Reina impunidad, a 12 años del Caso Ayotzinapa

El pasado 26 de septiembre se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y el Estado Mexicano ha dado a conocer un informe que arroja nuevas líneas de investigación y recientes detenciones producto del empleo de una nueva metodología y herramientas tecnológicas, a partir de un reanálisis de documentos, registros telefónicos, declaraciones, dictámenes periciales acumulados por más de una década.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado en claro que sobre el caso Ayotzinapa el compromiso del Gobierno de México es: Encontrar a los jóvenes, conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. En la conferencia de prensa “mañanera” del martes 29 de septiembre de 2026, la mandataria del país reiteró que la investigación no se va cerrar hasta que se encuentre la verdad, se haga justicia y “encontremos dónde están los jóvenes, ese es mi compromiso con madres y padres de familia y con el pueblo de México”.

Hasta septiembre de 2026, el acumulado histórico de personas procesadas por los hechos asciende a 168, de los cuales 130 se encuentran formalmente en prisión preventiva, incluyendo a perfiles de alto peso institucional como el exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la tristemente frase célebre “¡Ya me cansé!” y de la “verdad histórica”, con la que pretendió dar “carpetazo” al caso Ayotzinapa, así como del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y otros 37 individuos bajo medidas cautelares distintas.

Derivado del reanálisis de millones de registros telefónicos, sábanas de llamadas y declaraciones ministeriales que permanecían inertes, se concretaron 30 nuevas detenciones de una nueva red de implicados. Entre los aprehendidos figuran mandos y operadores vinculados al ocultamiento sistemático de pruebas -como exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y presuntos encubridores incrustados en el Servicio Médico Forense (SEMEFO)-, evidenciando que la red de protección institucional operó mucho más allá de la noche del 26 de septiembre de 2014.

De igual manera, el informe recién presentado reporta la apertura de 17 nuevas líneas de investigación. El modelo actual, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha profundizado en aristas que las administraciones pasadas omitieron o minimizaron, como el rastreo tecnológico de dispositivos, el análisis minucioso del uso posterior de los teléfonos celulares pertenecientes a los normalistas desaparecidos, los cuales continuaron registrando actividad y llamadas en manos de terceros y policías locales tras la agresión.

Otra pista relevante es la relacionada a las funerarias irregulares y hornos clandestinos, presuntamente relacionados con los funestos hechos de la noche de Iguala de 26 de septiembre de 2014. El hallazgo de indicios, fragmentos óseos y operaciones irregulares en establecimientos funerarios de Iguala, apuntan a dinámicas de ocultamiento de cuerpos que operaban bajo el amparo o la omisión de autoridades locales.

De igual manera, la recuperación de material videográfico inédito del Palacio de Justicia de Iguala y bitácoras de barandillas que abren la puerta a esclarecer la ruta exacta de la persecución de los jóvenes normalistas, varios de ellos, desaparecidos en esa trágica noche. Es importante mencionar que el principal juez de la barandilla se marchó a los Estados Unidos de América, y que el gobierno mexicano está pidiendo su extradición, luego de quedar en evidencia la falsedad del principal testigo empleados para decir que los estudiantes son estuvieron en la barandilla: La escritora Anabel Hernández.

Si bien la actual administración ha optado por un discurso de “mirada fresca” sustentada en herramientas tecnológicas y un reanálisis integral del universo documental acumulado a lo largo de dos sexenios, la postura oficial enfrenta una tensión ineludible con las demandas de las familias y por los señalamientos de expertos que han participado en las indagatorias de este intrincado caso, como lo es la exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la abogada y profesora universitaria colombiana Angela María Buitrago.

En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, después de la presentación de “nuevas” líneas de investigación relacionadas con los teléfonos celulares de los jóvenes normalista, funerarias y presuntos vínculos de autoridades locales con grupos criminales, Buitrago cuestionó que dichas líneas hayan sido presentadas como elementos nuevos cuando algunas de ellas llevan años dentro de las indagatorias.

Consideró que los “nuevos” elementos que ponen sobre la mesa con el nuevo informe presentado, terminan siendo etéreos (volátiles) y que puede desviar la atención de otras líneas que cuentan con información técnica y avances que deberían profundizarse, como es la presunta participación de elementos del ejército, por lo que señaló que “ya se está construyendo la exculpación de varias de las líneas en donde es clarísimo que hay responsabilidad”.

Así que, mientras el gobierno presume nuevas detenciones y líneas de investigación, organizaciones sociales y los padres de los normalistas siguen exigiendo la entrega irrestricta de los más de 800 folios de inteligencia militar pertenecientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que el Ejército mantiene reservados.

El caso Ayotzinapa, a 12 años de distancia, sigue siendo la prueba de fuego del sistema de procuración de justicia en México. La legitimidad de cualquier informe oficial no se puede medir únicamente por el número de expedientes abiertos o aprehensiones cumplimentadas, sino por la capacidad del Estado para romper los pactos de silencio castrenses e institucionales que, hasta hoy, siguen impidiendo conocer la verdad absoluta sobre los 43 jóvenes normalistas desaparecidos