2024: el año del delirio

La falta de empatía del presidente López Obrador y su enfermiza obsesión por ser el centro de todas las atenciones, bien podría calificarse como sociopatía. Su narcisismo y megalomanía son evidentes, y algunas veces se dejan ver claros delirios, como el de ayer 7 de noviembre, cuando afirmó que había recorrido Acapulco cuatro veces y conocía personalmente los desastres causados por el huracán Otis. Para alguien que nos regala todos los días su imagen comiendo tlayudas o atascándose en el fango con sus patiños, el hecho de que no haya una sola grabación de él en Acapulco es evidencia de que simplemente es un mentiroso compulsivo; es decir, un mitómano.

Ya llegará el momento en que historiadores, sociólogos, psiquiatras y psicólogos analicen la salud mental del hombre que pudo engañar a una nación, pero hoy el foco de nuestra atención no debe ser López Obrador, sino sus objetivos políticos y lo despiadado que puede ser para conseguirlos. El hecho de que sea un costal de mañas y patologías no lo hacen menos peligroso. Al contrario, debemos entender que su percepción de la realidad está distorsionada y actuará de acuerdo con esa percepción. No es ningún genio, pero se aprendió de memoria el manual del dictador latinoamericano y lo está cumpliendo con la necedad que lo caracteriza.

La ley nunca ha sido un obstáculo para López Obrador. Al contrario, parece disfrutar violarla y salirse con la suya. Lo hizo toda su vida y sería muy ingenuo pensar que no lo va a hacer para conservar el poder y la impunidad. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 y la sumisión del Congreso de la Unión son una verdadera afrenta a la Constitución y a la democracia. Para el año en que tendremos la elección más complicada desde la Revolución, López Obrador ha ordenado a sus lacayos asfixiar económicamente a cualquier contrapeso del poder ejecutivo: los recortes al poder judicial y los organismos autónomos reflejan claramente la intención de afectar sus capacidades operativas y de acción constitucional. Quitarle dinero al INE y al Tribunal Electoral tiene como objetivo hacerlos incapaces de cumplir con sus funciones, para después acusarlos de fraude si López Obrador no consigue mantener el poder. Instruir a sus senadores para que no designen a más de 100 funcionarios del poder judicial y los órganos autónomos es otra jugarreta para incapacitarlos.

Pero lo más aberrante es la descarada compra de votos a través de los eufemísticos “programas sociales”. Condicionar programas sociales a cambio del apoyo a un partido político es un delito grave que amerita prisión preventiva. No obstante, el presidente, los candidatos y todos los corifeos de Morena lo hacen todos los días, en los que abiertamente amenazan a la población diciendo que si no votan por Morena perderán esos “apoyos”. El Fiscal para Delitos Electorales, amigo íntimo de López Obrador y esposo de la ministra Loretta Ortíz, hace como que no ve nada y nada sabe.

López Obrador y su hueste no se conformarán con robar dinero a través de sus “obras insignia” en un clima de opacidad no visto desde el priísmo más cavernario. Ahora quieren robarse a México completo. Solo el voto masivo de todos sus agraviados podrá impedirlo.

Telecomunicaciones. Un abrazo para Javier Morales Gauzin, funcionario público de carrera, honesto y comprometido, por su nombramiento como jefe de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

@gsoriag