Reforma energética de la 4T puso barreras a la inversión: EU

La reforma constitucional que restableció la primacía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) supone una barrera indebida para la inversión estadounidense, afirmó este martes la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).

“Desde 2018, México ha emprendido numerosas medidas para lograr este objetivo (la primacía de CFE-Pemex), culminando en la ratificación, en octubre de 2024, de una enmienda constitucional que reclasifica a la CFE y a Pemex como ‘empresas públicas’ en lugar de ‘empresas productivas’, con el fin de limitar la participación de empresas privadas en el mercado energético mexicano”, dijo la USTR en el Informe de Estimación Nacional de Comercio 2026 (NTE, por su sigla en inglés).

En palabras de la USTR, en el reporte se detallan “las importantes barreras comerciales extranjeras que enfrentan las exportaciones estadounidenses”.

En el documento de 534 páginas, se detallan las barreras identificadas en 63 socios comerciales (incluyendo naciones individuales y agrupaciones regionales).

A México se le dedican nueve páginas, en las que, además de preocupaciones en el tema energético, se listan inquietudes sobre temas aduaneros, farmacéuticos, biotecnológicos, de telecomunicaciones, minería, compras públicas, entre otros.

Al profundizar en el tema energético, la USTR recordó que las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética (publicadas en marzo del 2025) establecieron la garantía de la prevalencia de la CFE y el mantenimiento de, al menos el 54% de la electricidad inyectada a la red.

Estas reglas también instituyeron la exigencia de que la CFE posea al menos el 54% de cualquier proyecto de generación de electricidad de “inversión mixta”, y la prioridad a la CFE sobre las entidades privadas en la generación y comercialización de electricidad.

Desde la perspectiva de la USTR, el entorno administrativo constituye otro obstáculo para las empresas estadounidenses del sector energético.

“Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva o, incluso, no pueden participar en absoluto en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos existentes”, lamentó.

Y añadió que “las suspensiones o revocaciones inexplicables o injustificadas de permisos existentes, así como otros impedimentos, socavan la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones energéticas, importar o exportar electricidad o combustible, almacenar o transbordar combustible y construir u operar estaciones de servicio minoristas”.

Los señalamientos de la USTR en el NTE representan una actualización frente a quejas ya de larga data en el sector, pues se aluden los más recientes cambios legales y regulatorios en México.

Por ejemplo, citó el reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos de octubre del 2025 y se quejó de que prohíbe ciertas actividades de transbordo de combustible, “lo que reduce la flexibilidad logística y aumenta los costos operativos para las empresas estadounidenses, favoreciendo injustamente a Pemex”.

Y recordó que los cambios en el reglamento también imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen el plazo de los nuevos permisos de importación de 20 a cinco años y el de los permisos de comercialización de 30 a dos años. “Estos cambios no se aplican a Pemex”, reprochó.

Para la USTR, el estado de las reformas propuestas a las normas sigue siendo incierto, y Estados Unidos “continúa monitoreando de cerca la evolución de las posibles reformas”.

Al contextualizar las inquietudes estadounidenses, la USTR incluso mencionó el cambio de agencia regulatoria en materia energética, producto de la reforma del 2024.

“En 2025, México disolvió su agencia reguladora de energía y estableció una nueva agencia —la Comisión Nacional de Energía (CNE)— bajo la supervisión de la Sener (Secretaría de Energía), centralizando aún más la autoridad de toma de decisiones en la Sener”.

Quejas por impagos de Pemex

Por si fuera poco, la oficina comercial de la Casa Blanca, que dirige el embajador Jamieson Greer, con quien se reunió el secretario Marcelo Ebrard hace apenas dos semanas en el inicio de las pláticas de cara a la revisión del T-MEC, puso de relieve su inquietud por la crisis de pago proveedores de Pemex, el año pasado.

“En los últimos dos años, las empresas estadounidenses que abastecen al sector mexicano de petróleo y gas han reportado dificultades sin precedentes para recibir el pago de Pemex por los servicios prestados. Al 31 de diciembre de 2025, si bien algunas empresas estadounidenses habían recibido el pago total o parcial, otras seguían reportando pagos atrasados que ascendían a más de 2,500 millones de dólares”.

El NTE debe presentarse al presidente y al congreso de los Estados Unidos antes del 31 de marzo de cada año. Para su elaboración, la USTR colabora estrechamente con otras agencias gubernamentales y embajadas estadounidenses, y solicita comentarios del público mediante un aviso en el Registro Federal.

Barreras comerciales y a la inversión que EU ve en México: 

• Empresas de EU informan de retrasos de 18 a 24 meses para la obtención de registros sanitarios y permisos de importación de dispositivos médicos y farmacéuticos.

• México reformó su Constitución para reclasificar a la CFE y Pemex como “empresas públicas”, limitando la participación privada.

• Se garantiza que la CFE mantenga al menos el 54% de la generación eléctrica, y se otorga preferencia a esta sobre las entidades privadas.

• Los privados enfrentan retrasos inexplicables, rechazos o revocaciones de permisos para importar/exportar electricidad o combustible, así como para operar gasolineras.

• Nuevas regulaciones prohibieron ciertas actividades de transbordo de combustible, favoreciendo injustamente a Pemex.

• Empresas de EU reportan que México tiene los costos de espectro de los más altos en América Latina.

• La eliminación del IFT y su reemplazo por una comisión bajo el Ejecutivo (CRT) genera dudas sobre la independencia regulatoria.