Del Foro a la Norma: La Madurez Legislativa que Exige el Sistema de Salud

En la arquitectura de las políticas públicas, el Poder Legislativo ocupa el asiento del diseñador estructural. Es en los recintos de las Cámaras donde las intenciones políticas y las demandas sociales deben transmutarse en el código fuente que rige la operación del Estado. Sin embargo, al observar la dinámica de las comisiones de salud en el Congreso de la Unión, es frecuente advertir un fenómeno que, si bien nace de una genuina intención de apertura, amenaza con paralizar la verdadera transformación del sector: la ilusión del movimiento a través de la excesiva socialización.

Hablamos de un Congreso que, atrapado en una especie de "foritis aguda", corre el riesgo de confundir el diagnóstico con el tratamiento, y la concientización con la legislación. Para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) alcance los niveles de eficiencia, equidad y calidad que la población demanda, es imperativo que los legisladores den el paso definitivo: llevar el esfuerzo más allá de los foros de socialización y aterrizarlo en la creación de productos legislativos tangibles, rigurosos y presupuestalmente viables, primordialmente a través de Iniciativas de Ley. Si bien hay casos muy bien identificados en los que este esfuerzo de ve bien reflejado tenemos la obligación de ser críticos con quienes aún no lo interiorizan.

El Valor (y el Límite) de la Socialización: Nadie en su sano juicio demeritaría el valor del parlamento abierto. Organizar foros legislativos, mesas de diálogo y simposios dentro de las instalaciones del Senado o de la Cámara de Diputados es un ejercicio democrático fundamental. Estos espacios permiten dar voz a las asociaciones de pacientes, a la academia, a la industria y a los médicos especialistas. Son herramientas invaluables para visibilizar padecimientos desatendidos —como las enfermedades raras— o para posicionar en la agenda pública temas de vanguardia como la salud digital o la convergencia regulatoria.

No obstante, el foro es, por definición, un punto de partida, no la línea de meta. La concientización es el cimiento, pero no levanta paredes. Cuando un legislador invierte la mayor parte de su capital político y su tiempo en organizar eventos para "hacer conciencia", está delegando su responsabilidad principal. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales son excelentes vehículos para la concientización; el legislador, en cambio, tiene un mandato único e indelegable: redactar, cabildear y lograr que sea aprobada la norma jurídica que resolverá el problema discutido en el foro.

Si un foro sobre oncología no deriva en una Iniciativa de Ley que modifique la Ley General de Salud (LGS) para garantizar tiempos máximos de atención, entonces el esfuerzo corre el riesgo de quedar en un mero ejercicio de relaciones públicas.

El Espejismo del Exhorto: En esta misma línea de análisis, es necesario abordar con madurez el papel de los Puntos de Acuerdo y los exhortos. Hay que reconocer su relevancia institucional: son parte del quehacer diario del legislador y funcionan como una válvula de presión política. Un Punto de Acuerdo es un pronunciamiento válido mediante el cual el Congreso hace un llamado de atención a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda, a BIRMEX o a cualquier otro actor del Ejecutivo, para que atienda una crisis de abasto, revise una norma oficial o transparente un proceso de licitación.

Son instrumentos de señalización política necesarios en una democracia. Sin embargo, carecen de fuerza vinculante. Un exhorto no modifica la arquitectura legal del país. No altera los incentivos del mercado, no asigna presupuesto etiquetado y no obliga jurídicamente a la administración pública a cambiar sus procedimientos estructurales. Es, en términos llanos, una llamada a misa.

El gran riesgo operativo para las comisiones de salud radica en la distracción. Cabildear un Punto de Acuerdo puede consumir semanas de debates en comisiones y negociaciones en el pleno, consumiendo una energía legislativa finita. Cuando el Congreso se distrae en demasía emitiendo exhortos que el Ejecutivo puede legalmente archivar, se pierde la ventana de oportunidad para discutir y dictaminar las Iniciativas de Ley que sí generarían un fortalecimiento estructural del Sistema Nacional de Salud.

El verdadero peso específico de un legislador se mide por su capacidad para modificar la Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los ordenamientos fiscales que rigen el financiamiento sanitario. Aquí es donde debe concentrarse el 80% del esfuerzo legislativo si realmente se busca promover la eficiencia del sistema.

