La fila más cara

Una pareja de Toronto compra en enero dos boletos a Cancún. Antes de pagar, la pantalla les muestra el desglose: tarifa aérea, TUA, Derecho de No Residente, IVA sobre casi todo. De cada cien dólares que pagan, 59 no van a la aerolínea sino a impuestos y tasas. A partir de 2027 pagarán 175 pesos más por cabeza. La presidenta dice que son “diez dólares”. Tiene razón en la aritmética y se equivoca en el diagnóstico.

El Paquete Económico 2027, leído con cuidado, es un manual de rentismo. No sube el ISR ni el IVA, pero recorre la Ley Federal de Derechos cobrando más por casi todo lo que el Estado administra: migración, aviación, ferrocarriles, agua, sanidad. El Derecho de No Residente (DNR) pasa de 983 a 1,158 pesos, un 17.8%, después de que Hacienda intentó 35.8% y los hoteleros la frenaron a medias. Con ese aumento, calcula ALTA, un pasajero internacional pagará hasta 191 dólares en cargos por volar a México, ya el país más caro de la región. En vuelos nacionales la proporción es peor: 65% del boleto son cargos. Y el dinero no financia aeropuertos: más de la mitad del DNR va a la Secretaría de la Defensa.

El espectro radioeléctrico cuenta la misma historia con otro protagonista. México cobra por sus bandas móviles entre 88 y 96% más que la mediana internacional, según el extinto regulador, el IFT. AT&T destinaba 17.3% de sus ingresos a derechos de espectro; Telcel, 5.7%. En la última licitación quedaron desiertos 38 de 41 bloques; Telefónica devolvió frecuencias y AT&T acabó vendiendo a Televisa. El Paquete 2027 reduce 12% las cuotas de algunas bandas y congela las de 600 y 700 MHz. Es una confesión tardía: el propio regulador reconoció que un operador necesita 25% del mercado para que el espectro le salga a cuenta. Con la rebaja, el mismo espectro sigue costando casi el doble que en Brasil. La GSMA calcula que, con precios alineados al promedio mundial, cinco millones de mexicanos más tendrían cobertura 4G. Ese es el costo real del rentismo: no se ve en la caja de Hacienda, se ve en los pueblos sin señal.

¿Por qué el Estado aprieta a quien quiere volar o conectarse? Porque no le alcanza. Espectro y aviación comparten una lógica. Son industrias que dependen de un bien que sólo el Estado puede vender, y el Estado necesita el dinero. Las pensiones llegarán a 6.3% del PIB en 2027, récord histórico; el costo de la deuda, a 4%. Entre ambos se llevan un tercio del presupuesto. Pemex recibe 255 mil millones de pesos de inversión y gasta 94 mil millones sólo en jubilaciones. Nada de eso produce un punto de crecimiento ni una antena ni una pista. Para cuadrar, Hacienda apuesta a una recaudación récord de 15.9% del PIB y a un SAT que ya restringió sellos a 7,300 contribuyentes y cuya carga un consejo de empresas estadounidenses, con Amazon, Ford y Visa dentro, describe como “sin precedentes”.

El problema es que la base sobre la que se recauda apenas se mueve. La propia Hacienda bajó su pronóstico para 2027 a un rango de 1.5 a 2.5% y estima que 2026 cerrará entre 1 y 2%. Un Estado que crece menos de 2% y cobra cada año más por el acceso al cielo y al aire termina con menos vuelos, menos antenas y menos contribuyentes.

El rentismo no es una política, es un reflejo. Funciona un año, quizá dos. Después la pareja de Toronto descubre Punta Cana, el operador móvil descubre Brasil y el SAT descubre que ya no queda a quién apretar. Lo barato de esta estrategia es que no obliga a reformar el gasto. Lo caro es que, mientras tanto, el país se queda quieto.