Pedro Aspe y las crisis

Pedro Aspe no vio venir la crisis de 1994. Ése no es un juicio político sino un hecho histórico. El secretario de Hacienda que dirigía la política económica mexicana mientras se acumulaban las vulnerabilidades que desembocarían en la mayor crisis financiera del país desde 1982 no identificó correctamente su naturaleza. Su diagnóstico descansaba en un modelo que privilegiaba algunos equilibrios macroeconómicos y suponía que los mercados corregirían por sí mismos los desequilibrios restantes. La realidad resultó bastante más compleja. El problema no era el déficit público; era la interacción entre un tipo de cambio sobrevaluado, una creciente dependencia del financiamiento externo de corto plazo, la pérdida de reservas internacionales, la fragilidad del sistema financiero y una crisis de confianza que el propio modelo no alcanzó a explicar.

Treinta años después, Pedro Aspe vuelve a presentar un diagnóstico integral sobre la economía mexicana. Esta vez ocurre algo curioso. Donde antes no reconoció una crisis que efectivamente se estaba gestando, ahora encuentra en prácticamente todos los problemas del país la confirmación de una nueva crisis incubada por las decisiones tomadas desde 2018. No creo que se trate de dos errores independientes. Creo que ambos nacen de la misma forma de razonar: un modelo suficientemente sencillo para producir una explicación elegante, pero demasiado sencillo para explicar una economía real.

Ésa es, a mi juicio, la discusión que vale la pena tener sobre su reciente conferencia en el MIT. No porque México no enfrente problemas importantes. Los enfrenta. Necesita crecer más, invertir más, elevar su productividad, ampliar gradualmente su espacio fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica. El desacuerdo comienza cuando todos esos desafíos se presentan como el resultado de una sola cadena causal cuyo origen se encuentra, casi siempre, en las decisiones de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Los modelos económicos simplifican la realidad. Ésa es precisamente su utilidad. Pero también su límite. Cuando un modelo termina explicándolo todo con las mismas variables, deja de ser una herramienta para entender el mundo y comienza a obligar al mundo a adaptarse al modelo. Ésa es, me parece, la principal debilidad del diagnóstico de Pedro Aspe.

La inversión pública

Es difícil discrepar del diagnóstico: México necesita recuperar su capacidad de inversión pública. Si el país quiere cerrar brechas regionales, construir infraestructura logística, energética e hidráulica, impulsar la innovación y desarrollar nuevas capacidades industriales, tendrá que invertir más. Ése no debería ser un punto de controversia.

Lo discutible no es el diagnóstico, sino la explicación.

Pedro Aspe atribuye la insuficiencia de la inversión pública al crecimiento del gasto social desde 2018. Ése es precisamente el punto donde el argumento deja de sostenerse históricamente.

La inversión pública mexicana no comenzó a reducirse en 2018. Su descenso sostenido empezó después de la crisis de la deuda de 1982, cuando la consolidación fiscal convirtió la inversión del Estado en la principal variable de ajuste presupuestal. Durante las décadas siguientes se consolidó un paradigma económico que privilegió la estabilidad macroeconómica y confió en que la inversión privada sustituiría buena parte del esfuerzo inversor del Estado.

Pedro Aspe no fue un observador de ese proceso. Fue uno de sus principales arquitectos.

El verdadero desacuerdo no parece ser la caída de la inversión pública, sino el destino que se dio al espacio fiscal disponible. Mientras durante décadas la reducción de la inversión se aceptó como el costo necesario de la estabilización macroeconómica, hoy esa misma reducción se presenta como consecuencia del aumento del gasto social. La inversión pública sigue siendo insuficiente; lo que cambió fue el uso que los gobiernos recientes dieron a una parte del margen presupuestal.

Ésa es la paradoja del argumento. Para convertir el combate a la pobreza en la explicación de la escasez de inversión pública es necesario borrar cuarenta años de historia fiscal. La crítica a la reducción de la inversión pública, formulada por uno de los principales arquitectos del paradigma que la convirtió en la variable de ajuste del presupuesto, termina pareciendo un malabar argumentativo. El problema existe. Lo que no convence es la explicación.

La "segunda nómina"

Algo parecido ocurre con la categoría que Aspe denomina "segunda nómina".

El término parece descriptivo, pero en realidad incorpora desde el principio una conclusión. Llamar nómina a las transferencias sociales supone que se trata de un gasto destinado exclusivamente al consumo presente y sin efectos económicos duraderos.

Sin embargo, durante los últimos años más de trece millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza. Ése es, antes que nada, un avance en materia de justicia social. Pero también es un hecho económico. Una población mejor alimentada, con mayor permanencia escolar, mejores condiciones de salud y menores restricciones de liquidez acumula más capital humano, participa con mayor intensidad en el mercado laboral y fortalece el mercado interno.

