Inconveniente que el Congreso fije precios públicos

La responsabilidad de fijar precios como las gasolinas y tarifas eléctricas no debería estar a cargo del Congreso, porque se fijarían basándose en decisiones políticas y no técnicas, advirtieron analistas y académicos.

Consideraron que debería ser una tarea a cargo de las entidades que las producen, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luis Flores, economista de Ixe, dijo que la política de precios administrados y concertados es una decisión técnica que se toma con base en indicadores y no por cuestiones políticas.

Refirió que el Congreso de alguna manera participa en ese tema cuando se envía el paquete económico cada año para su discusión.

Para el director de la escuela de Economía de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, la responsabilidad debería recaer en la CFE y Pemex, porque son los generadores y conocen los costos de producción.

Creo que ni el Congreso ni el Ejecutivo deberían fijar los precios y tarifas públicos, sino los generadores; ellos son los que tienen el conocimiento, y el precio reflejaría todas las condiciones de producción del bien , consideró.

Destacó que si un tercero es el que pone el precio de venta, no tienen toda esa información.

Falta competencia

Hizo ver que el arreglo institucional de inicio está mal, por la estructura de mercado que está regida por un monopolio.

Refirió que en Estados Unidos el mercado fija los precios de los energéticos porque hay varios productores de electricidad y gasolina.

Deberíamos dejar que el mercado fije los precios y no el Congreso o el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda , matizó el profesor de la UP.

Luis Flores de Ixe estableció que si bien el tema de las gasolinas en estos momentos está haciendo ruido ante el evidente problema de las finanzas públicas, se debe atacar el problema de fondo.

En México, la política de tarifas y precios públicos está a cargo de la Secretaría de Hacienda, a través de los precios administrados como gasolinas y electricidad, y los concertados como transporte y cuotas carreteras.

lflores@eleconomista.com.mx