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Inversión extranjera récord: la confianza se construye en casa

OpiniónEl Economista

México recibió 34,968 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2026, el monto más alto para un periodo similar desde que existe registro, en términos de la información que nos proporciona la Secretaría de Economía. A primera vista, es una noticia positiva: la IED creció 2.1% anual y prácticamente se ha duplicado en cinco años. Pero el monto total cuenta sólo una parte de la historia: 88.5% correspondió a reinversión de utilidades, mientras que las nuevas inversiones representaron apenas 7.8% del total, equivalentes a 2,726 millones de dólares.

La reinversión es una señal positiva. Empresas que ya operan en México están decidiendo mantener sus recursos en el país. Esto no debe interpretarse como una inversión de menor calidad. Al contrario, significa que compañías extranjeras generaron utilidades y optaron por destinarlas nuevamente a sus operaciones, en lugar de distribuirlas. Es una señal relevante de permanencia y confianza de quienes ya conocen el mercado mexicano.

Sin embargo, la reinversión de utilidades, como categoría estadística, no permite saber qué proporción de esos recursos terminó financiando nueva capacidad productiva, como maquinaria, equipo, ampliaciones o infraestructura. Tampoco debe confundirse la decisión de permanecer con la decisión, más exigente, de traer capital nuevo o iniciar un proyecto desde cero.

Por eso, para entender qué está ocurriendo con la inversión en México hay que mirar su composición y confrontarla con otros indicadores, como la formación bruta de capital fijo (FBCF). Mientras la IED registra los flujos de inversión extranjera directa, la FBCF permite aproximarnos a la acumulación de activos productivos. Los datos disponibles para el primer trimestre de 2026 no ofrecen una señal alentadora: la FBCF cayó 3.0% anual; dentro de ella, la inversión privada disminuyó 4.5%, mientras la pública aumentó 6.7%. Además, la inversión total representó 21.2% del PIB, su menor proporción desde el segundo trimestre de 2021, de acuerdo con México, ¿cómo vamos?

La aparente contradicción merece atención. México capta una IED récord mientras la inversión productiva en su conjunto todavía muestra debilidad. No es posible atribuir mecánicamente esta divergencia a una sola causa ni afirmar, sólo a partir de las cifras agregadas, que existe una relación causal directa entre los cambios institucionales y la menor inversión nueva. Pero la composición de los flujos sí es compatible con una conducta de cautela: las empresas instaladas permanecen y reinvierten, mientras que el capital nuevo avanza con mayor reserva.

La composición sectorial agrega otro matiz. En el primer trimestre de 2026, las manufacturas concentraron 41.2% de la IED, seguidas por los servicios financieros con 29.0% y la minería con 12.9%. La construcción recibió 6.2% y el transporte 3.9%, mientras que electricidad, agua y gas apenas representaron 0.3%.

La concentración manufacturera es muy relevante para México, cuya política industrial, a través del Plan México, busca profundizar la integración productiva con América del Norte. Pero también conviene observar cuánto de esta inversión amplía efectivamente la capacidad productiva. La productividad ayuda a poner en perspectiva el desempeño económico. En el primer trimestre de 2026 prácticamente no avanzó y, en las actividades secundarias, que incluyen las manufacturas, cayó 1.2% a tasa anual. Esto importa porque la inversión sólo se traduce en mayor crecimiento sostenido cuando permite producir más y mejor con los recursos disponibles. México enfrenta desde hace décadas un problema profundo en este ámbito.

El desempeño de la economía confirma que el récord todavía no se refleja de manera generalizada en la producción. El PIB creció 1.1% anual en el primer semestre de 2026, pero la expansión fue desigual. El comercio mayorista creció 6.7%, la minería 3.8%, la construcción 2.1% y las actividades agropecuarias 2.1%. En contraste, las manufacturas disminuyeron 1.1%. La actividad industrial acumuló un crecimiento nulo en el semestre y la mayoría de las ramas manufactureras registró caídas.

Una inversión puede tardar meses o años en traducirse en producción. Por ello, sería prematuro concluir que el récord de IED no tendrá efectos. Pero también lo sería asumir que el máximo histórico acredita, por sí mismo, un nuevo ciclo de expansión productiva. La cifra debe celebrarse sin convertirla en una lectura complaciente.

La cautela no proviene únicamente del exterior. Es cierto que la revisión del T-MEC, la política arancelaria de Estados Unidos y las negociaciones interrumpidas entre Washington y Ottawa añaden una dosis considerable de incertidumbre. La cuarta ronda bilateral entre México y Estados Unidos, prevista para septiembre en Washington, abordará una agenda compleja que incluye reglas de origen, seguridad económica, automóviles, acero, aluminio, agricultura, trabajo y medios de pago electrónicos.