Podrá discutirse la magnitud de esos efectos. Lo que resulta difícil sostener es que no existan.

La inconsistencia aparece cuando recordamos cómo se justificaba otro tipo de gasto corriente. Durante décadas se argumentó que los elevados salarios de la alta burocracia eran una inversión porque permitían atraer mejores cuadros técnicos y producir mejores decisiones públicas. Puede debatirse si aquella hipótesis era correcta. Lo importante es otra cosa: incluso entonces se aceptaba que un gasto presupuestalmente clasificado como corriente podía generar rendimientos futuros. Esa posibilidad desaparece súbitamente cuando el beneficiario deja de ser un alto funcionario y pasa a ser un hogar pobre.

Productividad

Pocos discutirían que México necesita elevar su productividad.

Pero nuevamente el problema no está en el diagnóstico sino en la explicación.

En su conferencia, la productividad aparece casi exclusivamente como una consecuencia de la inversión pública. Es una visión sorprendentemente estrecha. La productividad depende también de la innovación, la difusión tecnológica, la calidad institucional, el aprendizaje empresarial, el financiamiento, la educación, la investigación científica y la capacidad del Estado para coordinar inversiones estratégicas.

Reducir ese proceso a una sola variable facilita la exposición. Pero, difícilmente basta para explicar el desarrollo económico de un país.

La deuda

También existe un amplio consenso en que la deuda pública no puede crecer indefinidamente.

Lo discutible es convertir un nivel cercano al sesenta por ciento del PIB en una frontera casi natural entre la estabilidad y la crisis. No existe una teoría económica que otorgue a ese número un significado especial. La sostenibilidad de la deuda depende del crecimiento económico, del costo financiero, de la composición de la deuda, de sus vencimientos, de la moneda en la que está denominada, de la capacidad recaudatoria del Estado y de la credibilidad de la política fiscal.

Una vez más, un fenómeno complejo termina reducido a una regla sencilla.

El problema no son los datos

Podrían discutirse algunos recursos gráficos de la presentación o la manera en que se construyen ciertas series. No vale la pena detenerse ahí. El problema no está en las gráficas sino en el método. Una y otra vez la conferencia sigue el mismo patrón: reconoce un problema real y enseguida construye una explicación que termina señalando en la misma dirección: las decisiones presupuestales, regulatorias o distributivas que Pedro Aspe considera equivocadas. Para que esa conclusión resulte convincente es necesario simplificar procesos históricos, reducir fenómenos multidimensionales a una sola causa y, en ocasiones, convertir en anomalías consecuencias de un paradigma económico que el propio Pedro Aspe ayudó decisivamente a construir.

No se trata de sostener que los gobiernos recientes estén exentos de responsabilidad. Ningún gobierno lo está. Algunas de sus decisiones podrán resultar acertadas y otras no. Lo que resulta discutible es convertirlas en la explicación casi exclusiva de problemas cuya gestación es mucho más larga y cuya naturaleza es bastante más compleja.

Ésa fue también, me parece, la principal limitación del diagnóstico de 1994. No consistió únicamente en no anticipar una crisis. Consistió en confiar demasiado en un modelo que sólo podía explicar aquello para lo que había sido diseñado. Treinta años después ocurre algo parecido. El modelo ha cambiado de tono: antes veía estabilidad donde se estaba acumulando una crisis; hoy encuentra en casi cualquier problema la confirmación de las decisiones que más desaprueba. En ambos casos el problema no radica en el sentido del diagnóstico —antes demasiado optimista, ahora demasiado pesimista— sino en los límites del instrumento analítico.

La ironía es difícil de pasar por alto. En el intento por atribuir a los gobiernos de la Cuarta Transformación prácticamente todos los males de la economía mexicana, Pedro Aspe termina criticando algunas de las consecuencias más visibles del paradigma económico que él mismo ayudó a construir: la insuficiencia de la inversión pública, la limitada capacidad del Estado para impulsar el desarrollo productivo y una concepción del crecimiento excesivamente estrecha. Son problemas reales y urgentes y que no se resuelven en el corto plazo. Además, para resolverlos habrá que hacer algo más difícil que señalar al adversario político de turno. Habrá que revisar críticamente las ideas con las que México ha pensado su desarrollo durante los últimos cuarenta años. Entre esas ideas, las de Pedro Aspe ocupan, sin duda, un lugar central por la influencia que han tenido —y siguen teniendo— en importantes círculos empresariales, financieros y de formulación de política económica. Precisamente por esa influencia, ha llegado el momento de someterlas a un examen más crítico.