¿Justicia social?

Cambiemos el liderazgo del mundo, una persona a la vez

¿Cuánto cuesta ejercer un derecho?

Imaginemos a una trabajadora que recibe su pago y, antes de llegar a casa, ya ha distribuido casi todo. En la mente, ya no queda nada por distribuir: Aparta la renta, el transporte, la comida y aquello que necesita su hijo para la escuela. Guarda una cantidad pequeña por si su madre se enferma. Cuando alguien le propone continuar estudiando, hace otra cuenta. La inscripción quizá sea posible; el tiempo y el cuidado de su familia todavía no.

La escena es hipotética y me interesa porque permite mirar una pregunta que desaparece cuando hablamos de oportunidades como si estuvieran igualmente disponibles. Esta mujer trabaja, cuida y organiza. Su esfuerzo existe. También existe una distancia entre lo que puede desear y lo que sus condiciones le permiten elegir.

En “¿Sabemos dialogar cuando tenemos el poder?”, Luis Velasco Lafarga nos invitó a crear condiciones para que una diferencia pudiera expresarse e influir en una decisión. En “Fallo Sistémico”, escuchar a Jorge Guerrero Aguirre modificó mi propia interpretación del país y nos llevó a mirar las capacidades que necesitamos fortalecer. Hoy, con Tomás Natividad, aquella conversación llega a una prueba cotidiana. ¿Qué cambia en la vida de una persona cuando logramos escucharnos y hacer que nuestras instituciones respondan?

En el tercer episodio de esta segunda temporada de (p) palabra de líder conversé  sobre justicia social con Tomás Natividad, abogado laboralista formado en la Escuela Libre de Derecho. Su experiencia en el diálogo entre empresas, sindicatos y gobierno nos llevó a revisar una tensión que atraviesa el recorrido. ¿Cómo se convierte la dignidad que reconocemos en condiciones que permitan vivirla?

Tomás vinculó la justicia social con una convivencia pacífica y solidaria. Recupero esa mirada porque amplía la conversación más allá del ingreso. Una persona necesita recursos, protección y un lugar donde su diferencia sea reconocida. Mi pregunta como desarrollista humano es si nuestras decisiones permiten construir esa vida.

Desde mi mirada humanista, la justicia social exige que los derechos puedan ejercerse, que el trabajo permita construir futuro y que las reglas protejan también a quien tiene menos poder. Su prueba comienza en la experiencia de una persona. Allí donde una disposición legal encuentra una puerta, una jornada, un salario o una respuesta.

Salir de la pobreza, entrar a la vida

La palabra pobreza puede hacernos imaginar que todo se resuelve con un ingreso mayor. El dinero importa de forma relevante, pero una familia puede mejorar su presupuesto y seguir enfrentando dificultades para recibir atención sanitaria, aprender o contar con protección o cobertura ante una contingencia. Por eso México mide también las carencias sociales.

El INEGI estimó para 2024 una pobreza multidimensional de 29.6%, frente a 36.3% en 2022, y 7 millones de personas en pobreza extrema. La mejora merece reconocimiento. Al volver sobre nuestra conversación, estas cifras precisan las magnitudes que mencionamos de memoria. Esa medición reúne ingreso insuficiente y al menos una carencia social. La pobreza extrema añade una exigencia más severa, ingreso por debajo de la canasta alimentaria y tres carencias o más. La pobreza moderada comprende a quienes están en pobreza multidimensional sin cumplir los criterios de ser extrema.

Hay además población vulnerable por ingresos, sin carencias registradas, y población vulnerable por carencias, con ingreso por encima de la línea correspondiente. Este último grupo representó 32.2% en 2024. Son categorías distintas que ayudan a comprender por qué superar una línea monetaria puede dejar necesidades pendientes. La medición incluye educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación nutritiva y de calidad.

En “Desarrollo y libertad”, Amartya Sen propone mirar el desarrollo desde las libertades reales de las personas. Esa perspectiva me devuelve a nuestro caso inicial de una trabajadora cuidadora. Un aumento amplía su presupuesto, pero estudiar o recibir atención también requiere tiempo, cuidados y servicios accesibles. Desde mi mirada, la justicia social debe preguntarse qué vida puede construir con los recursos y las oportunidades disponibles.

La pobreza por ingresos observa la suficiencia del ingreso frente a una canasta. La multidimensional agrega el ejercicio de derechos sociales. La pobreza laboral pregunta algo más específico, si el ingreso del trabajo de un hogar, distribuido entre sus integrantes, alcanza para la canasta alimentaria. Las tres miradas permiten evaluar intervenciones diferentes.

