Lectura 4:00 min
El Plan México y la ilusa promesa de certidumbre para la inversión
Gerardo Flores Ramírez | Ímpetu Económico
El gobierno federal presentó una nueva derivación del Plan México, en este caso, se trata de las “Acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión”. Entre esas acciones, están algunos decretos que fueron firmados ayer mismo por la presidenta Sheinbaum como la Autorización Inmediata de Inversiones, la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la simplificación de trámites de Cofepris y medidas para el cumplimiento fiscal. El anuncio es bienvenido. El problema es que no apunta al corazón del problema de la anémica inversión.
Desde estas páginas he documentado en repetidas ocasiones la naturaleza del problema de inversión que padece México. El 3 de marzo señalé que la inversión física del gobierno federal había caído 30.3% en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, el segundo peor registro en 15 años y desde el inicio de la 4T, en franca contradicción con el discurso oficial que prometía hacer de la infraestructura el motor del crecimiento. En este contexto, no es menor que entre 2024 y 2025, la inversión total medida con relación al tamaño de la economía cayó de 24.4% a 22.7%, alejándose de la meta del Plan México para 2026, de 25% del PIB.
El reporte de finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda dio a conocer el pasado 30 de abril confirma que el problema, lejos de resolverse, se profundiza. En el primer trimestre de 2026, la inversión física acumuló una caída de 15.6% en términos reales anuales: el gobierno ejerció 179,554 millones de pesos en obras, frente a los 204,294 millones del mismo periodo de 2025. No solo gastó menos que en el mismo período de 2025, también gastó mucho menos que lo que se había programado, solo el 40% de lo que había previsto para enero-marzo. Es ese contexto el que explica la urgencia del gobierno por animar a los inversionistas privados a arriesgar sus recursos, el sector público la tiene cuesta arriba.
Y es que, frente a ese cuadro fiscal, los decretos firmados este lunes son, en el mejor de los casos, un mero placebo. Autorizar inversiones en un máximo de 30 días para proyectos en polos de desarrollo, o en 90 días para el resto de las inversiones privadas, son medidas que responden a demandas reales del sector productivo. La promesa de eliminar la doble tributación y las auditorías retroactivas excesivas también atiende quejas legítimas del empresariado. Nadie niega que simplificar trámites es útil.
Pero un inversionista que pondera abrir una nueva planta de manufactura, apostar por infraestructura o ampliar capacidades logísticas no frena sus planes porque Cofepris tarda demasiado en responder. Frena porque no sabe si el marco legal bajo el que firmó un contrato será el mismo cuando surja la primera disputa. Anteriormente comenté acá que la Reforma Judicial se había convertido en un lastre para la inversión: la politización de la Suprema Corte, el alargamiento de los tiempos de resolución de expedientes y la preferencia creciente de las empresas por el arbitraje privado son síntomas de un sistema de justicia que ya no inspira confianza. Peor aún, la nueva Suprema Corte ha deslizado más de una vez la posibilidad de reabrir asuntos ya resueltos, lo que sacude los cimientos del principio de la cosa juzgada.
A ese cuadro se suma, en los últimos meses, una señal adicional que los mercados no ignoran: la erosión de la credibilidad del Banco de México. Cuando la autonomía del banco central, y por tanto su credibilidad, se pone en duda, la pregunta de los inversionistas no es si el tipo de cambio estará estable la próxima semana: es si habrá reglas monetarias predecibles en los próximos diez años.
La certidumbre que ofrece el gobierno con sus decretos de este lunes no es la certidumbre que otorga un Poder Judicial independiente ni un banco central autónomo. El gobierno puede agilizar todos los trámites del mundo, pero mientras no se corrija el desmantelamiento institucional que impulsó la 4T, el Plan México seguirá siendo un diagnóstico incompleto vestido de solución.
¿En serio creen que la destrucción de un sistema judicial creíble se puede subsanar con decretos de simplificación de trámites?