De aprobarse fracking, recomiendan contratos largos

Los mexicanos deben decidir si están dispuestos a depender de la disponibilidad y precios del gas natural de Estados Unidos por lo menos para las próximas tres décadas, reducir la demanda de este hidrocarburo en actividades esenciales como la generación de electricidad o apostar por sus propios recursos y aumentar la producción doméstica, lo que incluiría la puesta en marcha de la técnica de fractura hidráulica o fracking en yacimientos no convencionales dentro del territorio nacional.

Lo anterior fue una de las principales conclusiones a las que se llegó en el foro de Aproximación multidisciplinaria al Fractuamiento Hidráulico que se llevó a cabo este miércoles en la Cámara de diputados, donde expertos discutieron acerca del marco regulatorio, régimen fiscal y factibilidad de esta actividad, rumbo a la presentación de los resultados del comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum que en los próximos días -luego de un retraso que admitió la titular del Ejecutivo- presentarán para definir la conveniencia del fracking en México.

Convocados por el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, Alfonso Reyes Pimentel, consultor de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi), explicó que el fracking está permitido el día de hoy y cuenta con un marco legal y normativo suficiente para que se lleve a cabo. Pero el principal reto es la aplicación de estas directrices por parte de quienes ejecutan las decisiones dentro de la administración pública y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Si se toma la decisión de que los yacimientos no convencionales sean explotados mediante fracking, será necesario un régimen fiscal especial para la comercialización de los hidrocarburos que se obtengan, aseveró el experto quien sugirió que este esquema sea escalonado y que comience con poca exigencia en términos de regalías y aumente conforme mejore la extracción en un activo productor.

Talia Contreras, analista del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), dijo que las decisiones que se tomen en materia regulatoria tienen que sustentarse en el mediano y largo plazo, ya que lo que se determine en cuanto a permitir o no el uso de fracking en la extracción de hidrocarburos impactará por lo menos los próximos 30 años a la economía nacional.

“El abordaje a los retos regulatorios debe basarse en una estrategia energética integral, que limitará todas las otras alternativas por lo que no puede realizarse tomando en cuenta la rentabilidad inmediata o la volatilidad de los precios, sino variantes de mayor alcance”, aseguró. En su participación Ramsés Pech, analista del sector energético mexicano, sugirió incluir en los modelos económicos la relación del gas con los líquidos condensados asociados en los yacimientos.

Además, explicó que se deben manejar contratos largos y pagos garantizados, con plazos de entre 20 y 30 años y fideicomisos para manejo de capital, con flujo de pago aislado y garantías de solvencia de Pemex, para los privados.

Todo ello sólo será posible si existe claridad en las reglas de licencia social y ambiental, así como de gestión del agua, monitoreo microsísmico y acuerdos con las comunidades para destrabar los permisos.