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Septiembre y la erosión de la certidumbre económica
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
La última semana de septiembre dejó señales claras del rumbo que toma el modelo institucional en nuestro país. En la medida en que en el proceso de toma de decisiones se tienen que evaluar cada vez más actitudes discrecionales, se complica afirmar que México es un lugar seguro para invertir.
El detonante simbólico ocurrió con la irrupción en Los Pinos, tan violenta como permitida, de manifestantes que decapitaron la estatua del expresidente Felipe Calderón. El mensaje es claro: un territorio federal en la Ciudad de México puede ser vulnerado sin intervención de la fuerza pública, siempre y cuando el objetivo de la vandalización sea una efigie del “pasado neoliberal”. Ese permiso para destruir el patrimonio público, en un recinto tan emblemático, es una patente de corso para que esa selectividad y permisividad de la violencia se enfoque en los adversarios. Es un mensaje de miedo.
El trasfondo de esa protesta radica en una acción del gobierno de Calderón que resultó en beneficio de las finanzas públicas: Luz y Fuerza del Centro se extinguió en octubre de 2009, cuando las pérdidas operativas superaban 30% y exigían transferencias federales superiores a los 40,000 millones de pesos anuales, casi el doble del presupuesto de la UNAM de la época.
CFE asumió la operación con éxito, contuvo el boquete financiero y rescató a los trabajadores eficientes y productivos de la empresa extinta. Un éxito financiero del gobierno de Felipe Calderón.
A la par, el Congreso aprobó la intervención de las Fuerzas Armadas en la evaluación de la Inversión Extranjera Directa. Militarizar el arbitraje de capitales introduce variables ajenas a la eficiencia, al entorno financiero y a la competitividad. En el análisis del costo de oportunidad de un posible inversionista, ahora se tiene que incluir la discrecionalidad militar, lo que claramente eleva la prima de riesgo país.
Este cerco discrecional se extiende al entorno digital a través de las iniciativas orientadas a regular la conversación en medios y redes sociales mediante la llamada “Ley Antimemes”. Pretender acotar la parodia, el uso de Inteligencia Artificial y el contraste político bajo conceptos tan laxos como el “daño a la imagen” vulnera la libertad de expresión. No se trata solo de cancelar algunas cuentas famosas de parodia, sino que esta acción envía un mensaje a los tomadores de decisiones, quienes entienden que el respeto a las libertades, como la de expresión, es un indicador clave de la certidumbre democrática.
El balance de finales de septiembre manda señales de alerta, no solo para la preservación de las libertades y de la democracia misma, sino porque introduce factores que influyen directamente en el desempeño económico. Cuando la violencia política se tolera de forma selectiva, las decisiones de inversión quedan expuestas al arbitraje militar y la crítica en el entorno digital se ve amenazada con regulaciones restrictivas, las reglas del juego cambian.
A la lista de riesgos para invertir en México, que ya carga con la desaparición de los organismos autónomos regulatorios, la evidente parcialidad de las autoridades electorales y la centralización del control sobre el Poder Judicial, hay que sumarle factores adicionales que hacen cada vez más difícil decantarse por nuestro país como destino de inversión.