En el segundo trimestre de 2026, el INEGI situó la pobreza laboral en 31.9% de la población. No significa que esa proporción de trabajadores gane menos del mínimo. El indicador incluye a quienes dependen de los ingresos laborales del hogar y deja fuera otras fuentes, como transferencias. Tampoco mide por sí mismo todo lo necesario para vivir dignamente.

Las distinciones evitan respuestas apresuradas. Un apoyo económico puede aliviar una necesidad inmediata; una escuela accesible puede ampliar oportunidades duraderas; la protección social puede reducir la fragilidad frente a una enfermedad. La justicia social requiere comprender qué dificultad enfrenta cada persona y qué responsabilidad corresponde a cada institución.

En la columna anterior, Jorge nos invitó a mirar el código postal. Recupero esa imagen porque el lugar donde nacemos o vivimos influye en las opciones disponibles. La disposición personal necesita encontrarse con una oportunidad posible. Pedir esfuerzo sin examinar esa relación deja fuera una parte decisiva de la historia.

Un salario que también permita un mañana

Como empresario, esta reflexión me lleva directamente a la nómina. Allí aparecen nombres y cantidades; detrás de cada renglón hay una vida que se organiza alrededor de ese ingreso. Una decisión salarial alcanza la mesa familiar, los estudios, los cuidados y la posibilidad de prever el futuro. En la mayoría de los casos, esas decisiones, no miran el fondo de su impacto social, solo lo financiero

El salario mínimo general de 2026 es de 315.04 pesos diarios; en la Zona Libre de la Frontera Norte, de 440.87. Que se haya logrado incrementar  el salario mínimo es un avance relevante. Sin embargo, cumplir el piso legal y comprobar la suficiencia de una remuneración para una vida digna son preguntas que debemos examinar juntas.

La Constitución, en su artículo 123, vincula el salario mínimo con necesidades materiales, sociales y culturales de una familia y con la educación obligatoria de sus hijos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone estimar el salario vital considerando las necesidades de las personas trabajadoras y sus familias, el contexto del país y las horas normales de trabajo. Esa referencia exige información fiable sobre costos de vida y condiciones económicas.

No existe aquí una cantidad universal que pueda aplicar indistintamente a cada hogar y territorio. Tampoco basta comparar un salario individual con una canasta por persona sin considerar cuántos integrantes dependen del ingreso familiar. Necesitamos revisar supuestos, prestaciones, jornadas, estabilidad y capacidad económica de la organización, con participación de quienes trabajan.

Tomás propuso vincular un salario justo con la productividad y la permanencia del empleo formal. Cuando añadió esa dimensión económica, yo incorporé la calidad de vida de las personas. Me interesa conservar ambas preocupaciones. La viabilidad de la empresa y la suficiencia del ingreso necesitan una conversación explícita sobre cómo se produce y comparte la riqueza.

En el episodio también revisamos la UMA (Unidad de Medida y Actualización). El INEGI la define como referencia económica para calcular obligaciones previstas en las leyes. Conviene distinguirla del salario y de la inflación. Su existencia no permite afirmar que todos los créditos de vivienda se calculen igual ni que desaparezcan sus intereses.

Hay una pregunta particularmente incómoda: ¿Qué tan suficiente es una remuneración si para sostener la vida obliga a renunciar continuamente al descanso, a la convivencia o al aprendizaje?

La organización del trabajo también distribuye posibilidades. Un horario previsible permite acordar cuidados. Una capacitación, formación o educación accesible abre una trayectoria. Un contrato claro y la protección social dan mayor certeza. Las compensaciones necesitan ser comprensibles y revisables; el reconocimiento afectuoso gana congruencia cuando se acompaña de estas condiciones.

En la primera temporada del podcast (p) palabra de líder conté cómo cuestionar nuestra manera de dirigir nos llevó a revisar salarios, horarios, bienestar y desarrollo personal. Esa experiencia me ayuda a reconocer que el cuidado requiere decisiones y recursos. No demuestra que hayamos resuelto todos los problemas. Me recuerda que la congruencia se revisa continuamente, sobre todo cuando la organización atraviesa dificultades.

También importa cómo se distribuye el valor. Según la ENIGH 2024, el ingreso corriente promedio de los hogares del decil superior fue catorce veces el del inferior; en 2016 la relación era de veintiuna veces. Es una reducción relevante y una diferencia todavía amplia. Se trata de ingreso de hogares, con componentes monetarios y no monetarios, no de patrimonio ni de una comparación entre salarios de puestos equivalentes.

En “El precio de la desigualdad”, Joseph Stiglitz examina cómo las reglas económicas y el poder político influyen en la distribución. Su análisis parte de Estados Unidos; lo recupero como una pregunta para nuestra práctica empresarial en México. ¿Cómo compartimos las oportunidades y el valor que producimos? La prosperidad regenerativa exige criterios transparentes para que la continuidad del negocio amplíe la capacidad de vivir de quienes lo hacen posible.

