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El presupuesto que esconde el retroceso
José Nery Pérez Trujillo | Estado, Mercado y Sociedad
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 hay una narrativa oficial que insiste en continuidad, estabilidad y responsabilidad social. Sin embargo, detrás de los grandes rubros y de los discursos celebratorios se esconden señales preocupantes que han pasado casi inadvertidas, especialmente en áreas donde el rezago ya es profundo: salud pública, educación e infraestructura básica. Son omisiones silenciosas que, lejos de corregir brechas históricas, anticipan un deterioro mayor.
En salud, el presupuesto proyectado para 2027 crece apenas por encima de la inflación esperada, lo que en términos reales implica estancamiento. El gasto federal en salud como proporción del PIB se mantiene alrededor de 2.8%, muy lejos del promedio de la OCDE, que supera el 6%. Lo más inquietante es que el presupuesto para infraestructura hospitalaria y mantenimiento presenta una caída real cercana al 4%, pese a que más del 40% de las unidades médicas del país reportan deterioro estructural o equipamiento obsoleto. Este rezago no aparece en los discursos, pero sí en las salas de espera saturadas y en la incapacidad de ampliar cobertura en zonas rurales.
La educación enfrenta una paradoja similar. Aunque el gasto total parece estable, el presupuesto para inversión física en escuelas —construcción, rehabilitación y equipamiento— muestra una reducción real estimada entre 6% y 8%. Esto ocurre en un país donde más de 30 mil planteles carecen de servicios básicos como agua potable o electricidad confiable. El énfasis político en programas de becas ha desplazado la atención sobre la infraestructura educativa, generando un sistema donde los apoyos llegan, pero los salones siguen sin ventanas, los baños sin agua y los maestros sin materiales. El PEF 2027 no corrige esta tendencia; la profundiza.
La infraestructura pública, motor silencioso del crecimiento, también queda relegada. El gasto en inversión física del gobierno federal se mantiene por debajo del 3% del PIB, cuando hace una década rondaba el 4.5%. La reducción no solo limita la capacidad de construir carreteras, puentes o sistemas de agua; también frena la productividad regional y la competitividad del país. En estados con rezagos históricos —como Oaxaca, Chiapas o Guerrero— la inversión federal en infraestructura caerá en términos reales, perpetuando desigualdades que ya son estructurales.
El segundo gran silencio del PEF 2027 es la deuda pública. En los últimos ocho años, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasó de 48% del PIB a cerca de 55%, un incremento que supera los 3.5 billones de pesos. El costo financiero —intereses y comisiones— absorberá en 2027 más de 3.4 billones de pesos, cifra que ya compite directamente con el gasto en salud y educación juntos. Cada peso destinado a pagar deuda es un peso que no llega a hospitales, escuelas o carreteras.
Lo más grave es que el endeudamiento reciente no ha financiado infraestructura productiva, sino gasto corriente y programas sociales de corto plazo. Endeudarse para sostener el presente sin construir el futuro es una estrategia que compromete a las próximas generaciones. El PEF 2027 reconoce el aumento del costo financiero, pero no plantea una ruta clara para contenerlo. La deuda se ha convertido en un lastre que limita la inversión pública y reduce la capacidad del Estado para responder a emergencias o impulsar crecimiento.
El presupuesto para 2027 no es solo un documento técnico; es un espejo del país que estamos construyendo. Y ese espejo revela un Estado que prioriza la inmediatez sobre la estructura, el gasto corriente sobre la inversión y la narrativa sobre la evidencia. Los rezagos en salud, educación e infraestructura no se corregirán con discursos, y la deuda no se resolverá con optimismo. El verdadero desafío es reconocer que el deterioro ya está en marcha y que cada año de omisiones nos aleja más de un futuro sostenible.