La CNBV prepara la mayor reforma de capitalización para las Socaps en los próximos años

Playa del Carmen, Q.R. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prepara un nuevo marco de capitalización para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), proyecto que se considera como una de las reformas regulatorias más importantes para el sector en los próximos años, sólo por debajo de la adopción de la norma contable IFRS 9.

El proyecto, desarrollado durante varios años en conjunto con el sector, busca que los requerimientos de capital de las cooperativas reflejen de manera más precisa los riesgos que enfrentan en su operación, al tiempo que reconoce las características y limitaciones propias de este tipo de entidades.

“Este proyecto del marco de capitalización considero [...] después del proyecto de IFRS 9 podría ser la reforma más grande de las que vamos a estar hablando en los siguientes años”, señaló Daniel Miranda, director general de Desarrollo Regulatorio de la CNBV, durante el Congreso Cooperativo Concamex 2026.

El objetivo del regulador es fortalecer la solvencia de las Socaps y lograr que el capital neto esté verdaderamente alineado con los riesgos que asumen. Uno de los principales cambios consiste en actualizar los niveles mínimos de capital en función no sólo del tamaño de los activos, sino también del catálogo de operaciones y la complejidad de cada entidad.

La CNBV plantea además modificar la metodología para medir el riesgo de mercado, debido a que las operaciones que pueden realizar las Socaps están limitadas por ley.

“Se trata de reflejar la verdadera exposición de mercado que tienen las sociedades cooperativas, la cual es limitada desde el marco legal y, por tanto, no necesariamente tendría que estar generando requerimientos proporcionales a la cartera de crédito como sucede hoy”, explicó Miranda.

El proyecto también plantea una medición más precisa de la calidad del capital neto, con una diferenciación entre los recursos con mayor capacidad para absorber pérdidas y aquellos de menor calidad.

“Es una medición más precisa de los recursos con los que una entidad cuenta para poder enfrentar posibles periodos de estrés financiero”, indicó Miranda.

A estos cambios se suma una actualización de los requerimientos por riesgo de crédito, con nuevos grupos de riesgo y el uso de calificaciones crediticias para mejorar la medición de la cartera, así como una revisión de los umbrales que determinan la aplicación de medidas correctivas cuando una cooperativa presenta un deterioro en su capitalización.

La reforma de capitalización se complementa con cambios en materia de liquidez. De acuerdo con la CNBV, ambos proyectos buscan evitar que determinados activos o mecanismos destinados a proporcionar liquidez sean castigados de manera innecesaria mediante mayores requerimientos de capital.

Importancia de la certeza jurídica

Por otra parte, el Banco de México (Banxico) señaló que dotar de mayor certeza jurídica a los participantes del mercado de pagos es uno de los principales objetivos detrás de la consulta regulatoria impulsada por las autoridades financieras, con la que buscan fortalecer la interoperabilidad, mejorar el procesamiento de las operaciones y ampliar la aceptación de tarjetas en comercios.

Daniel Garrido, director de Política y Estudios de Sistemas de Pago e Infraestructura de Mercados de Banxico, señaló que la consulta pública del proyecto de Disposiciones de carácter general aplicables a las Redes de Medios de Disposición, emitidas en conjunto con la CNBV, busca establecer bases legales más claras para los distintos participantes de las redes de medios de disposición, desde los intermediarios financieros hasta las cámaras de compensación.

“Hay elementos clave en esta normatividad que van enfocados a dotar justo de una certeza jurídica a cada uno de los participantes que se encuentran en las redes de medios de disposición de pago con tarjeta”, explicó en el marco del “Congreso Cooperativo Concamex 2026”.

El funcionario señaló que esta certeza es relevante para consolidar el “valor de red del sistema de pagos”, principio que consiste en que cualquier tarjeta pueda ser utilizada en cualquier terminal, independientemente de la institución que la emita o de la red a la que pertenezca.

Bajo esta lógica, uno de los pilares de la política pública es reforzar la interoperabilidad del mercado de tarjetas, una premisa que Banxico también busca trasladar al ecosistema de transferencias electrónicas.

“Uno de los pilares con el cual está construida la política pública del mercado de tarjetas es la interoperabilidad, y que se pueda consolidar como un elemento clave. Subrayo mucho este elemento porque es también la misma premisa que se busca en el entorno de transferencias”, señaló Garrido.

La intención es que la interoperabilidad no solo se mantenga como un principio técnico, sino que permita que las operaciones puedan realizarse de manera fluida y segura entre los distintos participantes.

“Los objetivos de política pública van justo bajo esta perspectiva de garantizar que todas las personas y todas las Terminales Punto de Venta puedan ser alcanzadas por cualquier tarjeta”, apuntó.