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Varios grupos indígenas anuncian un proceso para revocar el mandato del presidente Noboa
La revocatoria de mandato en Ecuador es un mecanismo que establece la Constitución de 2008 y permite a los ciudadanos destituir a las autoridades elegidas por sufragio popular.
La ley establece que cualquier iniciativa en este sentido ha de presentarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras cumplir el primer año y antes del último año de gestión del alto funcionario que se quiera apartar del cargo.
El líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha anunciado que impulsará un proceso para revocar el mandato del presidente Daniel Noboa, en línea con iniciativas similares que otras organizaciones de este tipo han anunciado en los últimos días.
"La mayoría de los ecuatorianos confiaron en el Presidente de la República, pero así como confiaron, en este momento existe una reacción negativa frente a lo que está haciendo el Gobierno Nacional", ha señalado en una entrevista para el portal ecuatoriano de noticias Primera Plana.
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Iza ha explicado que la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) --una filial de la Conaie-- va a poner en marcha su propio proceso revocatorio, aunque ha animado al resto de colectivos a sumarse y coordinar cualquier respuesta en este sentido para evitar "iniciativas aisladas".
La propuesta que ha lanzado Iza este lunes llega días después de que el nuevo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Guido Perugachi, anunciara que están trabajando en una iniciativa para revocar el mandato de Noboa, vigente desde abril de 2025.
Perugachi sostuvo que hay "varios motivos para la revocatoria", que el presidente ecuatoriano no ha cumplido con sus promesas y ha descuidado áreas fundamentales como salud, educación, o seguridad.
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La revocatoria de mandato en Ecuador es un mecanismo que establece la Constitución de 2008 y permite a los ciudadanos destituir a las autoridades elegidas por sufragio popular antes de que finalice su mandato cuando se considera que ha perdido la confianza del electorado o no ha cumplido con sus funciones.
La ley establece que cualquier iniciativa en este sentido ha de presentarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras cumplir el primer año y antes del último año de gestión del alto funcionario que se quiera apartar del cargo.