Desaparición forzada: la eterna e inconclusa búsqueda

México habla con naturalidad de los desaparecidos de las décadas pasadas, pero olvida aquellas que suceden día con día en el país. Nuestros gobiernos prometen abrir expedientes sobre las violaciones a derechos humanos en décadas anteriores al tiempo que pactan con los militares y se les entrega más poder sin importar el sello partidista que encabece esa administración. Sin embargo, atrás de la indiferencia de la política, la frialdad de las estadísticas y sea quien sea el autor de este crimen, existen miles de historias de desaparecidos y miles más de sus familias que, sin perder la fe, les buscan aún arriesgando o hasta perdiendo su propia vida. Tragedia sobre tragedia ante la indiferencia de muchos.

De acuerdo con cifras oficiales, en México han sido reportadas como desaparecidas más de 290 mil personas entre 1962 y agosto de 2023. Una de cada tres víctimas fue reportada durante este sexenio y, de ellas, aún se desconoce el paradero de 44 mil. Para visibilizar la gravedad en un solo dato: en promedio, cada hora desaparece una persona.

Desde mayo de 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron su profunda preocupación por el creciente número que refleja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas: “Más de 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora”. Señalaron además, que como muchos casos no se denuncian la magnitud de esta tragedia puede ser mucho mayor.

La Secretaría de Gobernación impulsa la creación de un nuevo censo que ha provocado polémica e incluso la renuncia de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Crear un nuevo censo no es positivo o negativo en sí mismo, pero su legitimidad y la justicia que se procure a las víctimas y a sus seres queridos sí dependerá de la forma en que se diseñe y ejecute. Es decir, si Gobernación lleva a cabo un proceso impecable, transparente, incluyente - en especial con los colectivos de búsqueda y las madres buscadoras - así como apegado a criterios que brinden absoluta certeza, entonces podría apelar a la confianza pública.

Del lado opuesto se encuentra la información que nos deja ver un Estado sin la capacidad para garantizar un censo con esas características: desde 2019, México reconoció ante la CIDH la crisis forense que atraviesan las instituciones, los hallazgos de centros de destrucción de cuerpos humanos - que van desde casos como el “pozolero”, hasta fosas y predios de incineración masivos que hacen casi imposible su identificación -, la falta de confianza ciudadana para denunciar ante las autoridades, y la eterna corrupción e impunidad que frenan cualquier esfuerzo por más loable que parezca. ¿Cómo lograr un censo confiable si existen casos de militares, policías, autoridades públicas y criminales involucrados en casos de desaparición?

Quisiera pensar que el Presidente López Obrador tiene razón; no pierdo la esperanza de que algunos desaparecidos pudieran ser encontrados. En cuanto al resto, mi preocupación es mayor cuando pienso en aquellos por los que nadie hablará: los miles de migrantes, que como en San Fernando, pudieran estar enterrados en el olvido; las miles de mujeres y niñas utilizadas por el crimen organizado en trata, tráfico y pornografía; los miles de jóvenes que el narco quiso reclutar y se negaron a una vida de crimen.

Un nuevo censo debe corregir los errores del Estado en lugar de revictimizar a quienes han sufrido tanto. Espero que nuestros gobiernos - en sus tres niveles y que no supieron proteger la vida de su gente- hagan un ejercicio ejemplar que despeje todas nuestras dudas, que genere información confiable, que busque a todas las personas desaparecidas, y que por fin cuente con las herramientas que den paso a la tan urgente y anhelada justicia.