sino cuánto les costará no serlo de verdad.

*La autora es académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.

X: @Ivett5151

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