Se desmorona la cúpula del poder obradorista

La entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, ambos del gobierno de Sinaloa, por el presunto delito de conspiración internacional para importar y distribuir estupefacientes en la unión americana, está desmoronando a la cúpula del poder obradorista.

Al sometimiento voluntario de dos de los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se sumó el fulminante congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La velocidad con que la que se está desintegrando la estructura política sinaloense no tiene precedentes en la historia moderna de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En cuestión de horas, el “proceso” de Sinaloa - orquestado desde los tribunales de Nueva York- pasó de las filtraciones periodísticas a un terremoto judicial fulminante.

El primer golpe contundente se consolidó con entrega voluntaria de Mérida Sánchez, acusado por la Corte de Manhattan de recibir sobornos de hasta $100,000 dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de filtrar información y blindar laboratorios donde se producían estupefacientes. Su actuación indica que busca negociar un acuerdo con las autoridades estadounidenses para “cantar” todo lo que sabe -y vaya que sabe-, a cambio de convertirse en “testigo protegido”, como lo han hecho otros líderes del cártel de Sinaloa.

En paralelo, Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, quien se encontraba en Europa cuando se hizo pública la petición de la justicia estadounidense al gobierno mexicano para su detención con fines de extradición, viajó a Nueva York para pactar, también, su entrega voluntaria y convertirse en “testigo protegido”. A cambio, él estaría dispuesto a “cantar” ante los fiscales norteamericanos y develar la ruta del dinero que financió las campañas y la operación política de Morena en el Pacífico.

Mientras se desarrollaban las “entregas voluntarias” de los excolaboradores del gobernador de Sinaloa con licencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -a través del Acuerdo 156/202- ordenó congelar las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, de su hijo, y de su círculo cercano, acción que “coincidió” con una llamada telefónica “cordial y excelente” entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos de América.

En política nada es coincidencia, y todo indica que ante la presión de un Donald Trump, decidido a usar toda la fuerza del aparato judicial de Estados Unidos contra los gobiernos coludidos con los cárteles -más con fines político-electorales-, las autoridades mexicanas habrían optado por soltar amarras y dejar que la guillotina caiga sobre el grupo sinaloense para encapsular el daño.

Y es que el verdadero fondo de este terremoto no se detiene en Culiacán. El desmantelamiento de la cúpula de Rocha Moya hiere de muerte la narrativa histórica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos, no balazos”, y genera suspicacia sobre las repetidas visitas presidenciales a Badiraguato. Rubén Rocha Moya, se está convirtiendo a la velocidad de la luz en el Genaro García Luna del obradorismo.

Los expedientes desclasificados de las cortes estadounidenses revelan una realidad siniestra: Que la pacificación y los triunfos electorales de la cuarta transformación en el Pacífico no se construyeron con votos de convicción democrática, sino mediante un presunto pacto de impunidad, donde el Cártel de Sinaloa operó como el brazo armado y financiero del proyecto político.

El gobierno mexicano, a partir de la “inmovilización” de las cuentas bancarias de Rocha Moya y de sus familiares por parte de UIF, ha entendido que el costo de defender lo indefendible es demasiado alto, sobre todo cuando está en ciernes el inicio del proceso electoral intermedio, en el que estarán en juego la renovación de 17 gubernaturas -entre ellas Sinaloa-, así como la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Ganar la mayoría absoluta en San Lázaro es una prioridad para la viabilidad de la continuidad de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, debido a que recae en los diputados federales la responsabilidad de la aprobación del Presupuesto Público de la Federación de los próximos cuatro años (2027-2030).

Por lo anterior, Sinaloa ya no será un bastión intocable. Las revelaciones de Mérida Sánchez y de Díaz Vega ante los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hacen “estremecerse” a los hombres más cercanos a la cúpula del poder obradorista, quienes, finalmente, están empezando a pagar las facturas de sus pactos en la sombra.

Las contundentes declaraciones del titular de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, durante su comparecencia ante el subcomité de Apropiaciones del Senado estadounidense, el pasado 12 de mayo, hoy cobran más sentido y peso específico: “Le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, en alusión al caso Sinaloa.

Frente a la terminante advertencia del director de la DEA de que el caso Sinaloa es sólo el comienzo, la pregunta es: ¿Quién o quiénes siguen en la lista negra de la Justicia de Estados Unidos? Por lo pronto, es un hecho que el gobierno estadounidense viene, sin miramientos, por el “cabecita de algodón… Rubén Rocha Moya.