¿Quién piensa en las y los aspirantes de la UNAM?

Desde hace un par de semanas se han debatido públicamente los llamados “resultados atípicos” del examen de ingreso a la UNAM. En medio de la discusión, se ha estigmatizado, casi de manera generalizada, a las y los jóvenes que presentaron el examen de selección y obtuvieron un lugar, sin precisar quiénes, cuántos ni de qué manera pudieron haber incurrido en posibles irregularidades.

“Tramposos”, “corruptos” o “jóvenes que obtuvieron un lugar sin esfuerzo” son algunos de los calificativos que han circulado para referirse a quienes consiguieron ingresar. El problema no es menor: ante la falta de información precisa sobre las posibles irregularidades, la sospecha terminó extendiéndose al conjunto de aspirantes cuyos resultados fueron puestos en duda. Así, una situación que debía esclarecerse institucionalmente terminó convirtiéndose también en un juicio público sobre las y los jóvenes.

A esto se sumaron las dificultades derivadas de la aplicación de un nuevo examen de control. Diversos medios han documentado casos de aspirantes que, pese a haber obtenido una asignación en el primer examen, no fueron convocados a presentar la nueva prueba. Otros señalaron que no podrían acudir por falta de recursos económicos para trasladarse, pues la Universidad determinó las sedes con base en el domicilio registrado oficialmente y no necesariamente en el lugar donde actualmente residen.

También se ha hablado poco de las consecuencias que este proceso ha tenido para las y los aspirantes. Algunos de quienes fueron convocados al examen de control han expresado que se sienten bajo “estrés”, “angustia” e “incertidumbre”. No es difícil comprenderlo. En cuestión de días pasaron de la alegría a la incertidumbre. Una decisión institucional alteró abruptamente algo que se perfilaba como un proyecto de vida: estudiar una carrera en la UNAM.

La propia aplicación del examen de control evidenció el clima de sospecha que rodeó el proceso. La vigilancia se endureció en comparación con otras aplicaciones presenciales. Antes de ingresar, las y los aspirantes pasaron por una revisión de sus pertenencias; se les solicitó retirar chamarras, sudaderas y mostrar manos y brazos libres. Se dispuso, además, de una persona supervisora por cada 28 aspirantes, lo que implicó que decenas de personas recorrieran constantemente los espacios y observaran los movimientos de quienes realizaban la prueba.

A ello se sumó la presencia de notarios y auditores para garantizar que las preguntas no se filtraran, así como la de funcionarios universitarios y del propio rector, quienes recorrieron las filas de aspirantes durante la aplicación. El mensaje implícito resulta difícil de ignorar: quienes días antes habían sido reconocidos como estudiantes seleccionados regresaron a las aulas bajo un dispositivo extraordinario de vigilancia destinado a demostrar, nuevamente, que merecían el lugar que habían obtenido.

Por supuesto, cualquier irregularidad en un proceso de ingreso debe investigarse y esclarecerse. Pero esa responsabilidad también implica proteger los derechos y la dignidad de quienes participan en ellos. Investigar posibles anomalías no debería significar convertir a miles de jóvenes en sospechosos ni someterlos a condiciones prolongadas de estrés, angustia e incertidumbre.

Resulta necesario evitar que los problemas institucionales y estructurales de la educación superior se trasladen a quienes aspiran a ingresar a ella. Las limitaciones de los mecanismos de selección y, en un sentido más amplio, la insuficiencia de lugares frente a una demanda creciente no son responsabilidad de las y los jóvenes. Cuando el acceso se individualiza, ingresar o quedar fuera puede interpretarse exclusivamente como resultado del mérito, del esfuerzo o de la capacidad personal, lo que oculta las condiciones estructurales que atraviesan el proceso.

No podemos perder de vista las consecuencias de esta individualización y que, esperemos, no vuelvan a repetirse. En 2003 se documentaron casos de jóvenes aspirantes que se quitaron la vida tras no ser seleccionados en el examen de ingreso. Sin establecer relaciones causales simples, estos hechos muestran el peso que puede adquirir un mecanismo de selección cuando sus resultados se viven como éxitos o fracasos individuales. De ahí la responsabilidad de las instituciones no solo de replantear sus mecanismos, sino también de cómo comunican y acompañan estos procesos.

Convertir problemas estructurales en responsabilidades individuales no solo desplaza la discusión sobre sus verdaderas causas, sino que también coloca sobre las y los aspirantes el peso de contradicciones que corresponden a las instituciones y al propio sistema educativo.

Quizá, entonces, a unos días de conocer los resultados del examen de control, además de preguntarnos qué ocurrió en el proceso, tendríamos que hacernos una pregunta igualmente importante: en medio de las sospechas, la estigmatización y las decisiones institucionales, ¿qué está pasando con las y los aspirantes de la UNAM?