Tasa cero para librerías: mantienen requisito que limita su alcance

La propuesta de tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las librerías está avanzando en el Legislativo sin modificaciones al requisito de que al menos 90% de los ingresos de los establecimientos beneficiarios provenga de la venta de libros, periódicos y revistas.

Y es que el martes 13 de octubre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027, con lo que la propuesta continuó su trámite legislativo.

La iniciativa forma parte del paquete económico para el próximo año y busca modificar el tratamiento fiscal de las librerías. La votación en lo general fue de 28 votos a favor y 8 en contra y fue turnada al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación esta misma semana.

Pero la discusión no se limita a la existencia de un beneficio fiscal, sino a los criterios que determinarán quiénes podrán aprovecharlo. Para la Red de Librerías Independientes (RELI), el umbral del 90% plantea dudas sobre el diagnóstico que sustenta la medida y sobre la cantidad y diversidad de establecimientos que efectivamente podrán acreditar la recepción del beneficio fiscal

En ese sentido, la Red advierte que esta condición podría dejar fuera a numerosos negocios pequeños que en años recientes han diversificado sus actividades para sostener su operación.

Siete de cada diez, por debajo del umbral

La RELI difundió, a partir de una consulta preliminar con sus agremiados, aproximadamente siete de cada diez librerías que pudieron identificar la composición de sus ingresos reportaron estar por debajo del porcentaje establecido. La organización subrayó que el dato no es representativo del conjunto de las librerías mexicanas, pero lo considera una señal que amerita revisar el diseño del estímulo.

La preocupación se relaciona con los modelos de negocio que han desarrollado numerosas librerías independientes. Además de vender libros, algunas cuentan con cafeterías, organizan talleres, comercializan artículos de papelería o programan actividades culturales. Estos ingresos complementarios pueden contribuir a cubrir gastos operativos y mantener abiertos espacios dedicados a la circulación de libros y al encuentro con lectores.

Si el acceso al beneficio depende de que la venta de libros, periódicos y revistas represente al menos 90% de los ingresos totales, los establecimientos con una mayor diversificación podrían quedar excluidos, incluso cuando la venta de libros constituya una parte central de su actividad.

A través de un comunicado, la RELI cuestiona con qué diagnóstico se estableció el porcentaje, cuántas librerías pequeñas podrán acceder al estímulo y cómo se distribuirá el beneficio entre establecimientos de distintos tamaños y características. La organización sostiene que hasta ahora no cuenta con una justificación técnica que permita responder esas preguntas.

Entre preservar el avance y revisar sus alcances

La RELI reconoce que el estímulo es resultado de años de gestiones y reuniones con representantes del sector editorial. También refiere que, en una conversación reciente, representantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y de la Asociación de Librerías de México (ALMAC) expresaron preocupación por que modificar el mecanismo en esta etapa legislativa pudiera poner en riesgo un avance que ha tomado años conseguir.

La RELI considera que preservar el estímulo no debería impedir una revisión crítica de sus condiciones. Su postura apunta a una tensión entre conseguir un instrumento fiscal favorable para el sector y asegurar que sus requisitos respondan a las distintas realidades comerciales, territoriales y culturales de las librerías.

La organización informó que consulta con especialistas las posibilidades jurídicas y legislativas de revisar el requisito antes de que concluya el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos de 2027. De acuerdo con el calendario legislativo, la Cámara de Diputados debe aprobarla a más tardar el 20 de octubre y el Senado, el 31 de octubre.