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México tiene una política de IA, pero está rezagada frente a otras economías emergentes

CIGI ubica a México al fondo de su muestra en capacidad gubernamental para ejecutar la IA, mientras el país apenas comienza a desplegar infraestructura, formación y proyectos públicos previstos en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial.

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Rodrigo Riquelme

México ya cuenta con un Plan Nacional de Inteligencia Artificial y comenzó a desplegar proyectos públicos de cómputo y formación durante 2026, mientras su capacidad institucional para convertir esas políticas en resultados permanece rezagada frente a varias economías de ingreso medio.

Un estudio del Centre for International Governance Innovation (cigi) publicado en septiembre identifica la ejecución como uno de los principales límites para países como México, incluso cuando ya existen estrategias y programas públicos dedicados a la inteligencia artificial (IA).

El CIGI, un centro de investigación canadiense especializado en gobernanza, compara a México con Brasil, Colombia, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam. El informe encuentra que seis de estas economías, incluida la mexicana, cuentan con actividad documentada en todas las categorías de política de IA que registra la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La diferencia aparece cuando el análisis pasa de la existencia de políticas a la capacidad disponible para aplicarlas.

Para medir esa capacidad, CIGI utiliza el Government AI Readiness Index 2025 de Oxford Insights junto con información de la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los datos de Oxford corresponden a la edición publicada en 2025, por lo que anteceden al Plan Nacional de IA mexicano de abril y a varios proyectos puestos en marcha durante este año.

La brecha de ejecución

México obtiene 35 puntos sobre 100 en capacidad de política pública dentro del índice utilizado por CIGI, la calificación más baja de los 10 países analizados. Brasil registra 88 puntos e India alcanza 96. Este componente observa si el gobierno dispone de una visión política y compromiso suficiente para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial. En el indicador general, México ocupa el lugar 77 entre 195 gobiernos, por debajo de todos los demás países incluidos en la muestra de CIGI.

La distancia también aparece en la capacidad tecnológica disponible en la economía. México registra 52.10 puntos en infraestructura de IA. Brasil alcanza 65.50 e India 63.31. En este rubro, el país supera a Kenya y Nigeria, que permanecen por debajo de 40 puntos. Oxford incluye dentro de esta dimensión la disponibilidad de cómputo y la infraestructura técnica que permite utilizar sistemas de inteligencia artificial.

El rezago mexicano es mayor en términos de resiliencia. Su puntuación de 32.22 es la menor entre las diez economías comparadas. Sudáfrica alcanza 40.81 y Colombia llega a 50.28. CIGI explica que la resiliencia incorpora la capacidad para enfrentar riesgos relacionados con seguridad y con posibles interrupciones de los sistemas tecnológicos. El informe considera que estas condiciones son relevantes cuando los gobiernos dependen de proveedores externos para acceder a modelos avanzados o capacidad de cómputo.

México también obtiene 34.07 puntos en difusión y desarrollo de IA, nuevamente la calificación más baja de la muestra. Colombia registra 35.33 e Indonesia alcanza 44.09. Este indicador incorpora el desarrollo de capital humano y la extensión efectiva de la inteligencia artificial hacia empresas y otros actores de la economía. CIGI identifica precisamente la difusión como uno de los componentes donde las economías analizadas mantienen mayores distancias respecto del promedio del G7.

La lectura cambia cuando se utiliza el AI Preparedness Index del FMI, una medición más amplia de las condiciones económicas para adoptar inteligencia artificial. México obtiene 0.532 sobre uno y queda en segundo lugar entre los diez países estudiados, apenas detrás de Tailandia con 0.536. El FMI publica el dato mexicano redondeado en 0.53. El índice incorpora condiciones de infraestructura digital y características del mercado laboral, por lo que su objeto de medición es distinto de la capacidad específica de un gobierno para desplegar IA.

México ya tiene un plan

El punto de partida institucional en materia de inteligencia artificial en México cambió durante 2026. En julio de 2025, El Economista documentó que México carecía de una estrategia nacional operativa que coordinara sus esfuerzos en inteligencia artificial. En abril de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones presentó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, un documento que incorpora proyectos públicos y define la creación de capacidades nacionales como uno de sus objetivos.

El propio plan reconoce que la adopción de IA depende de contar con instituciones capaces de implementar las políticas. El documento advierte sobre la desigualdad de capacidades entre niveles de gobierno y sobre las dificultades para integrar nuevos sistemas con infraestructura pública existente. También revela que el éxito de la estrategia dependerá de convertir sus proyectos en capacidades institucionales sostenidas y evaluables.

Una parte de esa capacidad ya comenzó a construirse. El Centro Público de Formación en IA reporta una primera generación de 10,000 estudiantes y una capacidad proyectada para certificar 25,000 personas al año. El portal de metas de la ATDT registra 5,771 estudiantes certificados durante 2026 y establece como objetivo llegar a 90,000 hacia 2030. El programa funciona mediante acuerdos con empresas tecnológicas y conecta parte de sus egresados con proyectos desarrollados dentro del gobierno.

La Fábrica de IA muestra otra parte de la ejecución del plan. El Plan Nacional explica que esta unidad opera con 100 especialistas y desarrolla soluciones para dependencias públicas. Uno de sus sistemas es Ventanilla 24/7, un agente que utiliza procesamiento de lenguaje natural para localizar trámites en gob.mx y que había atendido a más de 280,000 usuarios desde su lanzamiento en enero. La Fábrica también ha desarrollado modelos utilizados en fiscalización y procesos aduanales.

La infraestructura sigue en construcción

La capacidad de cómputo constituye uno de los proyectos de mayor escala. La supercomputadora Coatlicue requerirá una inversión pública estimada en 6,000 millones de pesos y tendrá una capacidad anunciada de 314 petaflops. Su arquitectura contempla 14,480 unidades de procesamiento gráfico y la instalación se ubicará en Zacatenco, dentro del Instituto Politécnico Nacional. El Plan Nacional establece un horizonte de implementación de 24 meses.

El gobierno también está ampliando sus centros de datos. El nodo de Aguascalientes recibió una inversión de 7 millones de dólares y Tulancingo se encuentra en proceso de habilitación. La ATDT aseguró que durante septiembre comenzará el procesamiento en la nube con GPU para instituciones públicas y programa para octubre una ampliación de estas instalaciones.

La ejecución ocurre dentro de un presupuesto tecnológico que se redujo durante los últimos dos años. El gobierno federal tenía aprobados 33,395 millones de pesos para tecnologías de la información y comunicaciones en 2026 y había ejercido alrededor de 9,700 millones durante el primer semestre, equivalentes a 29%, según el seguimiento de la consultoría Select. Esta bolsa comprende todo el gasto TIC identificable y no constituye un presupuesto exclusivo para inteligencia artificial.

El Plan Nacional de IA propone expedir un marco federal que regule el desarrollo y la supervisión de sistemas de IA. En julio, El Economista documentó que la ley general anunciada en el Senado seguía pendiente, mientras continuaban apareciendo disposiciones sectoriales. La OCDE registra actualmente diversas iniciativas mexicanas de política de IA y mantiene el país dentro de su repositorio internacional de políticas públicas.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

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Rodrigo Riquelme

Reportero de Tecnología

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