La desigualdad origina el resentimiento y el populismo

La desigualdad es uno de los fenómenos más complejos y devastadores de nuestro tiempo. Sus efectos se extienden al ámbito psicológico, social, político, económico y de salud. Desde hace tiempo sostengo una conversación con un gran amigo sobre el origen de los populismos, a diestra y siniestra, que asuelan a la mayoría de los países. Su tesis es que el populismo nace del resentimiento; mi hipótesis es que la desigualdad es justamente la causa de ese resentimiento social. La desigualdad además genera resentimiento, envidia, frustración y rabia. Estos sentimientos se traducen en humillación y vergüenza ante la imposibilidad de mejorar la condición socioeconómica, erosionando la confianza en las instituciones y dañando la salud física y emocional.

Diversos estudios han documentado los daños de la desigualdad. Richard Wilkinson y Kate Pickett, en Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, sostienen que la desigualdad es mucho más que un problema de ingresos, pues perturba la salud emocional y física. Su tesis central es que las sociedades más desiguales presentan peores indicadores de salud, mayor violencia, menor cohesión social y más problemas psicológicos. El estrés crónico derivado de la comparación social eleva los niveles de cortisol y presión arterial, favoreciendo obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. La ansiedad y la depresión son más prevalentes en contextos de desigualdad. Inclusive los más ricos se ven afectados, porque la confianza, la cooperación social y el progreso se deterioran.

Por su lado, Michael Sanderl, en El descontento democrático, se centra en las consecuencias políticas. Su tesis es que la concentración de riqueza erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas, pues las élites económicas capturan el Estado y lo ponen al servicio de sus intereses. Esto genera un sentimiento de exclusión y resentimiento en la ciudadanía, que percibe que las reglas del juego están amañadas. La expulsión de la gente en la toma de decisiones debilita la confianza en los partidos, genera polarización y crea las condiciones para la emergencia de los populismos, que capitalizan el resentimiento social. La democracia periclita: se vacía de contenido porque las personas carecen de voz y capacidad de incidir en su vida.

Complementa este cuadro Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, gracias a su perspectiva histórica y económica. Su tesis es que, en el largo plazo, el rendimiento del capital tiende a superar el crecimiento económico, lo que amplía la desigualdad y consolida una oligarquía económica. Sin mecanismos de redistribución como impuestos progresivos y políticas públicas de inversión social, la desigualdad se perpetúa y nulifica a las democracias. En los sistemas oligárquicos el poder político y económico reside en un grupo reducido de personas; en cambio, en una democracia, la soberanía recae en el pueblo, que ejerce el poder a través de sus representantes electos, y éstos han sido capturados por los poderes económicos. Su aporte es mostrar que la desigualdad es una elección política y no un mero accidente natural: es una tendencia estructural del capitalismo actual.

Al articular las tesis de estos tres autores se aprecia el cuadro completo de los males que ocasiona la desigualdad. Wilkinson y Pickett muestran los efectos sociales y de salud; Sanders advierte sobre las consecuencias políticas; Piketty explica las dinámicas económicas que la producen. Juntos ofrecen un marco integral para entender cómo la desigualdad extrema corroe la convivencia, enferma a la población, debilita a las instituciones y amenaza la estabilidad social y política.

México es un ejemplo paradigmático. La enorme concentración de riqueza en unos pocos, mientras millones viven en precariedad, confirma las tesis aquí esbozadas. Según Oxfam, el 1% más rico de la población concentra 35% del ingreso y 40% de la riqueza privada, mientras 18.8 millones carecen de acceso a alimentación nutritiva y 21 millones de mujeres sostienen la economía con trabajo de cuidados no remunerado. Veintidós mil millonarios acumulan una fortuna equivalente a 10% del PIB, cifra superior al producto de Jalisco y Guanajuato.

Esta enorme concentración de la riqueza, que se transforma, gracias a su red de relaciones, en poder político, alimenta resentimiento, envidia y frustración, erosiona la confianza institucional y prueba la percepción de que el sistema político ha sido capturado por una oligarquía, que tiene acceso directo a los gobiernos e influencia en las decisiones de política pública. El resultado es un terreno fértil para el populismo que capitaliza el malestar social, pero rara vez atacan la raíz del problema. Ya Aristóteles en Política advertía que la clase media es el sostén de la polis, porque evita los excesos de los ricos y la desesperación de los pobres. Así, la consecuencia de esta tesis filosófica es que una sociedad con una fuerte clase media es más estable, menos propensa a la tiranía y más capaz de sostener instituciones libres, pues ni la concentración excesiva de riqueza ni la pobreza extrema favorecen la convivencia democrática y la paz social.

Los efectos perniciosos de la desigualdad en la salud pública también son devastadores. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022-2023), la prevalencia de obesidad en adultos mexicanos es de 37.1% (41% en mujeres y 33% en hombres), mientras que el sobrepeso afecta a 38.3% de la población adulta. En paralelo, la diabetes mellitus afecta aproximadamente a 14% de los adultos, con una tendencia creciente en las últimas dos décadas, y se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el país. Las enfermedades cardiovasculares, vinculadas al estrés crónico y a estilos de vida insalubres, representan la primera causa de mortalidad en México, con más de 170,000 muertes anuales. Estos datos muestran que la desigualdad genera malestar social y se traduce en enfermedad que deteriora la calidad de vida y satura el sistema de salud público.

Igualmente se manifiesta como mala salud emocional. El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reporta que más de la mitad de los casos atendidos en 2024 correspondieron a ansiedad y una cuarta parte a depresión, consecuencia directa de los sentimientos de frustración, desesperanza y envidia. El IMSS estima que tres de cada diez personas desarrollarán algún trastorno mental a lo largo de su vida. La crisis de salud mental se suma a la epidemia de obesidad y diabetes, mostrando que la desigualdad enferma en su conjunto a la sociedad y refuerza la certeza de exclusión política y social.

La relación entre desigualdad y morbilidad es clara: quienes viven en precariedad tienen menos acceso a alimentación nutritiva, atención médica y espacios de recreación, lo que incrementa el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares y mentales. A su vez, la presión psicológica derivada de la comparación social y la inseguridad económica alimenta el estrés crónico, que se convierte en un detonante de estos males. Así, la desigualdad extrema en México no solo erosiona la democracia y la cohesión social, sino que literalmente enferma a la población, confirmando que la concentración de riqueza y poder se traduce en sufrimiento físico y emocional para millones.

La desigualdad extrema es la raíz de un conjunto de sentimientos que alteran la homeostasis social y personal: resentimiento, envidia, frustración, rabia, humillación y vergüenza. Estos sentimientos se traducen en crisis de convivencia, destrucción de la vida democrática y enfermedades físicas y mentales. Como muestran Wilkinson y Pickett, la desigualdad se mete bajo la piel y perturba la salud y la convivencia.

México ilustra cómo la concentración de riqueza ha vaciado de contenido a la democracia y se ha convertido en oligarquía, que enferma el cuerpo social y físico y envenena el alma. Superar este dilema exige reconocer que la desigualdad es una decisión política y que revertirla requiere voluntad de redistribuir, reparar y transformar el sistema político. Ello implica favorecer la organización y participación ciudadana para que las personas recuperen la capacidad de decidir el destino de su vida, hoy en manos de los poderes económicos y políticos que imponen su visión del mundo y sus intereses. Sólo así se logrará la cohesión social. Un paso imprescindible en esa dirección es fortalecer el sistema educativo, que además de formar técnicos debe forjar ciudadanía mediante el estudio de la filosofía y el pensamiento político.