La apuesta por pagar sin efectivo

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ofrece una oportunidad para reducir costos, ampliar el acceso financiero y facilitar la formalización. Su implementación requiere condiciones que permitan a personas y negocios adaptarse. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que CoDi permitirá cobrar desde el celular mediante códigos QR, recibir dinero de inmediato y evitar comisiones para clientes y comercios. Identificó gasolineras y carreteras como los primeros sectores para reducir gradualmente el efectivo.

La propuesta comprende al sector privado y a los tres órdenes de gobierno: Federación, estados y municipios deberán habilitar pagos digitales en trámites y servicios. También faculta a Banxico, en coordinación con la CNBV, para exigir que los prestadores de servicios de terminales punto de venta incorporen cobros mediante QR.

Para contratar servicios financieros a distancia, reconoce la CURP Digital, permite elegir otras identificaciones oficiales y contempla el Expediente Digital Ciudadano. Estas herramientas pueden simplificar trámites, acompañadas de límites claros al uso de información personal.

La ENIF 2024 reportó que 76.5% de las personas de 18 a 70 años tenía algún producto financiero, categoría que incluye seguros y ahorro para el retiro. Tenerlo no equivale a pagar digitalmente: 85.2% utiliza efectivo en compras de hasta 500 pesos y 73.5% en las de mayor monto, según México Evalúa.

La conectividad tampoco es uniforme. La ENDUTIH 2025 señala que 93.9% de la población en Nuevo León usaba internet, frente a 78.6% en Oaxaca. Los hogares conectados representaban 89.9% y 64%, respectivamente. Usar internet, además, no garantiza conexión estable ni habilidades financieras digitales.

En Diputados, Morena y sus aliados destacaron los beneficios de inclusión. La oposición cuestionó la selección de sectores, los riesgos de exclusión y fraude y los costos para pequeños negocios y municipios. La minuta pasó al Senado sin incorporar las modificaciones propuestas.

Hacienda determinará los sectores donde los pagos digitales podrán ser la única opción; las autoridades sectoriales podrán fijar mecanismos y plazos de transición. Los transitorios conceden quince días hábiles para seleccionar sectores y otros quince para emitir disposiciones. Éstos son plazos regulatorios, no una fecha general para abandonar el efectivo.

México Evalúa advierte que faltan criterios metodológicos y condiciones previas verificables. Conviene precisar qué hará estratégico a un sector y exigir diagnósticos de conectividad, acceso financiero y costos, consulta con los afectados, capacitación y protección contra fraude. La gradualidad necesita indicadores públicos y alternativas para quienes enfrenten barreras.

Las experiencias internacionales aportan referencias útiles. Brasil ha impulsado Pix con participación obligatoria de instituciones de cierto tamaño. En Estados Unidos, los comercios pueden rechazar efectivo salvo restricciones estatales o locales; Nueva York protege su aceptación proporcionado mecanismos autorizados para convertirlo en tarjetas prepagadas. Europa exige finalidad, proporcionalidad y límites al tratamiento de datos en los servicios de pago.

Para México, esto implica definir controles de acceso a expedientes, atención ante fraudes y fallas, y coordinación entre Hacienda, Banxico y autoridades sectoriales, además de precisar su armonización con la Ley Monetaria.

La ley representa una buena oportunidad para ampliar la penetración financiera, formalizar negocios y dar trazabilidad a las operaciones. De aprobarse en sus términos, la regulación secundaria será clave para precisar criterios sectoriales, condiciones de transición y protección al usuario. Atender estas cuestiones fortalecerá la apuesta del Gobierno federal y la confianza en pagos más accesibles y seguros.

*La autora es Directora de InteligenciaMás y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.