El argumento antiinjerencista empezó a derrumbarse en Nueva York

Cuando alguien se entrega voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, no lo hace por civismo ni por respeto a la ley. Lo hace porque calculó que litigar el caso ante un tribunal le costará más que cooperar. En el lenguaje de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) eso es un acuerdo de cooperación. En el vocabulario político equivale a una confesión política implícita.

El general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del mismo estado, ya están en Nueva York. El primero cruzó por Nogales y el segundo prefirió negociar su rendición mientras estaba en Dublín antes de enfrentar una extradición. Ambos comparecieron ante la jueza Sarah Netburn, encargada de conducir las fases iniciales de procesos federales, y se declararon no culpables. Eso es usual; lo relevante es que ambos aceptaron convertirse en testigos cooperantes y deben revelar ante los fiscales todos los delitos que han cometido, incluidos los que no figuran en la acusación del SDNY en su contra. Al entregarse, ambos admitieron, en los hechos, que les conviene más cooperar que enfrentarse solos al SDNY, pese a la defensa pública que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de ellos al insistir en que EU debe aportar pruebas. Ambos tomaron su decisión y, con ello, el argumento antiinjerencista empezó a derrumbarse en Nueva York.

El caso se vuelve aún más revelador al observar lo que ocurre en México. Con base en el Acuerdo 156/2026 del 6 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las de sus cuatro hijos, las del senador Enrique Inzunza y las de los otros ocho acusados por la SDNY. El caso del legislador morenista es particularmente llamativo porque no existe ningún registro público de declaración patrimonial a su nombre, lo cual es una falta administrativa grave conforme a la ley. Fuentes del sector bancario confirman que los bloqueos fueron ordenados como parte de una investigación penal formal de la FGR que conduce la fiscal general Ernestina Godoy. Congelar las cuentas de Rocha y de su familia, así como las de los otros nueve acusados, exige indicios financieros sólidos. La FGR, aparentemente, ya los tiene.

Con los dos exsecretarios en Nueva York, cabe preguntarse qué ocurrirá con los ocho que permanecen en México, incluidos Rocha e Inzunza. La lógica de los acuerdos de cooperación con la SDNY exige que los testigos denuncien los delitos que hayan cometido personas de mayor jerarquía y ambos están en esa jerarquía. Si Mérida o Díaz Vega los mencionan en las sesiones reservadas ante la jueza Netburn la presión para el desafuero del senador y una acusación formal contra él y el virtual exgobernador será mayúscula.

La SDNY ya no necesita que México entregue a nadie. Ya tiene a los hombres que manejaron la seguridad y el dinero de Sinaloa dispuestos a decir mucho más de lo que muchos en México quieren escuchar. El resto es cuestión de tiempo —y de cuánto tarde la FGR en formalizar lo que ya sabe. La presidenta cumplió su deber al defender la soberanía y el principio de no injerencia, pero Mérida y Díaz Vega se encargaron de cerrar ese capítulo. Lo que sigue ya no debe defenderse.

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