Con pago de 17,000 millones de dólares, Zuckerberg evita juicio

El histórico juicio en contra Mark Zuckerberg, cofundador, presidente y director ejecutivo (CEO) de Meta Platforms, acusado por 41 estados de la Unión Americana por el presunto diseño deliberado de sus redes sociales Instagram y Facebook, para fomentar la adicción compulsiva entre niños y jóvenes, quedó repentinamente truncado por el inédito acuerdo por 17,000 millones de dólares alcanzado entre Meta y los fiscales para evitar el litigio.

Este pacto judicial corta de tajo el juicio federal que se realizaría en un tribunal federal de Oakland, California, en el que se preveía que el propio Mark Zuckerberg e importantes directivos de Meta subieran al estrado a declarar bajo juramento. Se trata del pago de un peaje corporativo para blindar a sus más altos ejecutivos y “sepultar” información que resulta devastadora para el negocio de la atención.

Además de la imputación por la presunta adicción, la empresa encabezada por Mark Zuckerberg estaba acusada de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés) al recopilar datos de infantes sin ningún consentimiento, lo que amenazaba al CEO de Meta Platforms enfrentar hipotéticas multas de hasta 1.4 billones de dólares.

Si bien el acuerdo pactado por 17,000 millones de dólares resulta, a primera vista, un monto elevado, la realidad es que resulta ser una alternativa “barata” al dimensionar la conveniencia del arreglo, ya que dicha cifra representa un porcentaje menor de las utilidades de Meta. El tope del acuerdo equivale aproximadamente al 27% de las ganancias netas de la empresa de Zuckerberg en un año (registrando cerca de 60,000 millones de dólares de beneficio neto sobre 200,000 millones en ingresos durante 2025).

Además, el desembolso total está proyectado para distribuirse a lo largo de 10 años, lo que, en la práctica, diluye el impacto financiero anual a niveles perfectamente absorbibles para la firma, neutralizando un riesgo litigioso que, de acuerdo con analistas, amenazaba con multas multimillonarias

El núcleo de la demanda contra la empresa de Zuckerberg penalizaba el diseño de las plataformas, la arquitectura de la interfaz: el scroll infinito, los sistemas de notificaciones intrusivas y la supresión deliberada de métricas visibles para generar dinámicas idénticas a las de los juegos de azar.

Durante las audiencias previas al acuerdo, testimonios clave como el del exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Béjar, confirmaron lo que investigaciones periodísticas -desde los Facebook Files en 2021- venían señalando: la cúpula directiva priorizó las métricas de retención sobre el bienestar psicológico infantil. Béjar sentenció en el tribunal: “Si los usuarios se alejan del producto, no ganan dinero”.

Un cambio automático y obligatorio de las funciones adictivas habría tumbado el tráfico de usuarios y, por consecuencia, la cotización de la empresa en la bolsa, por lo que el desembolso de 17,000 millones de dólares durante a lo largo de una década, era la alternativa más “barata” para el CEO de Meta Platforms.

El acuerdo estipula, además, cambios de diseño técnico profundos para proteger a los menores de 18 años, como la activación por defecto de límites diarios de uso de dos horas, bloqueos nocturnos entre la medianoche y las 6:00 horas, y restricciones de notificaciones push (mensajes automáticos) en horario escolar.

Al firmar el cheque, Meta esquiva el escrutinio público, no admite ninguna responsabilidad legal y evita un veredicto definitivo que fijara un precedente judicial directo. No obstante, el blindaje no es absoluto, ya que, el estado de Florida rechaza el acuerdo masivo al calificarlo como “peanuts” (cacahuates) frente al daño provocado y eligió seguir el camino hacia el juicio. En tanto, tribunales locales de estados como Nuevo México o juicios individuales en California ya han impuesto condenas previas por negligencia y daños a la salud mental.

El monto de 17,000 millones de dólares es una cifra récord para el ecosistema tecnológico, sin embargo, no representa un castigo ejemplar; es el costo financiero calculado para que el motor de extracción de atención de Meta siga operando bajo sus propias reglas, lejos de los banquillos de los acusados.

Por cierto, México no cuenta con una ley aprobada ni con una política pública integral consolidada que regule de manera directa el diseño adictivo de las redes sociales o sancione el uso de algoritmos persuasivos. El marco normativo mexicano se encuentra en una etapa de transición y debate político.

Aunque la adicción digital se reconoce mediáticamente y en foros de salud mental, el Estado mexicano ha respondido hasta ahora principalmente con recomendaciones informativas y restricciones dentro del entorno escolar.

Hasta hace unas semanas, el gobierno mexicano impulsó un debate nacional para definir lineamientos a finales del presente mes (agosto), cuyo primer objetivo es restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos en las escuelas de educación básica. Si bien es una medida que ataca la exposición durante la jornada escolar, no regula el funcionamiento de los algoritmos ni la responsabilidad corporativa fuera del aula.

En tanto, las diversas bancadas parlamentarias han presentado proyectos de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para exigir edad mínima de acceso -propuestas que van de los 14 a los 16 años- y requerir consentimiento parental. Se trata de iniciativas de ley que no han sido votadas en el pleno y que aún carecen de mecanismos técnicos definidos para obligar a las plataformas a validar la edad de los usuarios sin vulnerar sus datos personales.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha emitido guías para familias donde sugiere limitar notificaciones, establecer horarios de pantalla y buscar atención psicológica especializada ante cuadros de adicción. Como se puede observar, se trata enfoque es fundamentalmente “voluntario” y orientativo que traslada la carga de la gestión tecnológica a los padres de familia sin imponer restricciones legales a los gigantes tecnológicos transnacionales.

El desafío para México no consiste en restringir los dispositivos en el salón de clases, sino en auditar y sancionar el código algorítmico que comercializa la atención de los adolescentes. Para dejar de lado las recomendaciones pasivas, el gobierno mexicano podría adoptar y adaptar las regulaciones europeas -particularmente la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA)- que representan el marco regulatorio más firme y completo del mundo frente al diseño adictivo y el poder de las grandes tecnológicas. La pelota está en la cancha del gobierno de la república.