La Cultura de la Paz, Nueva Constitución

“Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes.” Tácito

Desde la promulgación de la Constitución de 1917 hasta junio de 2026 se han aprobado 873 reformas constitucionales, modificando 119 de los 136 artículos originales.

En 1999, uno de los fundadores del Frente Democrático Nacional, del PRD y de Morena, destacado ideólogo de izquierda, planteó la necesidad de elaborar una nueva constitución de la república. Su propuesta implicaba un contrato social, fruto de un consenso nacional, para contribuir a la reconstrucción del país e impulsar la unidad frente a la polarización. Subrayaba que tal proyecto sólo sería viable como resultado de un acuerdo constitucional incluyente, construido mediante un gran pacto nacional.

La “Nueva Constitución” que presume la Mandataria dista de aquella idea. Se trata de una colección de reformas a 147 artículos, aprobadas en los últimos siete años.

Ese conjunto de modificaciones no configura un nuevo contrato social ni un consenso nacional, sino más bien un grave proceso regresivo que erosiona las bases de la democracia constitucional, limita el horizonte de las libertades y destruye la república.

El anterior inquilino de Palacio impulsó 36 reformas constitucionales que modificaron 96 artículos de la Constitución, entre ellas:

• Reversión de la reforma energética para obstaculizar la inversión privada y la generación de energías limpias.
• Reversión de la reforma educativa para cancelar el servicio profesional docente, la evaluación de la educación y devolver a la CNTE el control de plazas de maestros.
• Creación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Sedena.
• Elevación de los Programas del Bienestar a rango constitucional, consistentes en regalar dinero proveniente de una creciente deuda pública.
• Introducción de la revocación de mandato y de consultas populares.
• Extensión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

A partir de 2024, la sobrerrepresentación de los partidos oficialistas en las cámaras del Congreso de la Unión, avalada por los órganos electorales, otorgó a esa fuerza política una irregular mayoría calificada que le permitió aprobar, de manera unilateral, cambios radicales a la Constitución y a la legislación.

Desde entonces, se han aprobado 27 reformas constitucionales, que han modificado el texto de 70 artículos, entre las cuales destacan las siguientes:

• La Reforma Judicial, para elección de juzgadores (del acordeón), creación de órganos de administración judicial y de tribunales de disciplina judicial que substituyeron a los consejos de la judicatura federal y locales.
• Contrarreforma al Poder Judicial para posponer la elección de juzgadores hasta el 2028 e incluir requisitos a los aspirantes.
• Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la implementación de la "ley silla". Beneficios que, como los aumentos al salario mínimo y la seguridad social, sólo benefician a los trabajadores en la economía formal, o sea al 45%.
• En materia electoral, la inclusión de la intervención extranjera como causal para la nulidad de elecciones, así como reformas contra la reelección, el nepotismo y la doble nacionalidad.

La mayoría de las reformas resultan contrarias al principio pro-persona dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que implica, entre otras cosas, que las normas sobre derechos humanos deben interpretarse siempre en favor de la protección más amplia de las personas; además prohíbe toda forma de discriminación motivada por opiniones o por cualquier circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga como propósito anular o menoscabar los derechos y libertades fundamentales.

En contraste, se legisla para diluir el amparo, que el gobierno disponga del ahorro de los trabajadores, aumentar y privilegiar el militarismo, restringir la libertad de expresión, castigar memes, manipular elecciones y censurar las redes sociales.

Sin embargo, pese a esta concentración de poder y recursos, el gobierno ha sido incapaz de atender y resolver los graves y crecientes problemas que afectan a las mayorías.

La polarización se alimenta del resentimiento que genera el rechazo. Si se eliminara ese rechazo, la polarización se disiparía y se fortalecería la cultura de la paz, condición indispensable para construir una sociedad más justa y armónica.

*El autor es abogado y mediador profesional.

Contacto: mediador.negociador@gmail.com

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