Empresario minero, en problemas

Muy triste Navidad va a pasar la familia Occelli González, ya que no saben el paradero de Guillermo de Jesús Occelli González, CEO de G&E International Exports, quien tiene un adeudo con un trader global de acero, de origen holandés. Resulta que le pagaron por adelantado 2.5 millones de dólares por un cargamento de 90,000 toneladas de mineral de hierro que nunca entregó. El pedido que entregaría Occelli tenía como destino China y saldría de Colima.

Esto, que fue en el 2015, tiene además un episodio que recuerdan muy bien quienes se dedican a este sector, ya que en ese año el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, detuvo las exportaciones de mineral de hierro hacia China y realizó decomisos de embarques de este insumo de la industria siderúrgica en la zona del Pacífico mexicano.

Lo anterior, porque detectó irregularidades y colusiones entre empresas chinas y locales que estaban explotando yacimientos y exportando mineral de hierro de manera ilegal hacia China, desde Michoacán y Colima, principal lugar de donde Occelli enviaría el material que nunca llegó.

No se sabe si a Occelli le fue decomisado material, lo que sí es cierto es que firmó un reconocimiento de deuda por el adelanto recibido, que se comprometió a devolver en un plazo de dos años. Lo cual ocurrió el pasado primero de julio y ahora resulta que no es localizado en su domicilio fiscal registrado en el contrato ubicado en San Angel Inn, en la Ciudad de México. Curiosamente ahora en esa misma dirección hoy operan oficinas de Save The Children México, cuya presidenta nacional es su hermana, Cecilia Occelli González. Pero nadie sabe dónde localizar a Guillermo Occelli. En este tema también está involucrada la Semarnat. Ya le contaré más de este penoso caso.

IMPI congela a Megavale

Hay novedades en el polémico caso de la valera SUVEN, de Oralia Méndez García, pues a pesar de que arrastra ya varios problemas en su operación, uno más se le avecina y traerá consecuencias serias para diversas dependencias de gobierno que adquirieron los vales de despensa que comercializa.

Resulta que las marcas SUVEN y Megavale tienen como propietario a una persona física de nombre Pedro Gerardo Torres Romay, el cual no le otorgó la licencia de su uso, es decir, esa empresa comercializa las marcas sin consentimiento de su titular. Tan es así que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de Miguel Ángel Margáin, ejecutó la semana pasada como medida de aseguramiento el retiro de la circulación de los productos que emite esa empresa, en particular las tarjetas electrónicas de vales de despensa, gasolina, viáticos, alimentos, recompensas y otros del mismo tipo, que se comercializan bajo la marca Megavale.

Lo anterior mete en problemas a Diconsa, de Héctor Velasco Monroy; al Tribunal de Justicia Administrativa, de Carlos Chaurand Arzate; al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de Mauricio López Velázquez, y al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), de Jorge Sánchez Sosa.

El asunto es tan delicado que podría darse una multa sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial, de hasta 1.7 millones de pesos, más una multa adicional de hasta 44,000 pesos por cada día que persista la infracción. Dependencias ya fueron notificadas para que se abstengan de utilizar las tarjetas que amparan esa marca. No hay que olvidar que el SAT, de Osvaldo Santín, es quien debería poner cartas en el asunto debido a que en su portal señala como monedero electrónico de vales de despensa autorizado a la firma SUVEN, con la marca Megavale Despensa. Habrá que tener cuidado.