Sin embargo, el inversionista no separa el riesgo internacional del entorno doméstico. Antes de comprometer capital a largo plazo evalúa también la estabilidad de las reglas, la independencia y capacidad técnica de los reguladores, la protección judicial de los contratos, la disponibilidad de energía y agua, la seguridad pública, la calidad de la infraestructura y la posibilidad de resolver controversias mediante instituciones confiables.

Al inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró a los inversionistas que habría reglas claras y que sus inversiones estarían seguras. Esa señal era necesaria, pero ninguna política de atracción de capital puede descansar exclusivamente en la palabra de una persona, por firme que sea su compromiso. Los gobiernos son temporales; las inversiones productivas, en cambio, se planean a diez, veinte o treinta años. La confianza sostenible exige reglas que sobrevivan a quienes las anuncian.

En ese contexto, la reforma judicial, la desaparición o reconfiguración de órganos autónomos y los cambios posteriores en materias regulatorias y de amparo forman parte del análisis de riesgo que realizan las empresas. El punto no es negar la facultad democrática del gobierno y del Congreso para transformar las instituciones, sino reconocer que concentrar decisiones, reducir contrapesos o modificar vías de defensa puede elevar la percepción de incertidumbre si no se acompaña de mecanismos técnicos, transparentes y previsibles.

Ahí reside una duda que el Plan México debe resolver. El gobierno reconoce que la inversión privada es indispensable para alcanzar sus metas de crecimiento, relocalización y desarrollo regional. Al mismo tiempo, algunas reformas pueden debilitar precisamente las garantías impersonales que permiten comprometer capital sin depender de cercanía política o de acuerdos coyunturales con la autoridad. Las empresas no requieren privilegios ni inmunidad frente a la regulación; requieren saber qué reglas se aplicarán, quién resolverá los conflictos y si esas decisiones podrán revisarse de manera independiente.

La composición de la IED ofrece, por tanto, una advertencia útil. La elevada reinversión habla de la fortaleza de la plataforma productiva construida durante décadas, de la profundidad de las cadenas regionales y de los costos que implicaría abandonar México. La baja proporción de nuevas inversiones, en cambio, invita a preguntar si el país está generando suficientes razones para que lleguen proyectos adicionales. Permanecer no es lo mismo que expandirse, y expandirse no es lo mismo que elegir a México frente a otros destinos.

México también debe observar la estrategia canadiense. Canadá intenta negociar con Estados Unidos desde una posición que combina acceso al mercado estadounidense, fortalecimiento de su economía doméstica, eliminación de barreras internas y diversificación de mercados. La lección para México no es replicar esa estrategia ni distanciarse de su principal socio, sino ampliar su margen de maniobra.

La integración con Estados Unidos es uno de nuestros principales activos por la densidad de las cadenas productivas y una posición geográfica inigualable. Si 53% de la IED proviene de Estados Unidos y Canadá, existe margen para diversificar fuentes de capital sin debilitar la integración norteamericana. Pero diversificar no consiste sólo en firmar tratados o realizar giras de promoción. Requiere ofrecer, dentro de México, condiciones que vuelvan ejecutables los proyectos.

Por ello, el principal interés del país debe ser que el T-MEC sobreviva en los mejores términos posibles y continúe funcionando como marco de certidumbre. Pero el tratado no puede sustituir lo que corresponde hacer en casa. México necesita proyectos claros de infraestructura, energía, agua, logística, talento y proveedores; trámites expeditos; combate efectivo a la corrupción y la extorsión; menores niveles de impunidad, y autoridades capaces de aplicar la ley de manera técnica y consistente.

Los datos son piezas de una misma historia. El récord de IED debe celebrarse, pero también analizarse con cuidado. México no sólo necesita atraer capital; necesita que ese capital amplíe la capacidad productiva, eleve la productividad y fortalezca su posición en Norteamérica. Y para lograrlo no basta con despejar la incertidumbre que viene de Washington. También es necesario reducir la que se genera dentro del país.

Estados Unidos busca cadenas regionales más integradas y menos dependientes de terceros países. México necesita inversión, tecnología y mercados. Existe una coincidencia evidente de intereses. La pregunta es si nuestras instituciones internas estarán a la altura de esa oportunidad.

¿Tiene futuro el T-MEC? Sí, pero su valor dependerá de algo más que su permanencia jurídica. El tratado seguirá siendo útil para México si ofrece certidumbre frente al exterior y si, al mismo tiempo, el país reconstruye confianza desde dentro. La inversión no se sostiene en promesas personales, se sostiene en reglas claras, contrapesos funcionales e instituciones que permanezcan cuando cambian los gobiernos.

*La autora es Directora de InteligenciaMás y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

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