La factura del T-MEC

México sobrevivió. Sobrevivió al primero de julio, cuando Washington decidió no extender por otros 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sobrevivió también al primer ciclo de conversaciones posterior a esa negativa, sin una ruptura ni un ultimátum inmediato y sin que se cerrara el acceso preferencial del que depende buena parte de nuestra economía. No es poca cosa.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insiste en que México se encuentra en una posición más favorable que la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos. Cerca de 80% de las exportaciones mexicanas entra sin arancel cuando cumple con las reglas del T-MEC. Mientras otros países enfrentan aranceles generales de 10 o 12.5%, México conserva una protección relativa, aunque el acero, el aluminio y los automóviles pagan el costo de las excepciones.

La última ronda permitió conocer con mayor claridad las prioridades de Estados Unidos y las concesiones que buscará obtener. Washington quiere reducir su déficit comercial con México, elevar el contenido estadounidense de las cadenas productivas, endurecer las reglas de origen en el sector automotriz y limitar la presencia de insumos, inversiones y empresas vinculadas con China. La lista puede crecer.

Falta saber qué está dispuesto a ceder México. Hasta ahora, el gobierno ha presentado la continuidad del acceso preferencial como una victoria defensiva. Lo es. Sin embargo, esa posición privilegiada también es una fuente de vulnerabilidad, pues la administración Trump sabe que perderla tendría un costo altísimo para el país.

Tampoco hay señales de moderación en la política comercial estadounidense. Los nuevos aranceles adoptados al amparo de la sección 301 reemplazan buena parte de los gravámenes provisionales que vencen este mes y confirman que Washington seguirá utilizándolos para recaudar, atraer producción y ampliar su margen de negociación. Para México, el riesgo es sencillo de explicar. Estados Unidos puede mantener formalmente el T-MEC y reducir muchos de sus beneficios mediante aranceles sectoriales.

Esta nueva realidad exige una conversación pública más robusta. Después de las negociaciones de la semana pasada, Ebrard ha mantenido una presencia constante en medios. Explica, tranquiliza y procura transmitir que el equipo mexicano conoce el rumbo. Esa comunicación es útil, pero no suficiente. La información llega dispersa entre entrevistas, conferencias presidenciales y declaraciones breves. Es comprensible que una negociación de esta naturaleza no pueda desarrollarse a puertas abiertas. La confidencialidad forma parte del proceso, pero no debería confundirse con hermetismo.

Durante las negociaciones del TLCAN y, más tarde, del T-MEC, el llamado "cuarto de junto" permitió mantener un canal de comunicación con empresarios, especialistas y actores directamente afectados. Aunque no convirtió el proceso en un ejercicio plenamente abierto, ofreció un mecanismo institucional para compartir información y conocimiento técnico. Hoy no existe un espacio equivalente, al menos no con la misma visibilidad y amplitud.

A esto se suma la memoria institucional. Hace poco escuché al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, contar que, en el otoño de 2024, tomó un café con Ebrard. Recordaba que durante su gestión procuraba reunirse con quienes lo habían precedido y con negociadores experimentados como Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, Luis de la Calle o Jaime Zabludovsky. Es una práctica elemental y, al mismo tiempo, excepcional en un país que suele desechar la experiencia cada vez que cambia el gobierno. En una negociación de esta magnitud convendría recuperar el conocimiento acumulado sin preguntar primero por la afiliación partidista de quien lo posee.

México superó la primera ronda, pero el examen ahora es anual. La factura del tratado llegará por partes y solo con el tiempo sabremos cuánto de sus ventajas sobrevive.