El dilema de la universidad pública mexicana

La confianza en la universidad se está agrietando y casi nadie se dio cuenta.

Empecemos por lo obvio; aunque para muchos puede sonar incómodo, cada vez menos jóvenes creen que estudiar valga la pena. Encuestas internacionales llevan años documentando esa erosión y aunque en nuestro país el fenómeno tiene un matiz económico, el que uno de cada tres jóvenes abandone sus estudios por falta de recursos es una estadística que hemos normalizado. Y en aquellos que sí terminan la universidad, la subocupación profesional (trabajar en algo que nada tiene que ver con lo que estudiaste) ronda cifras alarmantes.

¿Las universidades públicas están pensando en el futuro que viene o siguen operando como si el futuro fuera 1995? Mientras el mercado laboral se reconfigura con inteligencia artificial, automatización y modelos de trabajo remoto, buena parte de la oferta educativa mexicana sigue formando profesionistas para empleos que están desapareciendo o mutando a toda velocidad. No es que las carreras tradicionales hayan perdido sentido, es que las instituciones no están comunicando la relevancia de lo que enseñan frente a lo que el mercado va a necesitar en cinco o diez años. Si un estudiante no ve ese puente, ¿por qué habría de creer que vale la pena el sacrificio de ir al aula?

Hay algo todavía más básico que el desfase curricular: la confianza en que el sistema. Al menos debiera ser justa la puerta de entrada a la universidad. Si ni siquiera el proceso de admisión garantiza que quien entró lo hizo por mérito propio, entonces la pregunta de si vale la pena estudiar deja de ser solo económica o laboral: se vuelve una pregunta sobre si el esfuerzo mismo sirve de algo dentro de un sistema que puede fallarle desde el primer filtro. Y es bastante peligroso.

La UNAM se vio obligada a suspender inscripciones tras detectar irregularidades en sus exámenes de admisión, y según datos de DINAMIC, 48% de usuarios en redes sociales pide repetir el examen de forma presencial. Otro 22% denuncia fraudes puntuales, uso de inteligencia artificial para hacer trampa y filtración de las preguntas. Sumado, eso significa que casi tres de cada cuatro conversaciones giran alrededor de un fraude comprobado o presunto en el proceso de admisión de una de las universidades más importantes de América Latina.

DINAMIC concluye que el tono dominante es resignación: "Repongan el examen, castiguen a los culpables, y ya, sigamos adelante". Ese contraste —entre la gravedad del hecho y la tibieza de la reacción colectiva— debería preocuparnos más que el fraude mismo. Nos hemos acostumbrado tanto a que las instituciones fallen, que ya ni siquiera nos sorprende que el filtro de acceso al conocimiento también esté corrompido.

Hay dos problemas que planteo en esta columna. Por un lado, jóvenes que dudan si estudiar rinde frutos en un mercado laboral que cambia sin avisarles. Por otro, instituciones que, cuando su proceso de selección se pone en entredicho, solo generan resignación en quienes las rodean. Ambos fenómenos alimentan la misma sospecha: que el mérito ya no organiza el sistema educativo mexicano, sino que lo hacen los contactos, el dinero o, ahora, la trampa.

Las soluciones no son sencillas, pero tampoco son un misterio. Auditorías externas y públicas para los procesos de admisión, con mecanismos que hagan casi imposible filtrar reactivos o usar IA para copiar. Rediseño curricular con la mirada puesta en las próximas dos décadas, no en las últimas cuatro. Y algo más difícil de legislar, pero quizás lo más urgente: que las universidades entiendan que su capital más valioso no es el prestigio histórico que cargan, sino la confianza cotidiana de quienes las eligen todos los días.

Si el examen de admisión más importante del país puede fallarse y la reacción colectiva es apenas un encogimiento de hombros, ¿qué tanto nos importa todavía que la universidad signifique algo?