La regla necesita llegar a la persona

La justicia social también se juega cuando alguien necesita reclamar lo que le corresponde. Pensemos en una persona que enfrenta un pago incumplido o un despido que considera injusto. Puede tener razón y, aun así, temer el costo de iniciar un procedimiento, perder tiempo o exponerse. Entre conocer un derecho y lograr su protección hay un trayecto que debemos cuidar.

El Estado de derecho es un orden institucional, no una cualidad privada que cada persona posea. En la dimensión personal se vive mediante protección, debido proceso y acceso a una respuesta. En la dimensión colectiva se sostiene con reglas públicas, autoridades sujetas a límites e instituciones capaces de exigir cumplimiento sin privilegios.

Al preguntar si las personas trabajadoras están protegidas, Tomás distinguió la legislación de su cumplimiento. Su diagnóstico fue contundente. «El problema es que no se aplica». Escucharlo me llevó a volver al episodio anterior. Un sistema puede reconocer derechos y fallar en la relación que debería hacerlos efectivos.

El artículo 17 constitucional reconoce el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Su realización necesita capacidades concretas. Desde esa garantía, mi pregunta es qué obstáculos materiales impiden aprovechar la protección de los tribunales.

La reforma constitucional de 2017 y la legislación de 2019 trasladaron la justicia laboral a tribunales del Poder Judicial, establecieron instancias de conciliación y reforzaron la democracia sindical. Tomás destacó el valor de conciliar. Yo añadiría una condición para evaluar ese avance, que el acuerdo sea informado, respete los derechos y permita decidir libremente. Llegar a un arreglo requiere cuidar la desigualdad entre quienes negocian.

La ENVIPE 2026 estimó que 93.4% de los delitos ocurridos en 2025 no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Esta cifra negra no es una tasa de impunidad judicial ni comprende todos los conflictos civiles o laborales. Describe una brecha enorme entre los delitos sufridos y su entrada al proceso de investigación.

Para una familia, esa distancia puede convertirse en miedo, gasto y cambios de rutina. Para un negocio, puede afectar las decisiones de operar o invertir. La protección de la integridad y del patrimonio forma parte de las condiciones necesarias para estudiar, trabajar y participar en la comunidad.

Cumplir la ley también exige algo de nosotros. Como ciudadanos y empresarios debemos revisar nuestras propias excepciones, los favores que solicitamos y los incumplimientos que toleramos cuando nos benefician. Esa responsabilidad no libera al Estado de garantizar derechos. Permite que nuestra exigencia pública tenga una práctica congruente.

La justicia necesita proteger al trabajador y a la empresa que cumple, a la comunidad y a cada persona. Una regla pierde legitimidad cuando su aplicación depende de la cercanía con quien decide. Y una organización deteriora su cultura cuando exige puntualidad en los compromisos ajenos mientras vuelve negociables los propios.

La confianza se aprende en una respuesta

En la primera columna de este ciclo nos preguntamos cuánto cuesta hablar con libertad. En la segunda, qué ocurre cuando una institución cumple su procedimiento y la persona sigue sin encontrar una respuesta. La justicia social reúne esas inquietudes. Una inconformidad necesita poder expresarse y encontrar un cauce que proteja derechos. La confianza crece cuando esa respuesta puede explicarse y revisarse.

La ENCIG 2025 encontró mucha o algo de confianza en familiares en 84.8% de la población estudiada, frente a 34.1% en el Ministerio Público o las fiscalías estatales. La encuesta comprende personas adultas de ciudades de cien mil habitantes o más. No representa indistintamente a toda la población mexicana ni mide la eficacia judicial.

La diferencia invita a pensar en el lugar donde buscamos respaldo. La familia puede sostenernos de maneras extraordinarias. También puede terminar absorbiendo dificultades que requieren servicios e instituciones. Cuando una persona necesita recurrir a una amistad para conseguir atención o resolver un trámite, conviene preguntarnos qué respuesta debería recibir sin esa intermediación.

Mi interpretación es que la confianza institucional se fortalece cuando el trato es respetuoso, la regla se entiende, el compromiso se cumple y existe una vía para corregir. Pedir confianza supone hacerse confiable. Para quien dirige, eso incluye reconocer límites y responder por los errores.

La empresa familiar vive una prueba semejante. Un apellido puede aportar historia y compromiso; las oportunidades de trabajar, aprender o crecer necesitan criterios accesibles para quienes no lo llevan. Los acuerdos familiares y las decisiones laborales requieren claridad para cuidar tanto el vínculo afectivo como los derechos.

