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El presupuesto importa más que el discurso
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
Hubo un tiempo en el que los agentes económicos más influyentes de la economía mexicana ponían mucha atención a los informes de gobierno, porque era prácticamente la única oportunidad para enterarse de muchas decisiones prospectivas del Poder Ejecutivo y de algunos datos relevantes de la coyuntura nacional.
Por ejemplo, el monto de las reservas internacionales solo se conocía en dos fechas clave: durante la Convención Bancaria anual, cuando el director del Banco de México daba cuenta de la cifra, y en el informe presidencial, cuando el titular del Ejecutivo revelaba la cantidad oficial.
Prácticamente con el inicio de este siglo las cosas cambiaron. Se transparentó la información de las autoridades financieras y monetarias y, tras la derrota presidencial del PRI, la expectativa durante algunos años gravitó en torno a qué clase de espectáculo montaría la oposición durante el informe presidencial en el recinto legislativo. La estridencia concluyó cuando se decidió dar por terminado ese formato de diálogo cara a cara entre poderes.
A partir de ahí, la presentación de este mensaje político se encapsuló en ambientes de audiencias totalmente controladas. De los gritos e interpelaciones se pasó de lleno a los aplausos automatizados, ante un discurso que gradualmente ofreció menos sorpresas, impulsado también por la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual obligó a calendarizar la entrega del Paquete Económico para el año siguiente.
Con la llegada del actual régimen, los mensajes presidenciales consolidaron un estilo propio. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha aportado ciertos matices, el contenido permanece intacto: un despliegue de propaganda saturado de datos imprecisos, métricas sesgadas o cifras simplemente incompletas. Para los que toman decisiones existe ya poco interés empresarial o ejecutivo en este discurso, porque esa narrativa dice cada vez menos sobre la realidad productiva del país.
Así, la fecha más relevante para los tomadores de decisiones no fue el martes 1 de septiembre, sino el martes 8 de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo entregue al Poder Legislativo el Paquete Económico para el 2027. Más allá del puñado de empresarios que fue a Palacio Nacional a escuchar el mensaje presidencial –a quienes les interesaba proyectar presencia y aplausos–, para el resto de los agentes económicos lo importante es la información clara, objetiva y verificable que permita la planeación de inversiones y la gestión de riesgos.
La expectativa de la iniciativa privada y los mercados no descansa en promesas ni en discursos, sino en la esperanza de encontrar en los Criterios Generales de Política Económica, en la Iniciativa de Ley de Ingresos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Miscelánea Fiscal las señales creíbles de consolidación fiscal.
Lo que se necesita con urgencia es un plan realista que permita retomar el rumbo de la corrección de las variables macroeconómicas, reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad financiera.
El 1 de septiembre quedó reducido a un ritual estético; el 8 de septiembre ofrecerá una radiografía poco más cercana a la realidad para tratar de entender el verdadero destino económico.
Si bien la Presidenta ha aportado ciertos matices, el contenido permanece intacto: un despliegue de propaganda saturado de datos imprecisos, métricas sesgadas o cifras simplemente incompletas.