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El laberinto del 2027
Alberto Aguirre | Signos Vitales
Las ligas con la corrupción —más que la promesa de una democracia plena— expulsaron al PRI de Los Pinos, pero también a los panistas. La cúpula morenista, salpicada por el huachicol y por lo que han denominado la mafia electoral sabe que esa misma asociación podría sacarla de Palacio Nacional.
En el frente opositor, después del fracaso del 2024, hay pocos incentivos para que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano puedan concretar una alianza electoral. Junto con SOMOS son partidarios de sacar a la izquierda del poder, castigar los casos de corrupción y reinsertar a México en el plano internacional.
La lucha por el poder tiene un capítulo decisivo en el INE. La 4T es reacia a abrir un diálogo con la oposición para reinstalar la confianza en el aparato electoral y —por el curso de los acontecimientos— optaría por un relevo absoluto en la herradura de la democracia, si el bloque minoritario mantiene la misma actitud que tuvo con Guadalupe Taddei.
El estilo excesivamente agresivo de los Ejecutivos morenistas, que desacredita a los adversarios hasta la ignominia, erosiona la confianza ciudadana. Al final de la historia, las actitudes gangsteriles inhiben la participación ciudadana en las urnas y no solo porque tienen un discurso escandaloso que insulta a sus opositores, a la prensa y a cualquiera que discrepe con ellos.
La identidad partidista, en caída libre. El espacio para la irrupción de liderazgos ciudadanos estaría abierto, aunque la gente reacciona con entusiasmo cuando emergen personajes desfachatados y lenguaraces. Los políticos tradicionales han dejado de ser interesantes para los electores, pero tampoco los gobernantes broncudos animan.
Si se cree que el voto cambia poco, la inconformidad puede convivir con la resignación. La falta de representación profundiza el problema: las personas necesitan respuestas sobre su seguridad, su trabajo y sus hijos, pero difícilmente se reconocen en una conversación ocupada por nombres, puestos y acuerdos partidistas.
Para el 2027, entre la inconformidad y la resignación, los votantes de una decena de estados de la República deberán decidir si atienden la convocatoria a las urnas, dentro de siete meses. Sinaloa comparte la misma problemática de inseguridad que Zacatecas, Guerrero, Colima, Michoacán, Chihuahua y más recientemente Nayarit, San Luis Potosí o Tlaxcala. Los escenarios construidos a partir de las encuestas disponibles son ominosos en ese bloque de entidades, que comparten la característica de haber elegido a morenistas, en 2021, que ahora están entre los mandatarios peor evaluados.
A pesar con los malos gobernantes, apenas una cuarta parte de los probables votantes expresa abierta su intención de votar contra Morena. ¿Por qué se opta por ocultar el hartazgo en vez de expresar el voto bronca en esas entidades? ¿Acaso es un desaire a las oposiciones o más bien, un desprecio al ecosistema partidista?