La justicia distributiva pregunta qué oportunidades y beneficios compartimos. La procedimental pregunta cómo decidimos. La dimensión del trato pregunta si preservamos la dignidad al hacerlo. Propongo revisar las tres juntas, porque una cantidad aparentemente justa puede perder legitimidad si se asigna arbitrariamente o se acompaña de humillación.

La esperanza necesita compromisos

Tomás propuso retomar el diálogo entre empresariado, sindicatos y gobierno. Su invitación recoge el ambiente dialogal que trabajamos con Luis y lo lleva a las relaciones entre sectores que examinamos con Jorge. Escucharnos adquiere aquí una responsabilidad concreta, acordar condiciones de trabajo y protección que mejoren la vida. Desde mi mirada, esos acuerdos deben incluir la voz de quienes viven sus consecuencias y producir compromisos que puedan revisarse.

La justicia social nos devuelve a una responsabilidad compartida. El gobierno debe garantizar derechos y servicios evaluables. La empresa debe cumplir sus obligaciones y producir valor con condiciones dignas. La sociedad civil puede acompañar, vigilar y ampliar capacidades. La cooperación necesita responsabilidades identificables para que nadie termine ocupando indefinidamente el lugar de otro.

La filantropía consciente puede aliviar y transformar realidades. Como participante en proyectos sociales, entiendo el valor de una respuesta oportuna. También debemos preguntarnos qué condiciones harían menos necesaria esa ayuda. La generosidad crece cuando escucha a la comunidad y fortalece su autonomía.

Desde el Humanismo Mexicano Regenerativo, propongo comenzar con una decisión que esté a nuestro alcance. En casa, revisar cómo distribuimos cuidados y oportunidades. En la empresa, escuchar qué condición vuelve precaria una vida y acordar una mejora viable, con seguimiento. En la comunidad, exigir respuestas públicas y participar en su evaluación.

Nuestra trabajadora vuelve a casa con sus cuentas hechas. La justicia social debería permitirle algo más que llegar al final del día. Que pueda cuidar sin desprotegerse ella misma, aprender sin abandonar a su familia y reclamar un derecho sin temer que hacerlo empeore su situación.

En ese futuro también caben empresas sostenibles, instituciones confiables y familias con capacidad de elegir. El liderazgo humanista comienza por hacerse cargo de uno mismo y alcanza su dimensión pública cuando transforma las condiciones que compartimos.

Tomás cerró con una idea que nos compromete. «La justicia social se construye en todos sus niveles, desde la base hasta la cabeza. No se promete ni se compra». La recibo como una invitación a pasar de la intención a una práctica sostenida.

¿Qué derecho de otra persona depende hoy de una decisión que sí está en mis manos?

Referencias

INEGI. Pobreza multidimensional 2024. Publicación de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf

INEGI. Pobreza laboral, segundo trimestre de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pl/

CONASAMI. Salarios mínimos vigentes en 2026. https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2026?idiom=es

OIT. Salarios vitales. https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/salarios/salarios-vitales

Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17 y 123. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

INEGI. ENIGH 2024. Resultados nacionales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enigh/ENIGH2024.pdf

INEGI. ENVIPE 2026, delitos ocurridos en 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2026/

INEGI. ENCIG 2025. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf

INEGI. Unidad de Medida y Actualización. https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

STPS. Reforma del sistema de justicia laboral, 2017. https://www.gob.mx/stps/es/articulos/reforma-del-sistema-de-justicia-laboral?idiom=es

DOF. Reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019

Palabra de Líder. Justicia social, temporada 2, episodio 3. Transcripción por hablantes proporcionada por el autor, duración 53:35. Pasajes 19:15, 23:24–24:13, 39:23–40:02, 45:27–47:07 y 51:30.

Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Marco sobre libertades y capacidades; ficha editorial de Development as Freedom, Vintage, 2000. https://www.penguinrandomhouse.com/books/163962/development-as-freedom-by-amartya-sen/

Stiglitz, Joseph E. El precio de la desigualdad, 2012. Extracto de The Price of Inequality alojado en la Universidad de Toronto, pp. 4–5; análisis referido a Estados Unidos. https://www.economics.utoronto.ca/munro5/StiglitzInequalityJun2012.pdf

Y… recuerda, liderar no trata de dirigir, se trata de humanizar.

*El autor es Doctor en Desarrollo Humano por la Universidad Motolinía del Pedregal; Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana; Master Ejecutivo en Liderazgo Positivo Estratégico por IE Business School y Licenciado en Comunicación Gráfica. Presidente del Consejo de Administración de Vitalmex, Liderálity, Indômito y otras empresas; Presidente del Patronato de la fundación Lilo México;  empresario, docente, consejero sistémico estratégico, padre de familia y columnista en El Economista.