La educación, atrapada en un diálogo de sordos

Como ocurre cada tres años, los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA) provocaron acusaciones cruzadas entre defensores y detractores del modelo educativo en turno. Sin embargo, detrás del ruido mediático, los datos duros revelan una realidad mucho más compleja: el estancamiento educativo en México es estructural y data de al menos dos décadas. Hay una corresponsabilidad compartida entre gobiernos de distinto signo que ninguna explicación simplista logrará resolver.

La lectura aislada de los datos de PISA 2025 refleja un escenario catastrófico: México ocupa el lugar 37 de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La brecha respecto al promedio internacional no solo se mantiene, sino que amenaza con convertirse en una condena para las nuevas generaciones.

La prueba PISA se ha transformado en un arma de la contienda electoral. Cada trienio, la presentación del informe de la OCDE activa un guion predecible y profundamente estéril en el escenario público. Por un lado, la oposición política en turno la utiliza para decretar el fracaso absoluto de las políticas gubernamentales. Así, el examen es la prueba irrefutable de que la gestión oficial es incompetente, corrupta o dogmática.  Por el otro lado, el grupo en el poder suele reaccionar de manera defensiva, a veces descalificándola, como lo hizo AMLO, acusándola de instrumento neoliberal, o Sheinbaum, que aduce que es una prueba “estandarizada”. El análisis serio queda completamente sepultado.

La realidad es que la prueba PISA no refleja el estado total de la "educación" en un país. Esta premisa es errónea. En estricto sentido, la prueba de la OCDE mide competencias específicas de aprendizaje aplicado en etapas terminales de la educación básica; no evalúa sistemas educativos en su complejidad cultural, social e institucional. PISA fue diseñada para determinar si los jóvenes de 15 años poseen las habilidades cognitivas necesarias para responder a las demandas de las sociedades industriales avanzadas, enfocándose exclusivamente en matemáticas, comprensión lectora y competencias científicas. Si bien estas áreas son cruciales, el examen deja fuera dimensiones fundamentales.

El debate olvida evaluar aspectos intangibles importantes. Me refiero al desarrollo socioemocional de los alumnos, la formación cívica, la ética democrática, el pensamiento crítico no matemático, la apreciación artística y el arraigo de la identidad cultural. Reducir el éxito o el fracaso a una prueba estandarizada de opción múltiple fomenta la perversa tendencia de "enseñar para el examen". PISA ofrece una radiografía útil de ciertas competencias, pero confundir esa radiografía con la totalidad del cuerpo educativo es un reduccionismo metodológico.

Para comprender el estancamiento crónico de México en las evaluaciones internacionales, es necesario abordar una hipótesis incómoda que pocos actores políticos se atreven a verbalizar: ¿está realmente diseñado el modelo económico mexicano para exigir y absorber un sistema educativo de excelencia, o se beneficia más bien de la reproducción de mano de obra barata y medianamente calificada? El grueso del aparato productivo transnacional llega al país buscando costos laborales bajos y estabilidad operativa, no necesariamente científicos de datos, desarrolladores de inteligencia artificial o investigadores de frontera.

El Estado y el sector privado enfrentan muy poca presión económica real para realizar las colosales inversiones financieras y pedagógicas que requeriría transformar las escuelas públicas en semilleros de innovación científica. No hay una demanda real que tire de la oferta educativa. El rezago crónico en las puntuaciones de matemáticas y ciencias en PISA no es, por lo tanto, una anomalía o un accidente de la gestión pública; es el reflejo fiel y coherente de una economía periférica y subordinada.

A pesar de que la palabra "educación" satura la arena pública, la evidencia histórica y el comportamiento presupuestal demuestran que a los partidos políticos mexicanos no les interesa la educación como un proyecto de Estado. Por el contrario, la conciben como un botín corporativo para asegurar gobernabilidad y como una estructura clientelar para movilizar votos. Esto está muy lejos de una verdadera reforma pedagógica —aquella que transforma los métodos de lectoescritura, profesionaliza a los docentes mediante rigurosos sistemas de mérito y reestructura la infraestructura escolar en las zonas más marginadas— que requiere de políticas transexenales y presupuestos blindados cuyos frutos tangibles tardan entre quince y veinte años en madurar, no un sexenio.

Mientras la educación siga siendo un campo de batalla electoral, un ejercicio de simulación métrica, un apéndice de un modelo económico de baja cualificación y una moneda de cambio partidista, las aulas mexicanas continuarán reproduciendo la desigualdad. El país requiere un pacto nacional auténtico que retire la pedagogía de la disputa cotidiana del poder y la coloque donde siempre debió estar: en el diseño de un destino común de largo plazo. Quedarse en la acusación cierta de que la 4T empeoró algo que ya estaba mal es, simplemente, inútil.