Política Industrial Farmacéutica: Un Esfuerzo Colaborativo entre los Sectores Público y Privado

Para quienes hemos transitado las últimas dos décadas analizando la gestión del sector salud y la política pública en México, sabemos que las leyes más estrictas en el papel suelen encontrar sus mayores retos al verse enfrentadas con la realidad operativa si son redactadas en el aislamiento. Históricamente, la relación entre el Estado y la industria de insumos para la salud operó bajo una dinámica de confrontación asimétrica: el legislador dictaba la ley sin consultar la viabilidad logística y operativa, mientras que el sector industrial reaccionaba a la defensiva, reduciendo riesgos o intentando maximizar las oportunidades presentadas. El costo de estas diferencias siempre lo terminó pagando el usuario del sistema de salud.

De ahí que, la reciente reunión de trabajo celebrada en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), que sentó a la misma mesa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a CANIFARMA y a las comisiones unidas del sector industrial, no es un evento protocolario menor. Representa una maduración institucional indispensable. Pensar en una Declaratoria Conjunta "Hacia una Política Industrial Farmacéutica en el marco del Plan México" confirma que, por fin, comenzamos a entender la salud pública no como una bolsa de gasto inelástico, sino como un motor de desarrollo geoeconómico que requiere de un pacto de Estado para funcionar.

Hablemos de la coyuntura que hace de esta reunión un acierto estratégico que podría calificarse de inédito. Tenemos frente a nosotros dos vectores que definirán la economía del país: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la ejecución del llamado Plan México.

Desde la perspectiva internacional, nuestro sector de dispositivos médicos, farmacéutico y de Principios Activos, está bajo un escrutinio profundo a la luz del T-MEC. Las discusiones recientes, las lecciones de la pandemia de la COVID19, han dejado claro a nuestros socios comerciales que depender de ingredientes farmoquímicos activos (APIs) provenientes de Asia es una vulnerabilidad de seguridad nacional para toda Norteamérica. En este tablero, el acuerdo para conformar una Mesa de Trabajo Permanente entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la industria manda una señal que apunta a proveer certidumbre a los mercados. Demuestra que México busca consolidar su soberanía sanitaria atrayendo inversión productiva (nearshoring), y entiende que el capital no aterriza donde hay discursos, sino donde existe un andamiaje legal predecible.

El diagnóstico técnico plantea los tres pilares de la reunión y ataca los cuellos de botella reales con un pragmatismo necesario. El primer pilar —Soberanía Sanitaria— reconoce que, para reducir la dependencia exterior, necesitamos sentarnos con la Secretaría de Economía a diseñar incentivos fiscales reales. No basta con pedirle a la industria que fabrique localmente; hay que hacer que los números cuadren frente a un entorno de competencia agresivo.

El segundo pilar aborda el núcleo de uno de los principales retos que enfrentamos actualmente: la logística y distribución. Ver plasmada la disposición del sector privado para aportar su capacidad instalada en redes de cadena de frío y su know-how logístico, con el objetivo explícito de complementar el modelo de distribución estatal vía BIRMEX, es un acto de sensatez que merece ser celebrado. Se abandona la falsa dicotomía de "lo público versus lo privado". El Estado asume su rectoría en el abasto, pero podría capitalizar la eficiencia corporativa en la última milla, mitigando así el riesgo de caducidades y mermas, que erosionan las finanzas públicas y lo más importante inhiben la atención oportuna de las personas que requieren de esta en el Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, el tercer pilar toca la fibra más sensible para la atracción de innovación: la agilidad regulatoria. En la reunión se reconoció la importancia de la transición hacia la Salud Digital y la Medicina de Precisión, entre muchos otros temas. Sin embargo, para que estos modelos de vanguardia lleguen al sistema de salud, el Congreso debe legislar a la velocidad de la tecnología, no de la burocracia. Un regulador digitalizado y eficiente es el mejor incentivo para la investigación clínica en el país.

La implementación de una Mesa de Trabajo Permanente acordado en este encuentro es no solo necesaria, sino que refuerza la voluntad de las partes de construir fundamentos sólidos para una Política Nacional de Insumos para la Salud. Significa que las normativas que impacten la cadena de valor cruzarán por un filtro de evidencia técnica y viabilidad financiera antes de subirse al Pleno.

¿Qué sigue? La hoja de ruta exige pasar de las buenas intenciones a la ejecución disciplinada. Para que esta Mesa de Trabajo sea verdaderamente resolutiva, la sugerencia apunta a dos acciones inmediatas.

Primero, la Cámara de Diputados debe integrar a esta mesa, a las Secretarías de Salud y de Economía. Ninguna reforma a la Ley General de Salud o a la Ley de Adquisiciones que pretenda modernizar la compra y distribución de insumos será efectiva si no cuenta con mecanismos de fondeo plurianual sustentable. La salud tiene un costo, así como la innovación, aunque a largo plazo resulte en un ahorro neto por costo-evitación.

Segundo, la industria debe asumir el compromiso de la transparencia total y la implementación de un frente común. La legislación colaborativa exige a las empresas abandonar el trabajo transaccional tradicional y abrir sus datos a la discusión. Será necesario entregar a los legisladores evidencia dura, modelos farmacoeconómicos y de impacto presupuestal, así como proyecciones de impacto que demuestren cómo cada peso invertido por una empresa del sector de los insumos para la salud en México reduce la carga financiera del Estado.

Que partes que durante muchos años tuvieron posiciones divergentes se reúnan para converger en el desarrollo nacional es la esencia de la buena política. Si este esfuerzo mantiene su rigor técnico y evita caer en la polarización política, México estará construyendo no solo un escudo inmejorable para la revisión del T-MEC, sino el modelo industrial sanitario necesarios para el sistema de salud y la economía.

Hoy cierro con una reflexión: "La apertura al dialogo necesita estar fundamentada en intereses comunes, más allá de los de cada una de las partes. Sumando ganamos más que enfrentándonos.”

*Oscar Flores cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.