Tomemos ejemplos concretos de la agenda nacional. La implementación del Programa Nacional de Prevención y Atención del Cáncer no puede sostenerse a largo plazo sobre la voluntad administrativa del gobierno en turno; requiere un anclaje profundo en la LGS que obligue a la creación de registros nominales interinstitucionales y que etiquete financiamiento específico año con año. Eso solo se logra con una Iniciativa de Ley bien estructurada, con viabilidad financiera dictaminada.

De igual manera, si buscamos optimizar la cadena de suministro y la rectoría sanitaria, el Congreso debe legislar para dotar de agilidad y recursos a los órganos reguladores. Las discusiones sobre la modernización de trámites, la dependencia de terceros autorizados y la evolución hacia esquemas de capacitación e investigación como los que persigue EDUCAPRIS, requieren de un marco jurídico que brinde certeza tanto al servidor público como a la industria regulada. Sin una ley que defina competencias, plazos y responsabilidades, las buenas intenciones administrativas se diluyen en la burocracia.

La eficiencia del Sistema Nacional de Salud, caracterizado históricamente por su fragmentación (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar), no se va a lograr con foros sobre la universalidad de los servicios. Se logrará cuando se apruebe una legislación secundaria que haga obligatoria la interoperabilidad de los sistemas de información, la portabilidad de los expedientes clínicos y la compensación financiera entre subsistemas, eliminando duplicidades y promoviendo acuerdos institucionales sólidos y transparentes.

En este sentido estratégico, es imperativo revalorar y transformar la concepción del "receso legislativo". Históricamente percibido por la opinión pública —y, lamentablemente, por algunos de sus propios actores— como una prolongada pausa de inactividad legislativa, este lapso debe ser, en realidad, el cuarto de máquinas del Congreso. El receso es el periodo natural para la manufactura legislativa.

Es exactamente en estos meses, alejados de la urgencia diaria y el ruido mediático de las sesiones del Pleno, donde los equipos técnicos, los asesores y los propios legisladores deben sumergirse en el análisis profundo. Es el tiempo propicio para la corrida de modelos financieros, el arrastre de lápiz junto a los expertos en farmacoeconomía y la redacción minuciosa de los articulados.

Si el receso legislativo se utiliza verdaderamente como un laboratorio de diseño de políticas públicas, los periodos ordinarios dejarían de ser escenarios de atención a la urgencia política coyuntural o de simple lectura de Puntos de Acuerdo. Por el contrario, se transformarían en lo que constitucionalmente deben ser: el espacio para la discusión productiva, el debate técnico de altura y la dictaminación ágil de proyectos ya madurados. Llegar a septiembre o a febrero con la tarea hecha —con iniciativas de ley cabildeadas, costeadas y técnicamente reforzadas durante el receso— es la diferencia absoluta entre un Congreso reactivo y un Congreso de Estado.

El llamado, por tanto, no es a cerrar las puertas del Congreso al diálogo, sino a profesionalizar el resultado de ese diálogo. Necesitamos ayudar a los legisladores a que pasen de la tribuna a la mesa de redacción técnica.

Crear una Iniciativa de Ley en materia de salud es un ejercicio de alta complejidad. Requiere entender de farmacoeconomía, de derecho administrativo, de patentes, de salud pública y de logística de alta especialidad. Implica un trabajo de arrastrar el lápiz, de negociar con las diferentes Secretarías de Estado el impacto presupuestal, y de alinear incentivos corporativos e institucionales para que la ley sea aplicable en la realidad de un hospital regional y no solo en el papel.

La Presidencia ha delineado objetivos ambiciosos para la consolidación del sistema público de salud. Para que el Ejecutivo pueda ejecutar, necesita que el Legislativo le entregue las herramientas jurídicas correctas.

Es momento de que las comisiones de salud en ambas cámaras continúen la búsqueda de elevar el rigor de su producción legislativa. Menos foros de diagnóstico y más mesas de dictaminación; menos puntos de acuerdo y exhortos, y más iniciativas de ley diseñadas con rigor técnico en los recesos para las próximas décadas. El fortalecimiento del andamiaje legal es la única vía sostenible para transformar las demandas legítimas de los pacientes en derechos plenamente garantizados por el Estado mexicano.

Ese es el verdadero trabajo legislativo; todo lo demás es preludio.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Dwight D. Eisenhower:  “La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”.

*El autor cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, fue socio fundador de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas en salud, salud digital y sostenibilidad. Y actualmente se dedica a la gestión de asuntos corporativos en materia de salud para la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos.