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Entre el grado de inversión y los “otros datos”
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
El Gobierno Federal cuenta solo una parte de la historia cuando da a conocer que la firma HR Ratings tiene algo que decir sobre su nota de la deuda mexicana. Los mercados conocen esa propensión oficial para privilegiar los “otros datos” y difícilmente ponen atención a las comunicaciones oficiales. Claro, como ejercicio de propaganda, esa narrativa sí se incrusta en los titulares de muchos medios que privilegian esa visión sobre la información objetiva.
El reciente recorte de la calificación crediticia de la deuda mexicana por parte de HR Ratings –de “BBB+” a “BBB”– expone de manera cruda esta brecha. Mientras la firma calificadora encendió las luces amarillas sobre el deterioro de las finanzas públicas, la respuesta gubernamental optó por el camino habitual: el triunfalismo, la minimización del riesgo y la narrativa de control.
El diagnóstico de esta firma mexicana no es con ganas de molestar, es el trabajo de estos mensajeros financieros: hay una acumulación de déficits fiscales amplios, un crecimiento económico potencial cada vez más magro y una trayectoria de deuda que amenaza con superar 60% del PIB en los próximos años si no se aplican correcciones estructurales. A esto se suma el lastre de Pemex y su rigidez financiera que seguirá drenando recursos federales.
Frente a esta radiografía, que busca orientar a los tomadores de decisiones en los mercados, pero también alertar a los propios emisores de deuda, el comunicado de Hacienda parecía responder a una realidad totalmente diferente. La dependencia centró su mensaje en celebrar que México “mantiene el grado de inversión”, como si preservar la aprobación mínima fuera un mérito y no el piso básico de estabilidad. No hubo en su boletín una sola línea de autocrítica sobre el déficit presupuestal ni un reconocimiento honesto a los riesgos señalados.
Pero eso es parte del manual de comunicación gubernamental. Cuando Fitch o Moody’s han recortado notas o cambiado perspectivas por la incertidumbre de las reformas constitucionales, además de lanzar los “otros datos”, la respuesta ha llegado hasta el insulto: sesgos metodológicos, advertencias conservadoras o desconocimiento de la transformación democrática, en fin.
Ante este divorcio entre el dato y el discurso la pregunta es: ¿a quién le habla Hacienda? Ciertamente no a Wall Street, ni a los gestores de fondos de inversión, ni a las grandes calificadoras. En los monitores de Bloomberg y en las mesas de negociación, los analistas no leen los boletines de prensa de la Secretaría; leen las métricas del balance público y la curva de rendimientos de los bonos. Ningún inversionista internacional compra deuda soberana con base en los optimistas comunicados oficiales.
La comunicación oficial está diseñada para el consumo político interno. No busca convencer al mercado, sino amortiguar el impacto mediático hacia la opinión pública lo más que sea posible, hasta que sea imposible ocultar las consecuencias.
Porque el problema del autoengaño es que la realidad financiera no perdona. Hacienda puede emitir comunicados festivos, pero el costo de ignorar las advertencias de las calificadoras termina pagándose en dinero real, con tasas de interés más altas y menor margen de maniobra para el gasto social y de infraestructura.