MLRR exhibe fallas empresariales en libertad sindical

Las investigaciones laborales activadas bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC en cinco centros de trabajo en México dejaron al descubierto rezagos operativos y decisiones empresariales que, aunque no derivaron en sanciones comerciales inmediatas, sí evidenciaron prácticas incompatibles con el nuevo marco de libertad sindical y negociación colectiva. Los expedientes, concluidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), surgieron tras denuncias presentadas por trabajadores ante autoridades de Estados Unidos y obligaron a revisar decisiones patronales que impactaron procesos sindicales y condiciones laborales. 

El caso más delicado fue el de la planta de Yazaki en León, Guanajuato, donde el cierre de operaciones ocurrió en pleno proceso de recuento sindical, cuando más de 70% del personal ya había sido dado de baja. La autoridad laboral determinó que no existía una orden oficial de clausura inmediata y, además, la empresa no siguió el procedimiento legal para un cierre colectivo al no someter la decisión a un tribunal laboral, lo que terminó alterando las condiciones de participación de los trabajadores en la votación sindical.

En Freixenet, en Querétaro, la investigación detectó la existencia de un contrato colectivo no legitimado con un sindicato afiliado a la CROC, al tiempo que la empresa entregaba recursos a esa organización sin realizar descuentos formales de cuotas sindicales a los trabajadores. A ello se sumaron indicios de facilidades otorgadas al sindicato durante el proceso para obtener representatividad, lo que alimentó cuestionamientos sobre la neutralidad patronal.

En Cooper, ubicada en El Salto, Jalisco, la STPS identificó la reclasificación de una persona sindicalizable como personal de confianza antes de su despido, una práctica que, aunque no se tradujo en un patrón generalizado de represión sindical, sí fue considerada contraria al espíritu de la reforma laboral que busca evitar maniobras administrativas para debilitar la representación sindical.

El expediente de Mondelez, en Puebla, mostró un panorama menos contundente en términos de violaciones directas; sin embargo, la autoridad sí detectó que al menos cinco trabajadores fueron reasignados de área o turno sin que la empresa pudiera acreditar las causas objetivas de esos movimientos, generando sospechas sobre decisiones laborales adoptadas en contextos de actividad sindical.

En contraste, el caso de Thyssenkrupp, en San Luis Potosí, no acreditó denegaciones a la libertad sindical; no obstante, durante la revisión surgieron conflictos pendientes, como juicios laborales y pagos de días de descanso obligatorio, que derivaron en acuerdos correctivos para restablecer condiciones laborales y evitar nuevos conflictos.

En conjunto, los expedientes muestran que, más allá de sanciones, el MLRR opera como un mecanismo de presión internacional que obliga a las empresas a revisar prácticas internas, transparentar su actuación frente a sindicatos y corregir procedimientos heredados del antiguo modelo laboral mexicano.

Acuerdos alcanzados con la STPS

Como resultado de las investigaciones, las empresas involucradas suscribieron compromisos con la STPS que incluyen la publicación y difusión de cartas de neutralidad sindical, la adopción de lineamientos de conducta para personal directivo, la capacitación obligatoria de trabajadores sobre libertad de asociación y negociación colectiva, la reinstalación de empleados en litigio, el pago de prestaciones pendientes y la implementación de protocolos para garantizar trato equitativo a sindicatos y mejorar mecanismos internos de denuncia. Estos compromisos buscan prevenir nuevas controversias y asegurar que los procesos sindicales se desarrollen sin interferencia patronal.