Ante cuestionamientos por consumo de recursos, buscan medir impacto de los centros de datos de Querétaro

Querétaro, Qro. Frente a los cuestionamientos sobre la demanda de recursos hídricos en los centros de datos, se implementará la Cédula de Operación Anual (COA) para medir el impacto ambiental de esta industria en el estado, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Las interrogantes sobre el impacto ambiental se relacionan con que la entidad concentra 72% de la capacidad instalada de los centros de datos en México.

Al ser cuestionado por diputados locales -en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno, realizada este 23 de septiembre-, el secretario estatal informó que en coordinación con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) acordaron implementar la COA, un instrumento para recopilar información.

“El impacto ambiental que hemos observado al día de hoy (de los centros de datos), no es el que se nos ha platicado, porque existen datos. Si bien, nosotros no tenemos la responsabilidad y obligación de cuantificar el consumo de agua, lo estamos empezando a hacer, a través de una Cédula de Operación Anual, en la cual el data center nos va a reportar cuántas emisiones genera, que son mínimas, cuánta agua consume, cuántos residuos genera, que son mínimos; y qué impacto podría tener la operación del data center con el medio ambiente, eso lo estamos empezando a hacer en acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers”, expresó.

El titular de Sedesu refirió que hace 20 o 25 años los centros de datos eran intensivos en el uso de agua en sus sistemas de enfriamientos y argumentó que en la actualidad utilizan otros sistemas. Afirmó que el consumo de agua de un centro de datos de tamaño mediano (de 25 megawatts de consumo energético) usa la misma cantidad de agua que un hotel de 300 habitaciones, que un hospital con 100 camas o que un edificio con 1,000 trabajadores; aseguró que cuando se utiliza agua en dichas unidades, ésta es tratada, de uso industrial o de servicio; y acotó que el consumo del agua lo asigna la Conagua.

Respecto a la demanda de recursos energéticos, reconoció que la energía es la materia prima de estos complejos tecnológicos y justificó que algunas empresas están invirtiendo en instalaciones para satisfacer sus necesidades. En cuanto a la poca cantidad de empleos que genera el sector, argumentó que es una industria tractora que propicia empleos a través de otras industrias complementarias o en su proceso de construcción.

Al ser cuestionado sobre si existe un padrón sobre los lineamientos ambientales que deben cumplir los centros de datos, respondió que no hay lineamientos como tal, sino una política ambiental estatal que permite identificar qué tipo de industria es viable en términos ambientales. También rechazó que se brinden incentivos fiscales.

De acuerdo con el titular de la Sedesu, en Querétaro hay 17 centros de datos, la mayoría son de tamaño mediano; no obstante, están por construirse seis de hiperescala como parte del complejo que se construye en Colón y que son de 50 megawatts y otro más en El Marqués también de 50 megawatts; el resto oscila entre ocho, 10, 12 o 20 megawatts.

En tanto, el uso de la COA es un acuerdo voluntario; ahondó que el propio sector de centros de datos está interesado en demostrar sus consumos de agua; los resultados serán públicos y se estima que a principios de 2027 cuenten con las primeras mediciones. Respecto a cuál es el marco regulatorio previo a este mecanismo, aclaró que la administración estatal no está obligada a pedir esta información, por lo que a través de la COA harán una medición voluntaria.

En cuanto a la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), afirmó que si un centro de datos se instala en un parque industrial y el parque ya cumplió con ese requisito, no se le solicita: “el parque ya impactó ambientalmente el territorio y, por consiguiente, no es necesario pedirlo. Por eso hoy estamos pidiendo la Cédula de Operación Anual para saber el impacto ambiental que tiene la operación, no la instalación”.

Cuestionamientos del aporte social

El documento La huella que dejan las nubes, Los centros de datos y las desigualdades -publicado por Oxfam México- cuestiona la aportación social de estas infraestructuras y la demanda de recursos hídricos y energéticos, así como el bajo volumen de empleo directo. El estudio explora el valor social de esta industria y sus costos asociados, focalizado en dos contextos: la expansión de esta industria en Querétaro, México, y en la comunidad española de Aragón.

Menciona que la llegada masiva de estos centros puede generar un efecto de desplazamiento, donde la energía renovable disponible es acaparada por las tecnológicas, mientras la población enfrenta irrupciones en la red eléctrica; en materia hídrica, refiere que mientras en Querétaro una empresa tecnológica posee autorizaciones para extraer agua, la mayoría del territorio estatal presentó sequía en meses atrás.

“Los territorios del Sur Global como Querétaro son integrados en la economía digital no como beneficiarios de la tecnología, sino como proveedores de recursos (suelo, agua y energía) y afectados por externalidades ambientales, siguiendo un patrón de expansión que prioriza la rentabilidad corporativa sobre la soberanía territorial”, señala el estudio.

Propuestas de regulación

El documento hace recomendaciones de política pública, como crear un marco de transparencia digital, desarrollando registros públicos obligatorios en los cuales las empresas reporten sus consumos reales y proyectos de agua y de energía, así como las emisiones directas e indirectas asociadas a su operación, entre otros puntos.

También propone que se establezcan límites claros y vinculantes al consumo de recursos, así como evaluaciones ambientales; reconocerlos como una categoría industrial propia y someterlos a evaluaciones de impacto ambiental especializadas, incluso cuando estén en parques industriales que fueron previamente autorizados; marcos impositivos adecuados y redistributivo que corrijan el costo social; obligatoriedad de hacer explícito el daño potencial asociado a la infraestructura digital.