Urgen vigilar financiamiento ilícito rumbo a 2027

El proceso electoral rumbo al 2027 inició en un contexto marcado por la percepción de corrupción y la desconfianza ciudadana en los partidos políticos. Ante este panorama, el académico Mauricio Merino Huerta advirtió sobre la urgencia de vigilar desde ahora el financiamiento ilícito, la intervención del crimen organizado, el uso de recursos públicos y el desempeño de las autoridades electorales.

El exconsejero del antiguo Instituto Federal Electoral sostuvo que el sistema electoral mexicano enfrenta un momento complejo. Entre los principales riesgos a vigilar desde las primeras etapas de la contienda destacó el adelanto de actividades partidistas, la injerencia de la delincuencia organizada, la utilización de recursos ilícitos y el comportamiento de las instituciones encargadas de garantizar la equidad en la competencia.

Según el especialista, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mostraron que 83.9% de la población percibió como frecuente la corrupción en los partidos políticos, mientras sólo 23.9% identificó a estas instituciones como generadoras de confianza.

A este escenario se sumó el costo económico de la corrupción en la vida cotidiana. El Inegi estimó que durante el 2025 los actos de corrupción vinculados con pagos, trámites, servicios públicos y contacto con autoridades tuvieron un costo de 17,707.4 millones de pesos, equivalente a un promedio de 3,865 pesos por persona afectada.

Con base en estos datos, Merino Huerta detalló que la corrupción electoral no debe limitarse a la compra del voto ni concentrarse exclusivamente en el periodo de campañas. En su opinión, el fenómeno también se manifiesta tras la jornada electoral a través de la distribución de posiciones, presupuestos y contratos.

“El intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos”, expuso.

Desde esta perspectiva, la vigilancia sobre la integridad electoral debe abarcar el financiamiento de los partidos, la fiscalización, el uso de fondos públicos, la actuación institucional y las decisiones posteriores a los comicios.

“La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno”, afirmó el experto, quien sostuvo que la imparcialidad de las autoridades debe reflejarse tanto en las normas como en sus resoluciones.

Violencia, otro factor

Asimismo, existe el riesgo de una eventual intervención de redes criminales e intereses económicos o políticos en distintas etapas del proceso. En este punto, la preocupación no se limita a la influencia directa sobre el voto, sino a la inserción de recursos ilícitos en las campañas o a los intentos de grupos externos por incidir en candidaturas y decisiones de gobierno.

El desafío planteado radica en evitar que estos factores alteren las condiciones de competencia o debiliten los mecanismos de fiscalización y vigilancia ciudadana.