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Gobernabilidad sustenta la negociación sobre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida: STPS
La representación de Concamin manifestó su preocupación por el impacto directo a las inversiones y la vulnerabilidad de las empresas frente a activación de dicho mecanismo a partir de quejas sustentadas únicamente en presunciones o promovidas por sindicatos con financiamiento externo.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), dentro del marco comercial trilateral, debe ser revisado para asegurar principios claros de equidad e institucionalidad, afirmó Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el marco de un encuentro con la Comisión Laboral de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El funcionario explicó que este instrumento no debe desvirtuar la naturaleza comercial de la relación entre los socios del tratado de norteamérica, por lo que las negociaciones actuales buscan establecer garantías operativas mediante un estricto apego a la soberanía de cada país.
En el diálogo con la cúpula patronal, la operación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida concentró los señalamientos de los industriales, quienes demandaron certidumbre jurídica frente a investigaciones unilaterales y la suspensión inmediata de cuentas aduaneras.
La representación de Concamin manifestó su preocupación por el impacto directo a las inversiones y la vulnerabilidad de las empresas frente a activación de dicho mecanismo a partir de quejas sustentadas únicamente en presunciones o promovidas por sindicatos con financiamiento externo.
En respuesta, Gabriel Tamariz y el equipo de la STPS aseguraron que el gobierno mexicano mantendrá una postura de firmeza para corregir los vicios de origen en la aplicación del Mecanismo Laboral. “La postura negociadora en torno a este instrumento descansará en la reciprocidad absoluta, el respeto irrestricto a la legislación nacional y la responsabilidad compartida entre las naciones”.
El funcionario precisó que se exige formalmente eliminar las excepciones procesales a Estados Unidos y Canadá para condicionar cualquier activación del mecanismo a una orden de ejecución de sus propias juntas laborales.
Asimismo, Tamariz denunció el uso irresponsable del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida por parte de agrupaciones sindicales que reciben patrocinio y financiamiento de un gobierno extranjero para hacer proselitismo en los centros de trabajo mediante esta herramienta.
Respecto a los procedimientos derivados de este instrumento, hizo referencia al resolutivo del panel de controversias sobre el caso de la mina Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas. El funcionario sostuvo que los integrantes de dicho órgano actuaron con irresponsabilidad al dar por sentada la narrativa del promovente sobre la supuesta presencia del crimen organizado dentro del marco del mecanismo, sin que existiera una sola evidencia probatoria o denuncia formal.
En el evento participó Isis Hernández Pichardo, directora de Asuntos Jurídicos Laborales Internacionales de la dependencia, quien subrayó que las investigaciones conducidas a través del Mecanismo Laboral incurren en violaciones al debido proceso a partir de meras presunciones para suspender cuentas aduaneras. Por ello, las autoridades exhortaron al sector empresarial a cerrar filas y agotar en primera instancia los canales del Centro Federal de Conciliación y los tribunales nacionales antes de recurrir al mecanismo internacional.