Corrupción

La corrupción es un fenómeno asociado al dinero y al poder. La capacidad de beneficiar o perjudicar a determinada persona se convierte en un incentivo perverso que es necesario combatir con instrumentos de supervisión que funcionen como contrapeso a ese enorme poder que se ejerce desde las oficinas de gobierno. Durante la época del priismo hegemónico la corrupción se regulaba de arriba hacia abajo, y el presidente en turno controlaba los grandes negocios para enriquecer a amigos y socios y castigar a aquellos que se indisciplinaran o robasen fuera de los límites establecidos.

La transición democrática fue creando los mecanismos para intentar limitar la corrupción a través de canales institucionales como lo fue el Sistema Nacional Anticorrupción y otras instancias que supervisaron eficientemente el gasto federal. Pero la determinación de López Obrador de reconstruir el presidencialismo absoluto rompió con los débiles mecanismos de control presupuestal y de transparencia pública.

Así, a partir del 2019 el régimen del caudillo dejó sueltos los cabos que permitían detectar los abusos de poder y el enriquecimiento ilícito. En ese momento los negocios surgidos desde el poder quedaron protegidos por el manto de la lealtad al movimiento y al líder. La vinculación con el crimen organizado llevó a la corrupción gubernamental a niveles nunca antes vistos. El castigo por el robo de los dineros públicos ha sido, en el mejor de los casos, el retiro del funcionario descubierto sin tener que ir a prisión por delitos que lo ameritan. La lealtad es sinónimo de impunidad.

El caso Taddei ejemplifica claramente la dinámica propia de aquellos que al servir al régimen en su objetivo por acumular la mayor cantidad de poder posible, se sienten merecedores de una riqueza sin límite alguno. La decisión de separarla de su cargo sin enfrentar ella y sus socios un juicio penal y la devolución de lo robado, es el atenuante propio de alguien que, habiendo hecho el trabajo sucio que AMLO le asignó, enloqueció en su ambición por obtener dinero y más dinero.

Pero el caso INE no es un evento aislado en el funcionamiento cotidiano de la administración pública. La ausencia de contralorías eficientes y profesionales, así como la prevalencia de la norma que permite el manejo discrecional de los recursos, han hecho de la corrupción una práctica que adquiere legitimidad si se coordina con las cabezas del régimen, o la causa de un retiro forzoso cuando esa acumulación de dinero llega al punto de dañar a la 4T al grado de tener que deshacerse de estos ambiciosos indisciplinados.

El saqueo está en todas partes: huachicol fiscal, organización electoral, distribución de medicamentos y otros negocios en manos de gobernadores y de todo aquel dispuesto a participar en la fiesta del desfalco público, por no hablar de las ligas mayores donde la familia del caudillo lleva mano. No tienen llenadera y no hay nada ni nadie que los contenga.