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Morena: fueron más corruptos
José Fonseca | Café político
Al anunciar el Gobierno de auditar las licitaciones otorgadas por el INE desde el año 2000 y la posibilidad de ir más atrás en las averiguaciones que hará la Auditoría Superior de la Federación sobre las irregularidades del proceso por el cual se entregaron parece escogieron enfrentar así la crisis del INE.
El INE – antes IFE- pasa por la peor crisis en sus 30 años desde que lo creó la reforma electoral de 1996, la cual, al dar a la ciudadanía el control de las elecciones el día de los comicios e hizo que las decisiones del instituto obligadamente fueran colegiadas y se logró que, por primera vez se confiara en la limpieza de las elecciones.
La ASF podrá revisar compras y licitaciones ad nauseam, pero a quien esto escribe le parece que el Gobierno y su partido no quieren entender que el quid del problema es el daño que la corrupción descubierta en el INE fue a la credibilidad en la limpieza de las elecciones. Entiendo la dificultad para lograrlo, pero estoy seguro de que el peor camino es repartir la culpa, al estilo de Fuenteovejuna.
Evaluación del personal del Poder Judicial
Durante los días 1, 4, 8 y 15 del próximo diciembre al Órgano de Administración Judicial aplicará una evaluación de desempeño al personal de carrera del Poder Judicial de la Federación, incluidos secretarios, actuarios y oficiales, el cual, por ahora dicen que tendrá únicamente diagnóstico, sin explicar qué sigue, que harán con quienes no pasen la primera evaluación.
Aunque es cierto que explican que el objetivo es fortalecer la excelencia y eficacia en la impartición de justicia mediante la medición de conocimientos y conducta profesional y afirman que habrá capacitación, pero que no habrá afectaciones laborales inmediatas en la permanencia del personal.
Que no haya afectaciones inmediatas sugiere que en el futuro las habría, lo cual encajaría con las decisiones tomadas por el Órgano de Administración Judicial, tanto las de austeridad que afecta el funcionamiento de juzgados y tribunales en toda la República y en no pocos casos a recortes de austeridad franciscana que embonan con la reducción de gasto que es política oficial.
VIVIENDA
Desde hoy hasta el 17 de noviembre, el Congreso de CDMX establece mesas de trabajo para pulsar las opiniones sobre la iniciativa de la Ley de Relaciones Inquilinarias, Rentas Justas, Razonables y Asequibles presentada por el Gobierno capitalino que acota las rentas y establece reglas que modifican las condiciones para los propietarios y han despertado inquietudes ciudadanas.
Los propietarios de inmuebles se quejan porque hay propuestas en el Congreso de CDMX de quienes están a favor de la iniciativa y proponen que los contratos de alquiler tengan duración de cinco años y las reglas por los llamados “predios ociosos” que amagan con quienes incumplan con ellas puedan perder sus propiedades, las cuales serían subastadas.
En cuanto a límite a la rentas, en este espacio se ha escrito que, pese a las negativas oficiales, la iniciativa de rentas justas tiene todas las características de una congelación de rentas, una pésima experiencia que durante 82 años hizo del Centro Histórico un espectáculo de edificios en ruinas, hasta que lo resolvió en 2006 el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
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