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Opinión

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La salud no se transfiere, se garantiza

Éctor Jaime Ramírez Barba | Columna Invitada

"Glosa social del Segundo Informe de Gobierno"

"Aliud dicere, aliud facere": una cosa es prometer y otra cumplir, dijimos ayer, como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados. El propio Segundo Informe exhibe la contradicción gubernamental: presume transferencias, pero no demuestra derechos garantizados.

Acción Nacional reconoce un dato relevante: según la última medición oficial, 13 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. También reconoce que las pensiones, becas y apoyos directos alivian el ingreso de millones de hogares. No venimos a regatear esa mejoría ni a quitar un solo derecho social. Venimos a preguntar si ese avance se sostiene cuando una familia no encuentra médico, medicamento, escuela digna, cuidados o empleo formal.

Porque el mismo dato tiene otra cara: todavía hay 39 millones de personas en pobreza  y 45 millones con carencia de acceso a servicios de salud . La política social no puede considerarse exitosa mientras una enfermedad pueda devolver a una familia a la pobreza.

El Gobierno presume de un billón de pesos para programas de bienestar y de 42 millones de personas beneficiarias. Pero el monto transferido no demuestra que haya mejor salud, aprendizaje o autonomía.

Incluso el Informe registra el #FraudeDelBienestar que exige explicación: el Banco del Bienestar no entregó 96 mil tarjetas; 94 mil estaban activas. En cuentas asociadas a mil 78 tarjetas no entregadas se dispersaron 8,6 millones de pesos.

Además, se reportaron 67 mil beneficiarios de educación superior sin registro en RENAPO, con pagos por un total de 592 millones. Son hallazgos del propio documento. El mínimo democrático es aclararlos, corregir el padrón y publicar la trazabilidad del gasto.

En salud, la contradicción es aún más grave. La receta de la cuarta transtornación (sic) para el sistema de salud ha sido: crisis por desabasto, con 82 millones de recetas no surtidas; 18,4 millones de medicamentos caducados que dejaron morir en una bodega; sobrecostos en BIRMEX, que no surte medicinas, pero sus funcionarios sí hacen negocios.

La experiencia ciudadana confirma la distancia entre propaganda y servicio. En la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental 2025, la satisfacción de los usuarios fue de 47 por ciento en el IMSS-Bienestar, 46 por ciento en el ISSSTE  y 43 por ciento en el IMSS.

Salud Casa por Casa reporta 11 millones de personas visitadas; falta saber cuántas controlaron su diabetes o hipertensión, cuántas evitaron una hospitalización y cuántas recibieron una referencia y un seguimiento efectivos.

Se anuncian 242 millones de piezas distribuidas a través de las Rutas de la Salud. Sin embargo, páginas después, el Informe señala que de 219 millones de piezas  emitidas se entregaron 192 millones: 88 por ciento . Para medicamentos, el cumplimiento fue de 87 por ciento de las piezas programadas. Mover cajas no equivale a surtir recetas completas. El indicador que importa es cuántos pacientes recibieron a tiempo todo su tratamiento.

En educación ocurre algo semejante. El Gobierno informa sobre las becas destinadas a 20 millones de estudiantes . Son necesarias, pero no bastan. La cobertura de la población de 3 a 14 años bajó del 94 por ciento en el ciclo 2019–2020 al 89 por ciento en el ciclo 2024–2025 . Y la evaluación PISA 2025 ubicó a México en 388 puntos en matemáticas y 408 en lectura; ambos resultados cayeron siete puntos respecto de 2022. Por cierto, la Dip. Kenia López mostró que en el sexenio de Felipe Calderón el libro de matemáticas tenía 191 páginas, y en la "escuela mexicana" de Morena bajo el fracaso de Max Arriaga y demás ideólogos, no hay libro de matemáticas y su reemplazo en dos "folletos" que no son libros suman apenas 27 páginas. Ustedes saquen sus propias conclusiones, estimados lectores.

Una beca sin recuperación de aprendizajes, agua, conectividad ni evaluación independiente no corrige la desigualdad educativa.

La Pensión Mujeres Bienestar y los apoyos para las personas con discapacidad deben preservarse. Pero el efectivo no reemplaza un sistema nacional de cuidados, estancias seguras, rehabilitación, accesibilidad, educación inclusiva ni oportunidades de trabajo.

Tampoco basta con afirmar que Jóvenes Construyendo el Futuro ha atendido a 4 millones de personas : el informe debe publicar qué proporción obtuvo un empleo formal y lo conservó durante seis y doce meses después.

Por eso, desde Acción Nacional proponemos cinco decisiones concretas: Un padrón social único, interoperable y auditable; evaluación independiente con resultados trimestrales;f financiamiento sanitario por persona, ajustado por la inflación médica, con receta completa como indicador y reembolso cuando la institución pública no surta; una estrategia nacional de recuperación de aprendizajes e infraestructura básica; y un sistema nacional de cuidados con servicios certificados que les permita a las mujeres elegir y trabajar.

Defender los programas sociales significa impedir su uso electoral y exigir que cada peso produzca libertad, movilidad y derechos efectivos. Un gobierno que deposita dinero, pero obliga a la familia a comprar la medicina que no encontró en la clínica, no ha garantizado el bienestar.

Referencias

  • [1] Presidencia de la República. (2026). Segundo Informe de Gobierno 2025–2026. Gobierno de México. https://www.gob.mx/presidencia
  • [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025: Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf
  • [3] Secretaría de Salud. (2026). Segundo Informe de Labores 2025–2026. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de la UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

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Éctor Jaime Ramírez Barba es médico cirujano, especializado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.

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