Responsabilidad secundaria para proveedores de Internet

Esta semana, se publicaron diversas notas sobre la próxima votación de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se obligaría a los proveedores del servicio de Internet a eliminar los contenidos que sean violatorios de derechos protegidos por la propiedad intelectual.

Como la iniciativa prevé la adición de un artículo 232 Septies, con un régimen de multas que alcanza hasta los 4.6 millones de pesos para los proveedores de servicios de Internet, e incluso equipara su responsabilidad con la del usuario infractor bajo ciertos supuestos, de inmediato sonaron las alarmas de todos aquellos que hemos seguido los constantes ataques a la libertad de expresión por parte de Morena.

Al revisar la iniciativa, en su versión original enviada por la Presidenta Sheinbaum, en efecto se pueden identificar algunos sellos de la casa legisladora guinda, como conceptos abstractos en la exposición de motivos, abiertas contradicciones en la argumentación y desconocimiento de la materia. Se supone, por ejemplo, que la iniciativa busca promover un ecosistema digital más “justo”. Ahora resulta que Morena, quien orgullosamente destruyó el sistema de justicia del Estado mexicano en una patética tómbola, está muy preocupado por la justicia en el ecosistema digital. Se supone que la reforma tiene por objeto generar una responsabilidad compartida en los proveedores de servicios de Internet, “para incentivar el cumplimiento”. ¿Desde cuándo se incentiva el cumplimiento legal imponiendo cargas regulatorias con sanciones desproporcionadas? Más que incentivar el cumplimiento, yo diría que se impone el miedo para controlar o inhibir la conducta del destinatario de la norma.

La iniciativa también se justifica señalando que los proveedores de servicios de Internet “dejan de ser intermediarios neutrales” cuando incumplen con su responsabilidad de retirar contenidos que violan los derechos de autor. Lo cierto es que la regla opera precisamente a la inversa. El principio de neutralidad de red implica que los proveedores de Internet deben dar un trato igualitario a todos los contenidos y páginas web. La eliminación de contenidos de forma selectiva sería contraria al principio de neutralidad.

En el dictamen también se asegura que la reforma es plenamente consistente con el artículo 20.88 del T-MEC. No obstante, ese artículo se redactó precisamente para evitar la imposición de medidas excesivas que tengan el efecto de trasladar sanciones o responsabilidades a los proveedores de Internet, por infracciones que ellos no controlen, o que de otra forma los obliguen a supervisar su servicio o buscar activamente hechos que indiquen una actividad infractora.

A pesar de todo lo anterior, la iniciativa de cierta manera me sorprendió porque no contenía las típicas justificaciones de la Presidenta cuando le interesa retirar contenidos como la debida diligencia de los creadores y la responsabilidad de los medios. La iniciativa, por lo menos en su versión inicial, efectivamente amplía de forma significativa la supuesta responsabilidad secundaria de los proveedores de Internet, pero extrañamente se circunscribe a la materia de derechos de autor, una cortesía regulatoria poco común en Morena.

En una sospechosa coincidencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de listar para su sesión del Pleno del próximo 24 de septiembre, la resolución del amparo en revisión 625/2025, que deriva del amparo indirecto presentado por Total Play en contra de la orden que recibió del IMPI para bloquear el acceso a los sitios web gnu.nu y gnulahd.nu por presuntas violaciones en materia de propiedad industrial. Uno de los argumentos de Total Play, que forma parte de Grupo Salinas, enemigo público declarado de la 4T, es precisamente que este tipo de restricciones son violatorias de la libertad de expresión. El proyecto a cargo del ministro Arístides Guerrero propone negar el amparo.

Sea coincidencia o no, lo cierto es que la sobrerregulación para los concesionarios de telecomunicaciones sin duda tendrá un efecto negativo para la inversión y competencia en el sector, que de por sí ya es difícil, y probablemente también en la libertad de expresión, dado el control de Morena sobre las instituciones.