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El costo de cambiar política agrícola por electoral
Enrique Campos Suárez | La gran depresión
El cambio climático, la crisis energética y las tensiones geopolíticas son riesgos globales; pero las malas decisiones locales pueden agravar una crisis social y económica. En México, las amenazas al sector agroalimentario se pueden complicar por la desprotección intencional del Estado.
El gobierno de López Obrador desmanteló organismos clave –como ASERCA y sus esquemas de coberturas financieras de precios, además de la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo– y sustituyó los instrumentos de gestión de riesgos por transferencias asistenciales. Al eliminar los apoyos para la productividad, el crédito y la cobertura de insumos, el régimen dejó a los productores mexicanos totalmente expuestos a las turbulencias en los mercados internacionales.
No hay que leer el tarot o los caracoles para ver que el panorama internacional plantea una amenaza inminente. Un reciente reporte de S&P Global Institute advierte sobre una “presión multidireccional sobre la agricultura mundial” provocada por la confluencia de los conflictos armados en Europa del Este y Oriente Medio con choques climáticos extremos derivados del fenómeno de El Niño. Y no se trata solamente de un problema con las cosechas; es una disrupción simultánea en tres insumos básicos del campo: energía, fertilizantes y rutas de transporte marítimo.
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook anticipan un repunte de 10% en los precios internacionales de los fertilizantes este año, lo que influye en la estimación de incrementos de 5% en los costos de los alimentos para el 2026 y 2.4% para el 2027. La producción de fertilizantes nitrogenados y fosfatados depende del flujo ininterrumpido de gas natural –amenazado por las tensiones en el estrecho de Ormuz– y del azufre, que ha alcanzado un precio récord de 1,000 dólares por tonelada. A esto se suma el encarecimiento del diésel, combustible esencial para la maquinaria agrícola y los fletes.
Ante esto, hay un incentivo perverso advertido por S&P: por el desabasto y alto costo del diésel tradicional, la producción de biocombustibles se vuelve más rentable. El resultado es devastador: más tierras destinadas a energéticos y menos cosechas para alimentar a la población.
En México, a esos factores geopolíticos se suman las malas decisiones de política interna y el estrés hídrico documentado por la Comisión Nacional del Agua, el cual ha mermado la producción nacional de granos básicos. Sin Financiera Rural y sin coberturas de precios, los productores locales carecen de un amortiguador financiero para encarar semejantes sobrecostos.
El impacto para países como el nuestro se magnifica por el hecho de que una parte importante del presupuesto familiar se destina a comer: 37.7% del gasto corriente de los hogares mexicanos se dirige al rubro de alimentos, bebidas y tabaco, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi. Por ello, la sacudida externa es mayor y se traslada de inmediato a la inflación no subyacente, condicionando la postura de política monetaria del Banco de México.
En suma, el país pagará la factura de haber cambiado la política agrícola por una estrategia puramente electoral. Cuando el gasto de las familias se concentra en llevar comida a la mesa, un repunte internacional del precio de los alimentos no es un dato macroeconómico lejano: es un detonador directo de pobreza y tensión monetaria.